Opinion | 21 Nov La postergada reestructura de AFE, que se remonta ya a décadas, pero que recobró fuerza con la promesa --incumplida, naturalmente-- del expresidente José Mujica, cuando prácticamente al inicio de su gestión dijo que en unos seis meses iban a estar circulando trenes a 60 kilómetros por hora en Uruguay, ha sido un elemento adverso para el sector productivo, sobre todo para los rubros que comprenden productos de gran volumen y bajo valor relativo, fundamentalmente en lo que refiere al enlace con los puertos para salida de ultramar.
La reciente visita a Paysandú del director de AFE, licenciado Alfonso Lareté, representante de la oposición en el Directorio del ente, permitió una puesta al día de las acciones que se están desarrollando en el marco de este dilatado proceso, que tiene plazos a cumplir pero que por una u otra razón, ha tenido la constante de seguirse postergando.
El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, destacó hace unos meses que el gobierno aprobó un préstamo de U$S 45 millones para mantener en funcionamiento el ferrocarril, pero se trata en realidad de un crédito que a fines del año pasado recibió la empresa de Servicios Logísticos Ferroviarios (empresa pública que opera bajo el derecho privado) del Banco de Desarrollo de América Latina y que debe ser ejecutado durante el gobierno de Tabaré Vázquez.
En su momento, se indicó que el dinero se utilizaría para comprar material rodante que permitiría rehabilitar locomotoras y vagones, así como para incorporar tecnología al sistema ferroviario, e incluso el secretario de Estado expresó que tiene la esperanza de que con este dinero se permitirá un “mantenimiento más acorde” del ferrocarril y la “adquisición de nuevos materiales”.
Rossi sostuvo además que la nueva administración está siguiendo en este sentido las líneas trazadas por el gobierno anterior y consideró que “no se puede empezar todo de vuelta. Cuando cambian los gobiernos, no cambia el país. Es un gran desafío”.
Estos pasos que se han anunciado y en algunos casos concretado por la Administración Vázquez indican que por lo menos existe voluntad política de encarar una problemática que se arrastra desde hace décadas, que ha sido una piedra en el zapato para todos los gobiernos, en algunos de los cuales se intentó hacer algo y en otros se ensayaron algunos parches, pero manteniendo un déficit de decenas de millones de dólares al año que hemos tenido que pagar todos los uruguayos, para un servicio que no cumple ni por asomo con los requerimientos del país.
El director Lareté indicó a EL TELEGRAFO que para esta reestructura en proceso, AFE ha sido dividido en dos empresas, una para transporte de pasajeros en el sur, y otra para cargas en el resto del país, con proyectos en marcha en cuanto a recuperar y mejorar infraestructura --dentro de la relatividad del término para lo que es la realidad del ente del riel-- con vistas a apuntar el potencial de trabajo en zonas donde hay cargas que necesiten del sistema ferroviario para mejorar su perfil de rentabilidad.
En este contexto mencionó que a partir del próximo año se prevé reconstruir la vía férrea en el tramo Algorta-Fray Bentos, mediante concesión de obra pública a privados por ley de PPP, en tanto con fondos del Focem se está encarando la recuperación del sector Florida-Rivera y ha sido adjudicada una obra similar para las vías del Litoral, incluyendo el enlace Paysandú-Salto.
En cuanto al proceso de creación de dos empresas, la AFE tradicional continúa en el sur para el transporte de pasajeros, manteniendo el personal en el ámbito del Estado, en tanto la empresa de cargas es propiedad en un 51 por ciento de AFE y el 49 de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), funciona bajo derecho privado y aún no cuenta con personal propio, por lo que está arrendando personal de la vieja AFE.
Por supuesto, de no incorporar y formar personal, esta empresa está destinada al fracaso, por lo que se está poniendo énfasis en concretar el traspaso por voluntad propia, manteniéndoles beneficios y su condición de trabajadores del Estado al personal de AFE, pero hasta ahora solo ocho funcionarios han accedido a ser parte de la nueva empresa, pese a que tienen la opción de volver cuando quieran a la antigua en la misma condición laboral.
Todo intento de reforma, sea del gobierno que sea, ha tropezado con la oposición sistemática del sindicato Unión Ferroviaria, que prioriza la situación de los funcionarios por encima de cualquiera otra cosa, y hasta ahora no hay solución propuesta que haya contado con su apoyo.
Por otro lado, ante las dificultades de constitución de recursos humanos e infraestructura la nueva empresa muestra estadísticas similares a las de los años de la peor crisis económica y social que vivió el país, y la administración anterior dejó a la nueva gestión un nivel de movimiento de carga por debajo del millón de toneladas, lo cual muestra la decadencia de la operativa, acentuada durante la Administración Mujica.
Es que hasta ahora no se ha contado con herramientas para las transformaciones que requiere el ente desde el punto de vista de la gestión, que en el caso de las cargas tiene como principal plan de negocios el transporte de productos desde y hacia el interior del país, como cemento, combustible, madera o granos.
No puede haber dudas de que la logística del país y la región requiere un servicio ferroviario adecuado, confiable y eficiente, y es de esperar que haya voluntad política en el gobierno para superar las dificultades.