Opinion | 11 Nov Con frecuencia escuchamos voces desde la capital que son en extremo críticas respecto a los “terratenientes” del agro, que entienden son poco menos que una fuente de riqueza inagotable, una cantera de recursos a los que se debe apelar para sostener el buen pasar de determinados sectores --eminentemente capitalinos--, muchos de los cuales viven a costillas del Estado desempeñando a menudo determinados “curros” muy en boga, con profusión de burocracia y asesores con buenos salarios que hay que atender mes a mes, cualquiera sea la situación del país.
Hasta ahora, la bonanza económica ha permitido sostener el funcionamiento del país, del Estado, pero cuando se ingresa en una meseta, un estancamiento o un principio de recesión, ahí es cuando aparecen los costos fijos que hay que solventar y se empieza a rascar donde supuestamente hay dinero, que en un país de base esencialmente agropecuaria según este concepto debería encontrarse en el agro, floreciente o no.
En el Interior, que tenemos una interdependencia directa con el agro, es donde aparecen los primeros síntomas de estancamiento o desaceleración cuando el agro se enlentece, pero esta percepción generalmente es objeto de desdén en el gobierno central y en muchos de los actores que residen en Montevideo, porque lo que no pasa en la capital para ellos simplemente no pasa, y esta es una constante que se ha dado en administraciones de todos los partidos.
Pero al interrumpirse el viento de cola de que ha gozado el país y la región en la última década, ha quedado el déficit fiscal del 3,5 por ciento, y lejos de haberse encarado inversiones en infraestructura para generar sustentabilidad en los emprendimientos económicos en sectores clave, se ha abonado fuertemente el gasto público y asumido compromisos fijos que deben afrontarse tanto en épocas de vacas gordas como de vacas flacas.
Y el agro, como es la constante, es el principal destinatario de la búsqueda de recursos, un aspecto que fue motivo de análisis y fuertes críticas en la asamblea de presidentes de la Federación Rural que tuvo lugar el pasado fin de semana, donde hubo consenso en señalar que terminó la fiesta --a la que no todos fuimos invitados-- y que el Estado debe ajustar.
Los treinta presidentes de la Federación Rural del Uruguay acusaron al gobierno de ser insensible ante la situación del sector agropecuario, y ante el convencimiento de que la larga bonanza económica ya es algo del pasado, la gremial perdió la paciencia y salió a alertar por el cambio de escenario y el incremento de la presión tributaria sobre el sector.
“La fiesta terminó. Hay que ajustarse”, sostuvo el presidente de la Federación Rural, Fernando Dighiero, al subrayar que ahora sí es imperiosa la reducción del gasto público.
El deterioro de la situación del agro “está sucediendo demasiado rápido”, dijo, por su parte, Miguel Sanguinetti, expresidente de la gremial.
El objetivo más inmediato que se ha trazado la federación es procurar revertir la eliminación de una exoneración en la Contribución Rural que fue aprobada ya por la Cámara de Representantes y que ahora está a consideración de la Cámara Alta. La eliminación del beneficio fue acordado entre el gobierno y el Congreso de Intendentes para obtener fondos para el mantenimiento de la red vial.
En un comunicado la federación advirtió que “los efectos de la sequía aún están plenamente vigentes” y que “los resultados de las empresas agropecuarias han tenido un importante deterioro en el último ejercicio, que seguramente empeorará en el ejercicio en curso”.
“¿Dónde quedó la promesa del presidente (Tabaré Vázquez) de no aumentar la carga tributaria al sector? Ante la notoria desfinanciación del gobierno departamental y las intendencias, se le impone al sector un aumento en la presión tributaria. ¿No se debería primero realizar un ajuste al gasto público, y mejorar los servicios del Estado?”, se pregunta la federación.
Por otro lado la gremial considera que al ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, se lo ve “bastante ajeno” a la situación, y considera que “preocupa la falta de comunicación con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y la ausencia del mismo en la discusión pública de los temas que están angustiando a los productores rurales”.
Asimismo los gremialistas aludieron al ingreso masivo de funcionarios públicos, a la regasificadora, a Pluna, a Ancap y al costo de los combustibles, que no se han bajado fundamentalmente porque Ancap tiene que enjugar un déficit de 600 millones de dólares por serias deficiencias de gestión.
Los problemas del agro se reflejan claramente en las cifras de las exportaciones que en los diez primeros meses del año cayeron 12% con respecto al mismo lapso de 2014. En montos, las ventas al exterior de carne bovina declinaron 1,2%, las de soja 30,4%, las de productos lácteos 26%, las de arroz 25%, las de cuero y manufacturas 7,5%, las de despojos y subproductos cárnicos 2,6% y las de trigo 61%, en tanto la madera es la excepción: subió 19,3%
Además, tal como da cuenta la crónica de EL TELEGRAFO en la cobertura de la asamblea, los datos presentados por el Instituto Plan Agropecuario y por la Federación Uruguaya de Grupos CREA (FuCREA), indican que “los resultados de las empresas agropecuarias han tenido un importante deterioro en el último ejercicio, y seguramente empeorarán en el ejercicio en curso”, y que preocupa profundamente “que el Poder Ejecutivo proponga medidas y que el parlamento las apruebe en régimen de disciplina partidaria, que agravan esta situación”.
Por regla general, ya sea en el agro como en cualquier sector, se observa con malestar y resistencia que se siga demandando recursos y a la vez no se racionalice el gasto del Estado, que es el convidado de piedra de todo emprendimiento y requiere recursos que no devuelve en servicios.