RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CON RESPECTO A ANTEL

Locales | 24 Nov Después de casi cuatro años de presentada una solicitud de información pública a Antel, un fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) obligó a Antel a publicar en su sitio web información sobre la inversión que realiza en publicidad. En 2011, el entonces director del semanario San José Hoy, David Rabinovich, quien también era presidente de la Organización de la Prensa del Interior (OPI), solicitó esa información utilizando la ley de Acceso a la Información Pública. Antel se negó a brindar la información y fue tomado por la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), que en diciembre de 2012 emitió una resolución que estableció que el ente debía difundir en su sitio web la información que había solicitado Rabinovich.
“Cabe aclarar que el litigio quedó planteado entre la UAIP y Antel, yo hice un pedido de informes y Antel dijo que era reservado. Yo hice una consulta a la UAIP pidiendo que me asesorara si lo que decía Antel era correcto. La Unidad dijo que Antel debía darme la información y Antel presentó un recurso de nulidad y llevó la decisión al TCA contra la resolución de UAIP. Y ahora apareció la resolución del Tribunal dándole la razón a la Unidad, y a mí de rebote”, dijo Rabinovich a EL TELEGRAFO.
UNA PULSEADA VIGENTE
Rabinovich entiende que “esto sienta un precedente en cuanto a que declarar algo como reservado no es discrecional; la ley es muy clara en este sentido. Para declarar algo como reservado tiene que haber una argumentación seria y por algún motivo como establece la ley. Y hay que hacerlo antes, no pueden hacerlo cuando se les pide la información”.
Tras haber hecho decenas de pedidos de acceso a la Información Pública y varios juicios desde que se aprobó la ley en 2008, “acceder sigue siendo una pulseada vigente. Mientras no haya algún tipo de sanción para los jerarcas que no cumplen, mientras sea absolutamente gratis no dar bolilla a la ley, no va a funcionar como debe. La ley no está funcionando bien, una porque la gente y los periodistas no la utilizan. Y esto pasa porque muchas veces el mismo periodista hace un balance de costo-beneficio, piensa que si acude a la ley en vez de pedir la información amigablemente, su relación con el ente cambia. Porque no te miran bien si pedís la información por Ley de Acceso, yo me ligué algún reto por eso. Incluso hay colegas que no la usan para evitar problemas”.
“Pero eso es un problema justamente para que la ley tenga vigencia plena. No usarla por esas razones es un problema para que tenga fuerza”, explicó.
“Y lo segundo es que hubo una transa cuando se aprobó y se eliminó el capítulo de sanciones. Entonces se puede preguntar lo que uno quiera, por ejemplo en mi caso al intendente de San José, que no me contestaba, yo iba al juzgado, le ganaba el juicio y el intendente (Juan Chiruchi y Beatriz Martínez en aquella época) me contestaba a los meses. Y después de hacer seis o siete juicios, los ganaste todos pero llegas a la conclusión que se perdieron, porque además hay que pagar los honorarios del abogado, aunque sea un amigo y cobre poco, y al final uno deja de pedir información porque sale caro. Y el hecho que un jerarca se niegue a contestar sistemáticamente cada uno de los procesos es un juicio aparte”, dijo.
RESPETAR LA LEY DE ACCESO
En la resolución actual del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, si bien Antel argumentó que no corresponde divulgar su gasto en publicidad dado que en telefonía celular compite con empresas multinacionales, el TCA concluyó que la empresa estatal debe respetar la ley de Acceso a la Información Pública y que, en todo caso, debe clasificar esos datos según el mecanismo establecido en la norma.
Dice que Antel “al igual que todos los organismos públicos está abarcada y le es aplicable tanto la ley como el decreto reglamentario referido al acceso a la información pública”.
“El hecho de que Antel preste ciertos servicios en competencia o concurrencia con empresas privadas, no implica de por sí que toda la información relativa al gasto en publicidad (especificando en qué medios de comunicación se hace) sea materia reservada basándose en que el conocimiento por parte de sus competidores puede perjudicar su negocio”, dice la decisión del TCA, porque es una herramienta para controlar “que no se realice un uso abusivo de la asignación de los fondos para publicidad beneficiando algunos medios por sobre otros”.