Opinion | 03 Dic El pasado lunes finalizó el ciclo “A 30 años más democracia”, que organizó el Parlamento, con una gran movilización que ocupó el frente del Palacio Legislativo con una feria compuesta por estands, espectáculos artísticos, charlas sobre distintas áreas de la democracia, entre otras actividades. Después de 30 años de régimen constitucional, es posible que los uruguayos tengamos la tendencia a creer que la democracia es algo natural e inmutable, cuando en realidad es una construcción colectiva y perfectible.
En democracia, la totalidad de los derechos humanos deberían gozar de buena salud, aunque ello no implica que las prácticas que llevan a su consolidación no puedan mejorarse. Y, por supuesto, hay derechos humanos un tanto más intangibles que otros. El derecho a estar informado y expresarse libremente es uno de ellos.
Uruguay cuenta desde 2008 con una Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 18.381), cuyo objetivo fundamental es promover la transparencia de la función administrativa de todo organismo público, sea o no estatal, y garantizar el derecho fundamental de las personas al acceso a la información pública. Se entiende por tal toda la información que emane o esté en posesión de cualquier organismo público, sea o no estatal, salvo las excepciones o secretos establecidos por ley, así como las informaciones reservadas o confidenciales (las que deben categorizarse como tales de acuerdo con los mecanismos dispuestos).
A su vez, el acceso a la información pública en poder del Estado es un derecho de todas las personas sin discriminación. Se trata de un derecho potencial para la protección de otros derechos humanos fundamentales, como el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, por mencionar solo algunos.
A través de una solicitud de acceso a la información pública o de la información que se encuentra disponible en los sitios web de los organismos, es posible contribuir con un mayor control y participación ciudadana, así como fomentar la rendición de cuentas y transparencia en la gestión de los organismos públicos, colaborando a superar la arraigada cultura del secretismo.
El acceso a la información potencia la calidad de la democracia, pero para ser ejercido este derecho, es fundamental que los ciudadanos sepan que lo poseen y cómo ejercerlo, algo que todavía no está lo suficientemente difundido entre los uruguayos. Es necesario que el propio Estado realice un esfuerzo de transparencia activa, rinda cuentas e informe adecuadamente en sus sitios web, pero también que junto a otros actores sociales, como las instituciones no gubernamentales y los centros de enseñanza, hagan el esfuerzo por educar e informar favoreciendo las “buenas prácticas” que tanto contribuyen a la consolidación de la democracia.