Opinion | 18 Nov En tiempos en que estamos ante una desaceleración en la economía regional, uno de los aspectos fundamentales a tener en cuenta es que habrá menos generación de recursos, como consecuencia de una menor actividad, y ello obliga a reafirmar la necesidad del uso criterioso de los recursos por el Estado, en todas sus áreas, para darle un mejor retorno a los contribuyentes sin tener que exigir más aportes en momentos tan poco propicios.
En esta necesidad de corregir el uso dispendioso del dinero se incluyen tanto a los organismos del gobierno central como las empresas públicas y las intendencias, que se nutren de los aportes de los sectores reales de la economía, y cuyo debe es administrarlos con sentido común.
En los últimos días han surgido fuertes señales desde el gobierno, en el sentido de que el gobierno quiere que cada peso que se transfiera a las intendencias se note y para esto la OPP negocia metas de gestión y mecanismos que aceleren la ejecución de los fondos previstos para obras, al considerar que las comunas, además de haber tenido casi déficit permanentes en los últimos 20 años, siguen como regla general una baja ejecución a tiempo de los fondos disponibles.
En este caso los recursos en cuestión provienen del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), que es dinero recaudado por Rentas Generales en base a impuestos que se pagan en el Interior, y que por disposición constitucional deben volver al Interior bajo la forma de proyectos de desarrollo territorial y descentralización volcados a infraestructura, producción, cohesión social y fortalecimiento institucional.
Este retraso en obras, según indica El País, fue señalado en la administración pasada cuando el exdirector de OPP, Gabriel Frugoni, sostuvo que el gobierno transfería dinero que no se ejecutaba y para esto reveló comuna por comuna el nivel de desembolso que iba desde el 25% al 100%.
Pero todo indica que la gestión de los fondos no ha cambiado, y es así que hasta el tercer trimestre del año, si bien se esperaba que un 75% del dinero fuese ejecutado, según los informes publicados en la página web de OPP solo ocho comunas estaban al día con el desembolso de dinero estipulado: Maldonado (100%), Durazno (92,1%), Tacuarembó (90,1%), Colonia (86,8%), Canelones (83,1%), San José (81,2%), Paysandú (78,5%) y Lavalleja (75,2%). En el otro extremo estaban Flores (9,2%), Salto (13,7%) y Cerro Largo (21,9%), y la OPP apunta a dejar atada antes de fin de año --de forma de acompañar la aprobación del presupuesto-- metas para la ejecución de los fondos transferidos.
El director de la OPP, Álvaro García, dijo que “una vez disponibles los recursos esto tiene que ser ejecutado de la forma más rápida posible. En el caso de las obras se determinan antes los proyectos, se estudian y son aprobados por la Comisión Nacional de Descentralización, pero ocurre que muchas veces luego de aprobados no se ejecutan en los tiempos en que se debe”.
Por su parte los, intendentes consideran que su gestión no debe ser pautada desde organismos del gobierno central, porque se actúa en base a situaciones y prioridades, así como tienen serias limitaciones en la gestión, y en este sentido el presidente del Congreso de Intendentes, Sergio Botana, dijo que los recursos se utilizan y las obras se concretan aunque “en otros tiempos”. “Desde el escritorio está bárbaro reclamar mayor celeridad”, evaluó, al tiempo que explicó que el clima no permite tener niveles de ejecución parejos en el año.
Naturalmente, las comunas por regla general tienen serios problemas de déficit, porque vuelcan la mayor parte de su recaudación al pago de salarios y funcionamiento, son ineficientes y en realidad la mayor parte de lo que pueden volcar en obras se nutre del FDI, que está condicionado a la presentación de determinados proyectos ante la OPP y no es por lo tanto de libre disponibilidad para ir tapando agujeros.
Por lo tanto, cuando estos fondos se usan para tapar agujeros surgen los problemas por no cumplir en tiempo y forma con las obras acordadas, como la caminería rural, a lo que se agregan exigencias adicionales en las zonas productivas. Cabe la salvedad que las intendencias suelen atender, con recursos propios, determinadas áreas a las que los organismos del gobierno central no llegan, y ello determina que el vecino se dirija a la Intendencia que tiene cerca para obtener respuestas en el menor tiempo posible.
Pero por supuesto, el gobierno central dista de ser un modelo de eficiencia, y acusa a las intendencias cuando a su vez padece falencias incluso mayores en su propia gestión. Y si bien es cierto que la mayoría de las comunas tienen sus números en rojo, debe recordarse que el gobierno nacional mantiene un déficit fiscal del 3,5 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), lo que significa lisa y llanamente que sigue gastando más de lo que ingresa; y en el caso de las empresas públicas, pese a ser monopólicas y fijar sus precios sin someterse a competencia, tenemos que Ancap ha tenido en los últimos años un déficit del orden de los 600 millones de dólares, seguramente mucho más que el de todas las comunas del Interior juntas, al punto que la empresa deberá ser recapitalizada.
Asimismo, el propio gobierno también incumple con proyectos que lleva adelante o que promueve, y por ejemplo no se sabe qué va a pasar con la regasificadora, que aparentemente habría sido sobredimensionada en su capacidad, tiene proyectos enlentecidos, y establece gastos en el presupuesto en base a un escenario económico que es mucho más optimista que el que estamos atravesando.
Encima, organismos como Antel se vuelcan a financiar emprendimientos para Montevideo como el Antel Arena.
En suma, el problema está en la gestión deficiente que con muy escasas excepciones es común denominador en nuestro Estado, que gasta mucho y mal, y aplica su sobrecosto en todos los sectores del tramado socioeconómico, sobre los sectores productivos. Es por lo tanto un contrasentido que se pretenda señalar solo una parte del problema, en este caso las intendencias, cuando hay tanto paño para cortar.