Nacionales | 13 Nov La fiscal Ana María Tellechea pidió el procesamiento con prisión del diplomático uruguayo que otorgó 96 visas a ciudadanos chinos cuando se desempeñaba como cónsul en una ciudad española. Tellechea considera que la evidencia es suficiente para procesar el excónsul por los cargos de fraude, cohecho y tráfico de personas, informó Subrayado.
La defensa del excónsul solicitó a la jueza Staricco que quede en libertad hasta que se reúnan más pruebas. La jueza atendió a la solicitud y el diplomático quedó emplazado y con cierre de fronteras, y que el expediente vuelva a su despacho para resolución.
“La Fiscalía solicitó el enjuiciamiento y prisión de G.S.G. por reiterados delitos de cohecho calificado en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de tráfico de personas en reiteración real con reiterados delitos de fraude”, señaló un comunicado del Poder Judicial.
“La defensa solicitó el diligenciamiento de diversas probanzas en forma previa a resolver la situación del indagado. La jueza penal de 16º Turno Julia Staricco, resolvió la libertad del indagado, cierre de fronteras y que el expediente vuelva a su despacho para resolución”, agregó el comunicado.
El excónsul se desempeñó hasta setiembre de 2014 en el consulado de España, momento en el que fue cesado por Cancillería después que se conocieran los escándalos vinculados con los trámites irregulares. Antes se había desempeñado en las representaciones de China y Corea del Sur, informó El País.
La Justicia probó que los trámites para que los chinos obtuvieran el documento que les permitiera entrar a Uruguay estaban fuera de la legalidad. Lo que se busca determinar es si el excónsul recibía dinero a cambio de los documentos y formaba parte de una red de trata, o realizaba los trámites para un empresario asiático por amistad.
Tres ciudadanos chinos que ingresaron al país con esas visas fueron detenidos el miércoles en Rivera pero recuperaron la libertad tras declarar. Lo que llamó la atención de las autoridades fue que en los registros de Migraciones constan los ingresos a Uruguay pero no figuran las salidas en el país de origen. Se presume que podrían estar trabajando en negro en el país o responder a casos de trata de personas.

GOBIERNO SANCIONÓA FAMILIA SIRIA
El gobierno retiró durante un mes parte de la ayuda que otorga a una de las familias de refugiados sirios que llegaron en 2014 como sanción por una agresión que denunciaron haber sufrido representantes institucionales de parte del padre, informó EFE.
La Secretaría de Derechos Humanos (SDH), al anunciar la sanción, indicó que el documento de derechos y deberes que firman los refugiados prevé que en caso de que exista una denuncia penal no cobran el fondo fijo de ayuda económica correspondiente al mes posterior a la misma. “Sin embargo, la familia tiene las necesidades básicas cubiertas y desarrolla actividades económicas independientes que le permiten contar con una fuente de ingresos que trasciende el apoyo recibido a través de la Secretaría”, argumentó la SDH en un comunicado.
La sanción obedece a que Merhi Alshebli, que reside junto con su esposa y algunos de sus 14 hijos en Juan Lacaze, agredió a parte del equipo del Programa de Reasentamiento de Familias Sirias que acudió el mes pasado a visitar a la familia junto a un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (Acnur). Además se roció con combustible e intentó prenderse fuego.
Alshebli quería una visa para trasladarse a otro país junto a su familia y el equipo le explicó que es el país de destino el que concede ese permiso.
“Mi padre perdió el control. Se puso nervioso”, admitió Ibrahim, uno de sus hijos. “Nos han cortado la ayuda un mes completo, en noviembre. En este momento no tenemos nada en la casa. Tenemos que vivir un mes sin plata”, añadió Ibrahim, quien afirma ser el único que trabaja de la familia.
Las cinco familias sirias acogidas en Uruguay en 2014 reciben, en función del número de integrantes, dos tipos de ayuda: un fondo fijo que reciben durante dos años mensualmente y una segunda partida rotatoria por un año que cubre aspectos como el transporte, las comunicaciones, vestimenta o consumos del hogar.
En total son 42 víctimas de la guerra civil que sufre Siria desde 2011 las acogidas en Uruguay. Se anunció que en 2015 llegaría una segunda tanda, de 72 personas, pero hasta ahora no se ha confirmado su llegada.
A principios de setiembre, las familias protestaron durante cuatro días frente al edificio de Presidencia en reclamo de poder dejar el país por ser caro y no poder vivir dignamente, aunque finalmente cesaron su acampada.

