Opinion | 05 Dic Para el diputado de Asamblea Uruguay, Alfredo Asti, los cientos de millones de dólares que insumirá el pago del aumento del 8 por ciento a los funcionarios del Poder Judicial como consecuencia de una omisión de la administración del expresidente José Mujica “se les quitarán al resto de los trabajadores y ciudadanos” porque “primó el interés personal y directo de todos los integrantes de ese Poder más que la justicia”.
Tras el anuncio del Poder Ejecutivo que confirma que otorgará a los funcionarios judiciales una partida de 246 millones de pesos, lo que equivale en promedio a un aumento del 8% de sus salarios, Asti, a través de su cuenta de Facebook, aseguró que “todos los integrantes del Poder Judicial, desde el presidente hasta el funcionario de menor jerarquía, recibirán un aumento salarial que intentó en diciembre de 2014 solucionar un problema generado por un reclamo de otro aumento superior indebido y que nunca antes (2010) pidieron. En ese momento, el Poder Legislativo --constitucionalmente el único que puede aprobar aumentos a funcionarios-- no lo quiso hacer y fue impedido luego de actuar por los fallos de inconstitucionalidad, donde primó el interés personal y directo de todos los integrantes de ese Poder más que la justicia”.
El diputado espera “que, por lo menos, en la negociación colectiva, la distribución de esta partida de aumento del 8% refleje alguna justicia interna y no sean los jerarcas superiores los que se beneficien más que los funcionarios de menores ingresos, que fueron utilizados como rehenes para conseguir sus objetivos”.
Precisamente, cada aumento que se otorga a los funcionarios estatales, del área que sea, implica que se reste recursos a todos los demás trabajadores, porque los fondos que administra el Estado salen de los aportes de ciudadanos de todos los sectores de actividad, desde el más humilde al más encumbrado, y entran en esta bolsa también funcionarios estatales muy bien pagos, a los que no se escatima la forma de distribución ni el porcentaje de aumentos.
Y en este caso, mal que pese, el origen del problema estuvo en una decisión del gobierno del expresidente Mujica, que subió remuneraciones a sus ministros sin tomar en cuenta que hay salarios dentro del Estado que están enganchados con otros y que los judiciales reclamaron solo lo que les corresponde por ley.