Policiales | 27 Nov El Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU) reclamó que el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) se ocupe del traslado del efectivo Sandro Bueno, quien resultara herido y tomado como rehén en un motín ocurrido en el Complejo Carcelario Santiago Vázquez.
“El policía debe trasladarse a Montevideo para un seguimiento de su situación sanitaria y las consecuencias generadas por un apuñalamiento y una intervención quirúrgica de columna realizada con anterioridad. Luego del anteúltimo motín, el INR lo trasladó desde el Comcar hasta la Unidad 16 de Paysandú, como una forma de cubrir la situación sufrida mientras cumplía sus funciones”, dijo el vicepresidente del SUPU, Alejandro Álvarez.
Bueno debió concurrir a Montevideo la semana pasada para los controles de rigor en el Hospital Policial. Ante esta instancia, “se comunicó con el Comcar y desde allí se confirmó que debe hacerlo a través de la Unidad 16. En la dependencia local le comunicaron que correrían los trámites, pero no lo llevarían a Montevideo y es así que se confirmó al hospital que no cuenta con medios disponibles para su asistencia”, añadió.
Álvarez precisó a EL TELEGRAFO que “le corresponde al Ministerio del Interior, como empleador, proporcionarle los medios necesarios para asistir al nosocomio y más cuando se trata de un caso ocurrido mientras cumplía servicio”.
Seguidamente, desde el hospital se resolvió un cambio de fecha, sin embargo, nuevamente le niegan un vehículo. “Por eso, desde el sindicato analizamos las comunicaciones para encontrar una solución a su problema. Desde el INR se argumentó la inexistencia de una conducción hacia Montevideo, cuando ese aspecto debe coordinarse para que el funcionario no se mueva por sus propios medios”, dijo el dirigente.
Bueno “mantiene secuelas a raíz de un apuñalamiento sufrido en la zona torácica, además de la situación emocional que requiere la atención por parte de un equipo de psicólogos. Por eso, no vemos voluntad del INR para el traslado de un funcionario que arriesgó su vida”, precisó.
Paralelamente, el SUPU lleva adelante reuniones con socios que presentaron reclamos laborales por traslados y se elevaron sus motivos al jefe de Policía, Alberto González. “Nos encontramos con diversas situaciones que no se canalizaron en forma correcta. A su vez, contamos con dos expedientes administrativos basados en las denuncias de situaciones especiales desde hace tres meses y hasta el momento no se adoptaron las medidas pertinentes. Incluso analizamos si estos casos no se vinculan a situaciones de persecución laboral solapada”, consignó.
Mientras, aguardan un encuentro con autoridades provenientes del Ministerio del Interior para analizar asuntos considerados urgentes como las juntas médicas y otros reclamos de índole laboral ocurridos en Paysandú y otros departamentos.