Nacionales | 02 Dic El Poder Ejecutivo comunicó a la bancada de senadores del Frente Amplio (FA) que no habrá ninguna previsión presupuestal en esta ley de presupuesto, que discute el Senado, para atender el fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre el reclamo de los funcionarios judiciales, confió a El País un integrante del oficialismo.
“La idea es negociar, pero con tiempo”, dijo la fuente del FA. El tema se instaló en la reunión del plenario del Senado, donde Pedro Bordaberry pidió un cuarto intermedio, que nunca se votó porque el oficialismo estaba en consultas con el Ejecutivo. El legislador colorado sostiene la idea de una salida negociada al problema.
Mientras, el senador nacionalista Álvaro Delgado propuso una definición orientada a una previsión presupuestal del Poder Ejecutivo para cubrir de alguna forma esa erogación, que es del orden de los U$S 125 millones, según cálculos hechos en el Senado.
Un artículo del presupuesto que se votará hoy puede enredar aún más el tema. Ese artículo establece que una vez que haya sentencia en primera y segunda instancia a favor de reclamos de funcionarios públicos –en este caso los judiciales lo son-- “el tribunal lo comunicará al Ministerio de Economía en un término de diez días hábiles para que el Ejecutivo efectúe las previsiones correspondientes en oportunidad de presentar el presupuesto nacional o las próximas instancias presupuestales (Rendiciones de Cuentas), que permitan atender el pago de la erogación resultante. Una vez aprobado el presupuesto o la rendición de cuentas con la previsión referida la cancelación del crédito, se realizará dentro del ejercicio siguiente”. Es decir, en tal caso cobrarían más de un año y medio desde que Economía diga si tiene recursos para pagarles.
Por su lado, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, dijo que “en los próximos días” se tratará de solucionar este conflicto, mientras se está “estudiando la sentencia” de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que declaró inconstitucionales los artículos 2, 8 y 9 de la ley 19.310, con los que se intentaba frenar el juicio por el que los funcionarios judiciales reclaman una suba salarial del 26%.
El juicio iniciado por los trabajadores se encuentra en apelación luego de recibir una sentencia favorable y se mantiene en todos sus términos. De ganar, Rentas Generales deberá apelar a más de U$S 120 millones para financiar el aumento en cada período de gobierno.