Paysandú, Lunes 07 de Diciembre de 2015
Nacionales | 30 Nov El directorio de Ancap aprobó por mayoría --con el voto en contra del representante del Partido Nacional-- pagarle U$S 3,1 millones a Exor, una empresa que se dedica a la intermediación, de la que nunca el ente recibió un servicio y es representada por un dirigente del Frente Amplio.
Según El País, el directorio entendió que el acuerdo extrajudicial por esa suma era la mejor opción para dejar sin efecto una demanda iniciada contra el ente por U$S 20 millones, surgida de dos compromisos incumplidos en 2012 y 2014. El director del Partido Nacional, Diego Labat, justificó su voto en contra. “No puedo convalidar con mi voto el irregular e inconveniente proceder con relación a la empresa Exor, ni votar un gasto de U$S 3,1 millones de cuya procedencia no hay en mi opinión elementos claros que lo justifiquen”, explicó.
El País consultó al senador Álvaro Delgado, quien incluyó los negocios de intermediación con Pdvsa entre los doce capítulos que sobre la gestión de Ancap investiga la comisión parlamentaria. “Esta es la gota que desborda el vaso. Ancap opta por pagar para evitar un juicio y nunca recibió nada a cambio”, dijo.
Delgado exigió la renuncia del presidente de Ancap, José Coya. “No puede seguir al frente del ente. Le perdieron el respeto a los millones de dólares. Tienen que darse cuenta de que la fiesta terminó. Fue parte de esta gestión que llevó a perder U$S 800 millones en tres años. Está claro que no puede liderar un cambio drástico de la gestión en Ancap”, dijo Delgado.
Exor inició su vínculo con Ancap a fines de 2011, cuando le fue presentada al entonces presidente Raúl Sendic por su representante en Uruguay, el dirigente de la Vertiente Artiguista y exdiputado suplente del Frente Amplio, Alejandro Steineck. Steineck propuso a Sendic que Exor se encargara de la ingeniería financiera para canalizar el pago por anticipado de la deuda a la venezolana Pdvsa, que ascendía a U$S 727 millones. Según relató ante la comisión investigadora parlamentaria el gerente de Servicios Jurídicos de Ancap, Leonardo Bianchi, Sendic le dio el visto bueno a Exor pero puso como condición que la empresa obtuviera el consentimiento de Pdvsa.
Dado este paso, comenzaron las tratativas. “Sendic y José Coya --entonces gerente de Ancap-- asistieron como invitados a la reunión en la que finalmente Pdvsa dio el okey. Entonces, no fue Pdvsa la que puso a Exor; Exor fue a plantear el negocio y Pdvsa le dijo que sí”, explicó Bianchi.
En marzo, Ancap y Pdvsa cerraron el acuerdo para cancelar la deuda contraída a 17 años, y Exor sería la encargada de constituir el fideicomiso DC Trust, con el banco Societé Generale como fiduciario. Ancap volcaba el dinero al fideicomiso y éste compraba bonos de Pdvsa con vencimiento a 2022.
Pero en agosto, cinco meses después, Pdvsa comunicó a Ancap que sustituiría a Exor por el banco Bandes. Exor entabló una demanda por U$S 20 millones contra Ancap. Los servicios jurídicos informaron al directorio y concluyeron, según dijo Bianchi, que era “improbable” que Ancap perdiera. Aun así, en diciembre del año pasado, Ancap ofreció a Exor darle participación exclusiva en un futuro negocio con Pdvsa a cambio de que dejara en suspenso por un año la demanda. En julio, el presidente Tabaré Vázquez lideró un nuevo acuerdo con la petrolera venezolana para cancelar deuda con alimentos y Exor quedó fuera porque Ancap no participó de la negociación. Exor volvió a la carga, y esta vez los servicios jurídicos consideraron que las chances de ganar el juicio eran mínimas porque los incumplimientos ya resultaban evidentes.
MAESTROS NO PODRÁN PARAR HASTA 2017
La Federación Uruguaya de Magisterio y Trabajadores de Educación Primaria (Fum-Tep) resolvieron durante una Mesa Representativa aceptar finalmente la propuesta salarial que le ofreció el Poder Ejecutivo para los próximos dos años, y la cláusula de paz que les impide hacer paro durante ese período, con los votos a favor de dos de cada tres presentes en la asamblea.
El ofrecimiento del gobierno había sido rechazado en más de una ocasión por los docentes, especialmente por los de Montevideo. En este sentido fue que la filial de la capital votó en contra durante la Mesa Representativa, al igual que los representantes de los departamentos de Durazno, Maldonado, Soriano y Canelones, aunque no lograron imponerse. El convenio colectivo consta de un crecimiento salarial del 3,53% por cada año, más el porcentaje de variación que pueda llegar a existir en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
En el convenio también se contemplan “partidas para inequidades”, 125 millones de pesos para el 2016 y 150 millones para 2017 e incluye recursos por presentismo para 2017 por $ 1.000 millones.
PROFESORES RECHAZARONCONVENIO SALARIAL
La Federación Nacional de Profesores (Fenapes) rechazó el acuerdo salarial promovido por el gobierno, según resolvió la Asamblea General de Delegados del sindicato. Los docentes tomaron la decisión al entender que el incremento ofrecido por el Ejecutivo fue escaso y que además se los condicionaba a firmar una cláusula de paz y a establecer compromisos de gestión, dos puntos que también rechazan.
Al rechazar el incremento de 3,5% por encima del Índice de Precios al Consumo (IPC) que aseguraba el gobierno de haber acuerdo, los docentes tendrán un único ajuste anual en función de la inflación. “Los profesores quedamos solo con el IPC”, asumió en diálogo con El Observador el dirigente de Fenapes, Mario Bango. La resolución sube la tensión entre docentes y el gobierno en el año en que el presidente Tabaré Vázquez declaró la esencialidad de la enseñanza.
Mientras los docentes pedían un salario base de $ 30.000 para quienes recién ingresan al sistema, el gobierno ofreció alcanzar un sueldo de $ 25.000 en 2019.
UTE CONTARÁCON MEDIDORES INTELIGENTES
El directorio de UTE anunció el lanzamiento de una licitación para comprar medidores básicos inteligentes, que permiten la lectura del consumo de los clientes de forma remota y digital. El presidente del ente estatal, Gonzalo Casaravilla, lo confirmó al sitio de Presidencia y adelantó que en un máximo de 10 años, la totalidad de los hogares del país contarán con medidores de energía de este tipo. Estos nuevos elementos permitirán obtener información precisa sobre el consumo diario de cada cliente, mejorando los mecanismos de facturación, y optimizarán la oferta y demanda de energía.
Casaravilla informó además que a mediados del 2016 estará en funcionamiento una tarifa multihorario que se ajustará a las necesidades de cada usuario, y creará junto a Antel una aplicación para gestionar la demanda de los clientes.
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