Opinion | 01 Dic Mientras la transición entre el gobierno de Cristina Fernández y el del mandatario electo Mauricio Macri discurre por carriles delirantes, completamente ajenos a lo que debe ser la relación entre partidos en una democracia, con la presidente saliente negándose a proporcionar cifras y datos de la economía y de parámetros socioeconómicos del país, es sintomático que ya desde adentro de la Argentina movimientos afines al gobierno --incluyendo organizaciones como Madres de la Plaza de Mayo-- han convocado desde ya a “luchar” contra el nuevo gobierno.
Es decir que --como lamentablemente ya indica experiencia respecto a otros gobiernos no peronistas, ya se intenta hacer la vida imposible al próximo gobierno desde antes de asumir, pues no se le facilitarán cifras hasta después del 10 de diciembre, es decir cuando asuman las nuevas autoridades. Este hecho no solo va contra la posibilidad de acelerar la toma de decisiones del nuevo gobierno, sino que sobre todo va contra el país, contra los propios argentinos, que necesitan como nunca que al gobierno le vaya bien, porque están todos en el mismo barco.
Esta soberbia e intolerancia ha sido sin dudas un sello de los gobiernos K, cuyas relaciones internacionales están muy acotadas tanto por su perfil de no respetar los compromisos de deuda como por sus alianzas ideológicas. Además el problema es que no solo es un régimen que confronta en el plano internacional, tampoco es tolerante en lo interno. Una perla más es el hecho de que desde el vamos está haciendo la guerra al gobierno electo, no solo ocultando datos --como ha hecho sistemáticamente ante la opinión pública durante su gestión-- sino también apurando designaciones de funcionarios dentro del Estado y aprobando leyes de última hora en el Congreso “a tapas cerradas” para dejar un “paquete” que es una verdadera bomba de tiempo por el lado que se le mire para el próximo gobierno.
Y ya que estamos en el terreno de los intolerantes, de quienes no tienen apego democrático y republicano, no puede extrañar que haya asomado al ruedo el presidente venezolano Nicolás Maduro --verborrágico como siempre y fiel a su estilo caribeño pero delirante--, quien dijo el sábado que "el pueblo de Argentina está listo para luchar" contra el gobierno del presidente electo de ese país, Mauricio Macri.
"El pueblo argentino está listo para luchar", declaró Maduro en un acto nocturno sabatino en la ciudad de Maracaibo, en el noroeste de Venezuela, retransmitido por el canal nacional VTV de la televisión estatal.
Dijo que el “conservador” Macri ganó las elecciones presidenciales en una segunda vuelta celebrada el pasado domingo por un margen "micromilímetro". Sin dudas esta convocatoria a “la lucha” contra un presidente elegido por mayoría del propio pueblo argentino, que todavía no ha asumido, es propio de quien no tiene ningún apego a la democracia, al relacionamiento institucional, y revalida que por encima del veredicto de las urnas están las corporaciones y la movilización atizada por sectores radicales que no se resignan a perder sus parcelas de poder.
Pero sobre todo, en este caso, parte de un Maduro que trata de responder con su verborragia a expresiones del futuro presidente argentino, quien advirtió que pedirá en la próxima Cumbre del Mercosur que se aplique la cláusula democrática contra Venezuela por la "persecución" a sus opositores y por la violación a "la libertad de expresión" que le atribuye a Maduro.
El gobierno de Maduro ya rechazó el anuncio de Macri y lo calificó como un "acto de injerencia interna en las elecciones parlamentarias" que se celebrarán en Venezuela el próximo 6 de diciembre, y de lo mismo ha acusado a la Unión Europea y al gobierno de Estados Unidos.
Pero los intolerantes que intentarán frenar las medidas inevitables que deberá adoptar Macri no están en el Mercosur, ni en Venezuela, sino en la propia Argentina, donde desde el gobierno saliente, y las corporaciones y organizaciones que lo apoyan, se ha lanzado la consigna de hacerle la vida imposible ya desde antes de asumir, como quedó de manifiesto en la reunión entre Macri y Cristina Fernández, con la negativa de proporcionar la información básica, es decir las reservas con que cuenta Argentina, como así tampoco los datos reales de inflación, niveles de pobreza, subsidios, entre otros aspectos vitales para que el nuevo gobierno comience a trabajar.
Lo que se sabe sí, por más que no lo diga la presidenta, es que las reservas han caído a un mínimo mientras se mantiene el cepo cambiario y que el legado que se dejará a Macri serán arcas vacías, un tejido enorme de subsidios con el que se pretende contener precios en servicios públicos y energía, a un altísimo costo para las finanzas públicas, baja competividad, altas detracciones a las exportaciones de productos primarios, y una industria que sufre las consecuencias del cepo cambiario y exigencias para las importaciones de insumos, por citar algunos aspectos básicos.
El punto es que el gobierno K se va bajo el eslogan de que deja un país en orden y que lo que ocurra de ahora en más solo es responsabilidad de Macri, cuando en realidad ha dejado una bomba de tiempo para que el nuevo gobierno tenga que adoptar medidas necesariamente impopulares y quede al desnudo su impronta “neoliberal conservadora”.
La devaluación que deberá adoptarse, gradual o no, para eliminar además el cepo cambiario, será al principio traumática, y un costo político que deja la administración “K” para endilgárselo a los “enemigos” de los trabajadores y el pueblo. Esto era de esperar tras el traspaso de gobierno, solo que ya lo están anunciando, muy sueltos de cuerpo para ver cómo viene la mano.
En esta tesitura retorcida, la responsabilidad no es del que deja una bomba de tiempo para el que viene, sino del que desata el paquete. Es notorio que se anteponen intereses partidarios, sectoriales e individuales por ansias de poder antes que asumir responsabilidades ante el país y la ciudadanía, haciendo suya la frase de Luis XV de que “después de mí, el diluvio”.