Nacionales | 29 Nov El Ministerio del Interior, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y la Fiscalía General de la Nación suscribirán el próximo martes un “protocolo de actuación” para regular la interceptación legal de las comunicaciones, informó EFE.
El acuerdo busca “dotar de transparencia el procedimiento, desarrollando un mecanismo que permita verificar el flujo de solicitudes, las decisiones de los magistrados con competencia en materia penal y la respuesta obtenida de las operadoras de telecomunicaciones”, según un texto divulgado por el Ministerio del Interior.
El documento establecerá la necesidad de “determinar claramente” el proceso de tramitación de los requerimientos de información e interceptación legal de comunicaciones y propondrá que “el Poder Judicial y la Fiscalía General de la Nación únicamente tengan acceso al software del Sistema Administrativo de Interceptaciones Legales (SAIL)”.
El SAIL dará soporte administrativo a las solicitudes de interceptación, decisiones de los magistrados penales de todo el país y respuestas de las operadoras de telecomunicaciones.
Además, “cada parte se compromete a generar controles internos en el uso” del sistema, con el que los jueces penales podrán seguir el estado de ejecución de la medida que ordenaron, señala el texto.
Por otro lado, el protocolo planteará un compromiso futuro de instrumentar un convenio entre el Ministerio del Interior, el Poder Judicial, la Fiscalía y las operadoras de telecomunicaciones para que estas últimas sean las encargadas de entregar a la SCJ la información detallada de las medidas de interceptación que se han efectuado.
En relación con este asunto, en octubre de 2014 Uruguay adquirió “El Guardián”, un sistema electrónico de vigilancia de teléfonos móviles, correos y redes sociales, que compró por dos millones de dólares a una empresa brasileña para luchar contra la delincuencia y que solo se puede emplear en interceptaciones autorizadas por la Justicia.

MIERES PRESENTÓ DENUNCIA DE ANCAP
El senador y líder del Partido Independiente Pablo Mieres denunció en la comisión investigadora de Ancap que el ente contrató una lancha para ir a buscar a siete empleados que estaban en alta mar para llevarlos a votar a Montevideo el 26 de octubre de 2014, día de la primera vuelta de las elecciones nacionales, informó El Observador.
Luego de que votaron, los funcionarios fueron devueltos al buque donde estaban trabajando, en aguas de Maldonado. Según el senador, el barco petrolero Bluefin estaba atracado ese día en la zona Alfa, cerca de la boya petrolera de José Ignacio, donde se descarga el crudo, hacia el lado de Piriápolis. Allí se le solicitó que fuera al puerto de Montevideo, lo que implicaba un mayor costo para la naviera y era una maniobra que no estaba prevista. Las autoridades del barco decidieron permanecer en zona Alfa. Ante ello, según denunció Mieres en la investigadora, Ancap decidió contratar a la lancha Keninek para traer a tierra a los siete funcionarios. Según la información que posee, la contratación de esa lancha por Ancap tuvo un costo de entre U$S 10.000 y U$S 25.000.
Ante esa situación, el legislador solicitó a Prefectura que le informe la ubicación exacta del buque Bluefin el día de las elecciones y los movimientos de la lancha Keninek. Mieres aportó los números de registro que identifican a esas embarcaciones.
Al mismo tiempo, consultó a Ancap sobre los motivos por los cuales fue contratada la lancha, los tripulantes que trasladó ese día y los costos que pagó por contratarla.