Nacionales | 03 Dic El gobierno anunció que “honrará el compromiso asumido y procederá a reglamentar la ley 19.310, asignando al Poder Judicial una partida de 246 millones de pesos para distribuir entre la totalidad de los funcionarios”. La novedad se dio a conocer un día después que la Suprema Corte de Justicia se pronunció por la constitucionalidad del artículo 3 de esta ley, siendo el único de la norma que permanece vigente.
Días pasados la Suprema Corte de Justicia (SCJ) había considerado que el artículo 3 de la ley 19.310 era constitucional. Basándose en este dictamen, el gobierno asignará al Poder Judicial una partida de 246 millones de pesos para distribuir entre los funcionarios. El criterio de distribución será tratado en un ámbito de negociación colectiva donde participarán los cuatro sindicatos involucrados y la SCJ, informó Presidencia.
El secretario de la Presidencia, Miguel Toma, ratificó la posición “única, firme y sin contradicciones” del presidente Tabaré Vázquez y del Poder Ejecutivo sobre la reglamentación de la ley 19.310, relativa a la regulación de las remuneraciones de magistrados, fiscales y funcionarios del Poder Judicial. “La posición siempre fue la misma en el sentido de no reglamentar mientras estuviera cuestionada en todo o en parte por grupos de funcionarios o de actores y actuar en función de lo que estableciera la sentencia”, señaló.
Asimismo, Toma recordó que el pasado 30 de noviembre la SCJ declaró “la ausencia de legitimación activa de los actores para pretender inconstitucionalidad del artículo 3º de la ley impugnada”. Motivo por el cual, el secretario de Presidencia subrayó que el Poder Ejecutivo honrará el compromiso asumido y procederá a reglamentar la ley 19.310, asignando al Poder Judicial una partida de 246 millones de pesos para distribuir entre la totalidad de los funcionarios.
Toma indicó que el decreto reglamentario será elaborado por los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Economía y Finanzas. Aseguró que si bien el Poder Ejecutivo procuró siempre realizar una pronta reglamentación, ello solo se pudo concretar luego de la sentencia “dilatada” de la SCJ.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, informó que el Poder Ejecutivo ya se reunió con los cuatro gremios judiciales: de funcionarios, de actuarios, de jueces y de defensores de oficio. Señaló que la reunión fue buena y la propuesta del Ejecutivo “fue muy bien recibida”. Agregó que en función de solicitudes recibidas, se establecerá un ámbito de negociación con los cuatro sindicatos involucrados y la SCJ para acordar los criterios de distribución de la partida de 246 millones de pesos. “La primera reunión se celebrará el próximo martes 8”, informó.

RATIFICAN CONFIANZA A LA EMPRESA TEYMA
El presidente Tabaré Vázquez se reunió con Brandon Kaufman, el director de la empresa española Abengoa, casa matriz de la constructora Teyma. La contratista más importante del Estado está a un paso de la quiebra, informó El País.
En Uruguay, la filial está encargada de cinco proyectos por casi U$S 290 millones, entre ellos la construcción del polideportivo Antel Arena, para el que se aprobó un fideicomiso de U$S 58 millones. La empresa garantizó días atrás al gobierno que, pese a las dificultades de su casa matriz, continuará con las obras en Uruguay, por lo que ayer Vázquez se reunió con Kaufman para hablar de la situación.
Luego del encuentro, el secretario de la Presidencia, Miguel Toma, dijo que el Poder Ejecutivo ha dado “una respuesta muy concisa y muy fuerte” ante la situación. “El Poder Ejecutivo ratifica su plena y absoluta confianza en esta empresa, en su solvencia, para seguir adelante con todos los emprendimientos que tiene hoy firmados con el gobierno y los que están en curso en ser firmados”, señaló.
Agregó que “esta confianza será transmitida también a todos los operadores bancarios, a fines de que esta ratificación derrame en todos aquellos con los que estamos comprometidos en formalizar y concretar todos estos proyectos tan importantes”.

DESTACARON EQUIDAD SOCIAL EN URUGUAY
El Banco Mundial (BM) presentó un informe con un “diagnóstico sistemático” de Uruguay en el que se analizan los logros económicos y sociales que ha logrado el país y se destacó su “apertura comercial” y su “equidad social”, informó EFE.
El documento, titulado “Uruguay: Los desafíos de crecer con equidad”, evidencia que la apertura comercial y el “fuerte contrato social” que existe en el país son “características esenciales” que, “combinadas” hacen a Uruguay distinto de otros países del mundo, sostuvo Cristina Savescu, coautora de la publicación. Sin embargo, la economista del BM matizó que esas mismas características pueden crearle al país “algunos desafíos y tensiones hacia el futuro”.
La economista hizo especial hincapié en la diversificación comercial a la que ha apostado Uruguay, en la inserción de los mercados globales y el crecimiento en las exportaciones del país en la última década. “Uruguay ha sido exitoso en adoptar un nuevo crecimiento con un incremento importante de las exportaciones, que en los últimos diez años han aumentado a tasas muy altas y solo han sido superadas en la región por Perú y Panamá”, informó la especialista. Asimismo, subrayó los esfuerzos en “equidad social” que llevaron a Uruguay a poder contar con el porcentaje más alto de clase media en la región, con un 60% de la población en este estrato socioeconómico, aunque “queda una tasa bastante importante de población vulnerable, del 28%”. Savescu resaltó que los ingresos del 40% de la población más pobre crecieron en un 7,8%, por encima del 4,3% del ingreso per cápita promedio. “Esos logros han sido posibles no solo por un contexto externo favorable y un crecimiento sostenido sino por reformas fiscales progresivas en salud y seguridad social y a la reintroducción de los consejos de salarios, que han contribuido a la reducción de pobreza y desigualdad”, agregó.
En tanto, el BM también apuntó a la necesidad de mejorar la infraestructura “para responder al modelo de crecimiento que propone Uruguay”, ya que la situación actual “limita la capacidad de respuesta del país a la necesidad de conexión fluida entre los productos agrícolas, las empresas y los mercados mundiales”, sostuvo. También señaló el estado avanzado de la transición demográfica que atraviesa Uruguay, cuya población envejecida generará una tensión ante la “realidad futura de una fuerza laboral más pequeña que se va a reducir”.