Opinion | 15 Nov A partir de la situación que se ha registrado en Ancap en los últimos años –un ente monopólico que fija los precios de los combustibles a su voluntad-- han surgido nuevos elementos en el marco de la comisión investigadora parlamentaria que solo confirman lo que se infería: el manejo de las finanzas y la política del ente no han sido prolijos. Se han amontonado inversiones sin mayor discernimiento ni plazo razonable para el retorno, se mantuvo deuda en dólares y además, como es notorio, tenemos los combustibles más caros de la región, al tiempo que un déficit del orden de los 600 millones de dólares en pocos años.
El gobierno habla de capitalizar Ancap, ante el déficit, lo que indica y confirma que deberemos poner todos de nuestros bolsillos para enjugar el déficit, para seguir teniendo combustibles caros, para que haya inversiones que continúen generando pérdidas y, por ende, afectando las finanzas del ente.
Es decir, la gestión del ente se ha encerrado en la gestión desacertada y voluntarista, por encima de la intención de quienes han tenido a su cargo llevar adelante esta gestión, lo que habla más bien de incompetencia, desatino, compromisos políticos, presiones, prescindencia o como quiera llamársele.
Corresponde formular la interrogante de si lo de Ancap es una excepción o si simplemente se confirma una regla que se ha dado prácticamente bajo todo gobierno. Y la respuesta, sin dudas, es que estamos ante una regla que se da para las empresas públicas y todo lo que responda a la gestión o intervención del Estado: cuando se maneja dinero ajeno, se es en extremo generoso y laxo.
Si bien lo que ocurre en Ancap sale a luz por la comisión investigadora, en mayor o menor medida las gestiones han dejado mucho que desear también en otras empresas como Antel, AFE, UTE y OSE, porque la intervención del factor humano, ante situaciones en las que se diluyen responsabilidades y no se afectan intereses propios, no es igual en una gestión privada, cuando los parámetros pasan por otros carriles.
En esta línea es pertinente traer a colación reflexiones del economista Ignacio Munyo, quien indicó que de los datos que han surgido hasta ahora en la comisión investigadora de Ancap “empezamos a entender cómo fue posible perder 500 millones de dólares en dos años. Primero, nos enteramos de que el manejo de la deuda fue inadecuado. Luego, que las inversiones llevadas a cabo en los últimos años costaron dos, tres y hasta cuatro veces más de lo que estaba estipulado y que, a pesar de ello, muchas operan a pérdida, que se firmaron megacontratos con empresas de publicidad observados por el Tribunal de Cuentas, que se subió desmedidamente la masa salarial y se eliminó el pago por productividad en el marco de una muy cuestionada reestructura interna. Y todavía la historia no ha terminado”.
El economista considera que “lo primero que hay que entender es que el problema de fondo no recae sobre las personas que ocuparon los cargos. Existe un problema en el diseño del gobierno corporativo de nuestras empresas públicas, que deja la mesa servida para que suceda lo que sucede. Estudios internacionales demuestran que la calidad del gobierno corporativo importa. Las empresas --ya sea privadas o del Estado-- que tienen mejor gobierno corporativo son también las más eficientes para generar valor económico y social”.
Munyo explica que “el hecho de que el accionista estatal no esté identificado con claridad y que no cuente con la especialización para ejercer la propiedad efectiva de la empresa surge como un punto extremadamente delicado. He ahí la madre del borrego. En el marco normativo vigente, el Ejecutivo es la entidad que detenta la propiedad de las empresas del Estado. Sin embargo, en los hechos, el ejercicio de la propiedad recae en el directorio, que a su vez se encarga de la gestión. Por tal razón, el directorio no responde al ministro de Industria ni al de Economía ni al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Y no tiene por qué hacerlo”.
Observa que “esto genera enormes distorsiones. En las empresas privadas, el principal ejecutivo asume la gestión del día a día y el directorio vela porque las decisiones tomadas no comprometan el futuro. Este sistema de pesos y contrapesos, vital para la subsistencia de las empresas, no está presente en nuestras empresas públicas, en donde el directorio se encarga de la gestión y también asume compromisos que determinan el futuro”.
En suma, como hemos sostenido de manera frecuente en diversas ocasiones, cuando se repite el eslogan de que las empresas públicas son de “todos los uruguayos”, en realidad las empresas son de las corporaciones de funcionarios públicos, que son los grandes beneficiarios de su funcionamiento, pero no el resto de los uruguayos, que pagan como de primera servicios que no llegan a ser ni de segunda. Además de que deben sacar plata de su bolsillo para pagar los déficits, como probablemente sucederá con Ancap.
Y no cuesta mucho entenderlo, por supuesto, porque la realidad nos golpea día a día y es tan porfiada como irrefutable.