PLAN CEIBAL BLOQUEÓ SITIOS WEB
El Plan Ceibal ya tiene trabados 2.000.000 de sitios, entre ellos también páginas web pornográficas. Goodgame Gangster es un juego en línea que consiste en meterse en la piel de un mafioso que pelea, a tiro limpio, con otros de su misma calaña, que también son jugadores que están conectados a Internet. Se pueden armar pandillas y comprar pistolas, escopetas o metralletas en el mercado negro.
El diputado Mario García llamó a la Comisión de Educación y Cultura a las autoridades del Plan Ceibal, advirtiendo que “este juego incita a la violencia”. También denunció que la modalidad de Goodgame Gangster puede conducir a los jóvenes hacia una “incipiente ludopatía”, ya que este permite cargar créditos a través de cuentas telefónicas. El legislador sostuvo que muchos estudiantes han hecho esto con teléfonos de Antel, informó El País.
Las autoridades del Plan Ceibal respondieron de inmediato, bloqueando el juego de todas las computadoras del proyecto. Sin embargo, García no quedó conforme e insistió en que “mejoren los controles de las tablets y las computadoras del Plan Ceibal. Los mecanismos que hay no alcanzan. Se debe trabajar más, a efectos de darle visibilidad a los mismos. Que las alarmas se disparen más rápidamente. No debemos olvidar que este tipo de propuestas virtuales son muy dinámicos, y los creadores están generando continuamente más juegos”.
Según el director del Plan Ceibal, Miguel Brechner, “hay más de 2.000.0000 de sitios web bloqueados”. Las razones son múltiples: “Por violencia, por sexo, porque son juegos y por otras razones”.
Sobre cómo se realizan los controles para bloquear los sitios que no son convenientes para los estudiantes, Brechner señaló que esto está a cargo de “la propia sociedad civil, de los maestros, de los profesores, de los padres”, quienes pueden denunciar los sitios que consideren peligrosos para los menores a través del call center del Plan Ceibal o por correo electrónico.

GOBIERNO CAPITALIZARÍA ANCAP
El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, dijo que el gobierno evalúa la posibilidad de capitalizar Ancap para lograr la reducción del déficit que la empresa generó en los últimos años.
Estas declaraciones las hizo luego de disertar en la exposición “Cruzando fronteras hacia el desarrollo sostenible”, en la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), informó El País.
García centró su exposición en los tres aspectos a los cuales apunta la OPP: planificación, descentralización y evaluación.
Al ser consultado por los medios de prensa, se expresó puntualmente sobre la capitalización de Ancap y señaló que si bien es el Ministerio de Economía “el que está trabajando más en el tema, lo que tiene que solucionar Ancap es un tema de balance que ya se ha planteado y es público y notorio”. Además, adelantó que “hay varias modalidades” para esa capitalización.
García señaló que es algo que “hay que estudiarlo y ver bajo qué modalidades hacerlo.
El gobierno tuvo que encarar en otro momento capitalizaciones muy importantes, lo que era un Banco Hipotecario fundido. En el caso del Banco República no hubo capitalización, pero hubo mejoras de gestión y el banco pasó de ser un banco quebrado en 2004 a lo que es hoy”, señaló. “Las posibilidades son muchas, hay experiencias y las vamos a recorrer”, añadió.
Juan Gómez, director de Ancap, declaró en Inicio de Jornada de radio Carve que está de acuerdo con el planteo de capitalización, y aclaró que es una opinión personal y que el tema aún no se ha hablado con el resto del directorio.
Gómez dijo que “comparte” el hecho de que pueda existir “un mix de mejora de la gestión y la posibilidad de que exista algún tipo de capitalización”. Dijo reconocer que “el endeudamiento de Ancap es alto. Comparto una capitalización, combinada con una mejor gestión”.
“Personalmente creo que podría ser una contribución hacia la mejor sustentabilidad de la empresa”, sentenció.