Opinion | 25 Nov Desde hace mucho tiempo en Uruguay se viene hablando de la reforma del Estado, e incluso en su primer mandato el presidente Tabaré Vázquez prometió que se iba a encarar en su administración la “madre de todas las reformas del Estado”, para hacerlo funcional a las necesidades del país, en el sentido de contar con menos burocracia, mayor eficiencia en el manejo de la cosa pública, orden administrativo, racionalización en trámites y gestiones, y en el caso de las empresas públicas, por lo menos hacer que estén al servicio de la población y no de sus corporaciones de funcionarios.
Pero por mejor intención que se tenga, una cosa es la idea, y otra estar decidido a enfrentarse a las corporaciones de funcionarios, que en los hechos son los verdaderos dueños de las empresas públicas, como en su momento reconociera el actual canciller, Rodolfo Nin Novoa, cuando era vicepresidente, y sobre todo, cuando la mayor oposición a cambiar el statu quo está dentro del propio partido de gobierno, una coalición de izquierdas que alberga a grupos socialdemócratas pero también a radicales, que no están dispuestos a ceder un ápice en nada que involucre al Estado.
Es así que esta ineficiencia no ha cambiado, más allá de algunos retoques y el intento que se ha concretado de actuar por fuera del marco de las empresas estatales, por ejemplo con la creación de varias empresas paraestatales, sobre todo en el ámbito de Ancap, que operan bajo el derecho privado.
Pero en los hechos siguen siendo estatales, se financian con dinero de todos los uruguayos --ALUR, que depende de Ancap, es un claro ejemplo-- con la salvedad de que no pasan por el control del Parlamento, con lo que la ventaja que se puede obtener con esta chicana es de carácter retorsivo, si se tiene en cuenta que si bien hay mayor inmediatez en las decisiones, no se rinden cuentas sobre el manejo de los dineros públicos.
Y en un período en que ha dejado de soplar el viento de cola de la economía para la región, que Uruguay no contará con los recursos adicionales de que ha gozado durante más de una década, lo que ha permitido disimular las ineficiencias en el Estado, incluyendo las empresas públicas, es cuando se debería pensar seriamente en encarar la reforma del Estado.
Precisamente ha ingresado a consideración del Senado de la República el Presupuesto Quinquenal de Gastos e Inversiones, proyecto que presenta un marcado déficit debido a que se ha mantenido en grandes líneas el gasto y sin margen de maniobra, porque el gasto estatal creció aún más que los ingresos y se mantendrá el déficit fiscal.
Ergo, en épocas de vacas flacas nos hemos quedado con los gastos inflados de vacas gordas, y el mismo Estado fofo de siempre, al que hay que alimentar y afrontar gastos fijos como si la economía fuera sobre ruedas.
En el marco de esta problemática, es pertinente traer a colación los planteos formulados recientemente en un foro protagonizado por un panel de expertos con relación a alternativas posibles para mejorar la eficiencia del Estado a futuro, en base a una convocatoria organizada por la Academia Nacional de Economía y el Consejo Asesor de Pharos.
Los economistas analizaron las posibilidades de llegar a un consenso para modificar el esquema de funcionamiento de las empresas públicas con el objetivo de mejorar su eficiencia, pero esta perspectiva encuentra diversos obstáculos, como la injerencia del sistema político, la definición de objetivos claros en su gestión y el respaldo del imaginario social, según transmitieron los tres expertos en el marco de la mesa redonda sobre Empresas del Estado y Eficiencia.
Para el exgerente general de UTE, Alejandro Perroni, es “imprescindible” el debate y la formación de masa crítica para iniciar “ya” un proceso de cambio en la gestión y los gobiernos corporativos de las empresas públicas. “El desempeño de nuestras empresas públicas ha sido malo. Es obvio que estamos en problemas”, alertó.
El experto, que hoy se desempeña como uno de los coordinadores del Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable de Universidad Católica, considera que deben aplicarse “cambios profundos” si Uruguay aspira a llegar a ser un país desarrollado a futuro. Asimismo, se mostró “preocupado” porque el país se “está quedando solo” y estancado sin hacer los cambios necesarios en la institucionalidad del gobierno corporativo de los entes estatales y en la “separación de roles”. Dijo que hay que trabajar en la designación de los puestos de dirección y las gerencias.
Perroni sugirió que se debe apostar a la “pérdida de discrecionalidad” de las empresas públicas. Dijo que si se usan las tarifas para controlar la inflación, eso debería quedar “explícito” en el Presupuesto Quinquenal y consideró que se debería rever la participación del Estado en empresas como el portland, alcoholes y grappa.
Por su lado, el economista Carlos Steneri recordó que la gestión de las empresas públicas es un “viejo desvelo” que comenzó en la década de 1970. El experto apeló a una metáfora para describir el estado de las “tres grandes” (UTE, Antel y Ancap) como un lubricante de “mala calidad” en el funcionamiento del motor de la economía que está “impidiendo en parte” una mejora de la productividad, según da cuenta El País.
Estas reflexiones de los reputados economistas van en sintonía con conceptos que hemos expuesto en más de una oportunidad en esta página editorial, que refiere por un lado al déficit de gestión de las empresas estatales por políticos que muchas veces van a dar a los ámbitos de decisión de entes como premio por su actuación política, pero sin conocer mayormente el rubro. Pero a la vez porque hay falta de compromiso de mandos medios y funcionarios dentro del Estado, que es un ente abstracto, un patrón difuso, que no exige responsabilidades, y al que no le importa la productividad, la competitividad y la eficiencia.
El cambio de este paradigma que viene desde el siglo anterior es imperioso si es que se quiere empezar a hacer algo respecto al supuesto Estado “benefactor”, que devora muchos más recursos que los que devuelve a la sociedad.