Opinion | 07 Nov No es un secreto para nadie que el captar inversiones es un objetivo que debe primar en todo momento para cualquier país, sobre todo en el caso de Uruguay, donde no hay grandes empresas ni capitales, y que por lo tanto debe poner acento en captar capitales de riesgo del exterior.
En este contexto deben evaluarse recientes decisiones del gobierno, que hace pocos días transmitió una nueva señal que va en línea con uno de sus objetivos principales: que Uruguay siga siendo atractivo para la captación de inversiones en un momento de desaceleración de la economía.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que habrá nuevos incentivos para las empresas que se decidan a invertir en el país en lo que resta de 2015 y principalmente en 2016, teniendo en cuenta que un decreto elaborado por el MEF introducirá cambios en la puntuación de los proyectos que realiza la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) para otorgar las exoneraciones impositivas y dará incentivos adicionales.
La ley de Promoción de Inversiones y sus decretos reglamentarios otorgan un puntaje a los proyectos que se presentan tomando en cuenta indicadores como generación de empleo, incremento de las exportaciones, descentralización, producción más limpia e investigación, desarrollo e innovación. Sobre esa base, la iniciativa de la referida secretaría de Estado establecerá que las inversiones que se ejecuten en 2016 sumarán 20% adicional de puntos sobre el resultado que obtengan al momento de ser calificados para que tengan exoneraciones impositivas. Por otro lado, los nuevos proyectos que se presenten entre el 1° de diciembre de 2015 y hasta fin de 2016, y tengan un mínimo de 75% de ejecución a 2017, tendrán otro beneficio adicional de 10% respecto a los puntos que obtengan por la matriz de clasificación vigente.
Es notorio que en el actual escenario de enfriamiento de la economía a nivel regional y global la nueva herramienta estará vigente en un año que se considera clave, si se evalúa por ejemplo que buena parte de los analistas esperan que en 2016 la desaceleración de la actividad sea mayor y que la situación de los países vecinos como Brasil y Argentina nos sea desfavorable. A la vez el anuncio de nuevos incentivos llega también en momentos en que el régimen de promoción de inversiones es blanco de críticas del MPP y del propio Pit Cnt, por cuanto los cierres de las empresas lácteas Ecolat y Schreiber Foods pusieron sobre la mesa las características del régimen de promoción de inversiones que tiene el país y la necesidad --o no-- de revisarlo. Según la central sindical, las firmas habían gozado de beneficios fiscales otorgados por el Estado y que una vez que tomaron la decisión de abandonar el país, bajaron la cortina sin muchas explicaciones.
Una evaluación interesada y simplista, sin tener en cuenta la incidencia de aspectos como la propia conflictividad y exigencias sindicales, y el hecho lógico de que como inversiones de riesgo, el objetivo es obtener determinado margen de rentabilidad, y que como ocurre en todo el mundo, si ello no se logra incluso con exoneraciones de este tipo, no puede esperarse que las empresas vengan a perder plata.
Más allá de la gestión empresarial, que siempre puede ser mejorada y las decisiones pueden ser discutibles, el problema está planteado en el escenario y condiciones del país para las inversiones y no en quienes traen los capitales de riesgo, por lo que los reparos del mujiquismo y del Pit Cnt aparecen agitando motivaciones ideológicas, sin realismo y un mínimo de sentido común.
Así parecen entenderlo tanto el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, como el subsecretario Pablo Ferreri, quienes han señalado en varias oportunidades la importancia de que Uruguay “mantenga” las reglas de juego para los inversores. “Esto lo que busca es incentivar fuertemente el círculo virtuoso entre inversión de corte productivo, tanto de bienes como de servicios, junto con crecimiento económico con mayores niveles de equidad”, dijo Ferreri al referirse a nuevos incentivos para empresas que inviertan en el país.
De ello precisamente se trata, de ofrecer reglas de juego estables, porque esta es una condición sine qua non para generar confianza en capitales de riesgo, desde que el cambio sobre la marcha significaría ponernos al nivel de una república bananera, y por ende incrementando sustancialmente el riesgo para los capitales.
Ello es determinante para evitar que quien llegue lo haga solamente porque tiene posibilidades de rentabilidad desmesurada que compense igualmente la inestabilidad, y que además se fomente la corrupción, sobre todo en países donde el marco legal y los controles brillan por su ausencia.
En un país en serio, la estabilidad del sistema tanto desde el punto de vista del marco legal como político es fundamental, y hacia ello se debe apuntar más allá de la coyuntura, particularmente en el caso de megaproyectos que generan retorno en el mediano y largo plazo, con garantías de estabilidad y reglas de juego que trasciendan un período de gobierno, a través de políticas de Estado que no se han concretado en Uruguay, más allá de valiosas excepciones como la madera y la energía.