Opinion | 19 Nov La gestión de los residuos sólidos domiciliarios e industriales son dos temas de gran importancia en materia ambiental, por su potencial contaminante y su incidencia en materia de salubridad y calidad de vida.
Durante la reciente visita de la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a Paysandú, y tras reunión con el intendente Guillermo Caraballo, se informó que la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) trabajará junto a la Intendencia para aportar soluciones a la situación del vertedero municipal, que otrora fuera referente como relleno sanitario a nivel regional pero luego le sobrevino una etapa de notoria decadencia.
De acuerdo con informes municipales, la generación de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de origen domiciliario se ubica aproximadamente en 0,7 kilos por habitante por día, que representa una cantidad superior a las 20.000 toneladas anuales en la ciudad y sus alrededores. Esta cantidad no incluye los residuos industriales y comerciales, el producido del barrido y el volumen de vertidos no autorizados y clandestinos en el actual vertedero. La composición de estos residuos sólidos, medidos según su peso, está formada por un 60% de materia orgánica, casi un 18% de plásticos, un 7% de cartón, un 4% de papel, 4% de textiles y 3% de vidrio, entre otros.
El vertedero municipal, ubicado camino a Casa Blanca, ocupa una superficie de 2,5 hectáreas, y es visitado por hurgadores, animales y pobladores que arrojan la basura en cualquier sitio, junto con industrias que tiran los residuos de sus procesos de producción. Por tanto, se vierten todo tipo de desechos, muchos peligrosos o potencialmente tóxicos, lo que ha llevado a que el actual vertedero se esté agotando y además se ha constituido en un lugar ambientalmente deteriorado, con generación de vectores, humo y contaminación de aguas, y en condiciones sanitarias adversas para los trabajadores y la comunidad.
La preocupación sobre este tema, manifestada por el intendente sanducero desde pocos días después de ser electo, así como ahora el apoyo de la Dinama para la recuperación del mismo, resultan auspiciosos.
Asimismo, en estos días se acaba de poner en funcionamiento la primera planta de tratamiento de residuos sólidos industriales del país. La obra, que demandó una inversión de 18 millones de dólares, cumple con estándares internacionales de calidad y la normativa nacional y la normativa nacional en la materia, permitiendo dar cumplimiento al decreto 182/2013 (promulgado por el Poder Ejecutivo en junio de 2013), que establece el marco para la gestión ambientalmente adecuada de residuos sólidos industriales y otros generados en actividades similares.
Se trata de un adelanto importante que permitirá no sólo avanzar hacia una Ley Nacional de Gestión de Residuos sino --y más importante-- alcanzar condiciones mínimas imprescindibles para el desarrollo sostenible.