Locales | 02 Dic Fueron recibidos por la Junta Departamental los instructores de manejo de vehículos Edit Díaz, Susana D’Andrea y Juan Acosta, a efectos de aclarar las afirmaciones vertidas en sala sobre servicio que ofrecen, sujeto a lo dispuesto por las ordenanzas municipales vigentes desde el 2012. Díaz fue la informante y señaló que su presencia tenía como fin “aclarar algunas dudas que hemos estado leyendo en la prensa de Paysandú (transcripción de lo expresado en sala el jueves anterior). En la ordenanza municipal, sección VI que fue modificada por decreto departamental 6796/2012 o sea en el gobierno anterior, donde habla de licencia de conducir y aprendizaje, solicita que todo instructor de manejo y todo responsable de un aprendiz, se deberá inscribirse en la Dirección de Tránsito y Control de Transporte. Debe contar con licencia que lo habilite a conducir y tiene que ser mayor a cinco años de antigüedad, carecer de antecedentes como infracciones, así como que los vehículos automotores en el proceso de aprendizaje deberán estar en estado técnico correcto y no poseer más de diez años, debiendo tener una cobertura total de seguro”.
Sostuvo que “por lo expresado queda demostrado que no hay convenio, contrato o cualquier nombre que se le quiera dar a nuestro trabajo legal ante cualquier institución. Dando mayor claridad a alguna de las dudas, en la ordenanza departamental modificada (en 2012) dice que ‘las escuelas de conducción deberán dictar a cada aspirante durante el proceso de aprendizaje un número mínimo de clases prácticas no inferior a 12 horas y presentarán documentación probatoria de las mismas’. En el artículo 157 la ordenanza dice que las escuelas de conducción deberán gestionar ante la Intendencia la habilitación de los vehículos destinados”, dando detalles técnicos sobre ello.

OBLIGACIONES LEGALES
La normativa departamental aludida determina, según indicó Díaz, “estar al día con las obligaciones legales, entre otras las tributarias y sociales, tanto en la Intendencia como en las demás instituciones públicas, o sea que todos nosotros somos empresas que aportamos al BPS, estamos trabajando en forma legal, nadie lo hace en negro y cumplimos con todo lo que se nos pide dentro de la ordenanza. Todas las exigencias son cumplidas y aportamos fotocopias de las inscripciones en BPS y en el Seguro Obligatorio. También se indica que tenemos que tener cursos de capacitación, los que han sido realizados en la administración anterior en una sola oportunidad y todas las capacitaciones las hemos realizado bajo nuestro propio costo, porque en esta parte existe un vacío en las normativas departamentales”.
Refirió a que “se cuestionan las doce horas de aprendizaje. En los años que llevamos en la enseñanza no hemos tenido alumnos que aprendan en menos de seis horas, como se dijo que pueden aprender. Y para un mejor resultado, buscando mejorar el tránsito en nuestra ciudad donde ya van más fallecidos que en el año anterior, es una excelente exigencia que todo aprendiz pase por una academia. Además el costo que implica el aprendizaje se desembolsa una sola vez y es para toda la vida”.
Aseguró que “es imposible cambiar la situación con preconceptos, vilipendiando y trasladando el problema a las academias” y con relación “a los costos de las clases, el seguro que pagan nuestros automóviles es de 30.000 pesos anuales, la patente de rodado 20.000 pesos anuales, nuestros coches hacen un recorrido de entre 2.000 y 2.500 kilómetros al mes, por consiguiente cada seis meses se hace el cambio de las cuatro cubiertas y cada clase insume 90 pesos en combustible. Si sumamos todos los gastos, sacando cuentas se podrá saber el beneficio que a nosotros nos reporta”, precisó.
Hubo preguntas de algunos ediles y, al considerarse lo expresado en sala, se retiró la mayoría de los ediles nacionalistas. Permanecieron solo José Pedro Illia e Ignacio Genoud, así como el edil Edgardo Quequin en la banca del Partido Colorado.
Ante moción de la edila Silvia Fernández, del FA, todo lo expresado pasó a comisión en votación mayoritaria de 16 en 18 ediles.