Opinion | 03 Dic Un reciente documento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) advierte que las reformas de las pensiones que han tenido lugar en la última década han mejorado la sostenibilidad de las cuentas públicas del gobierno, pero este logro ha sido a costa de la calidad de vida de los jubilados.
“Arreglar los retos financieros de los sistemas de pensiones es solo una parte de la ecuación. La otra parte está ligada a la sostenibilidad social y a si las pensiones en el futuro serán suficientes para brindar condiciones de vida adecuadas a las personas mayores”, resume en su introducción el informe “Pensiones de un vistazo 2015”.
Precisamente el secretario general de la organización, Ángel Gurría, acotó que si bien los pasos dados en los últimos años fueron acertados, “hay un riesgo creciente de que las pensiones en el futuro no sean suficientes”.
“El desafío a largo plazo es diseñar políticas que sean lo suficientemente flexibles para adaptarse a las incertidumbres del mundo laboral del mañana, a la vez que aseguren un nivel de vida adecuado para los pensionistas”, argumentó.
La organización, que agrupa a 34 países y aconseja principalmente en cuestiones económicas, asegura que “la mayoría de los pensionistas de la OCDE disfrutan de un nivel de vida tan bueno como la población media” de sus naciones, pero entiende que la situación está cambiando.
La mayoría de quienes se jubilan ahora, al menos los hombres, ha tenido casi siempre empleos estables, pero el término “un trabajo de por vida” es un activo escaso entre quienes entran en la actualidad en el mercado laboral, considera el texto, que recoge una realidad que se da en todos los países, tanto industrializados como en desarrollo.
El tema previsional está ligado al nivel de empleo, sobre todo en países en donde el pago de prestaciones se hace desfasado en el tiempo, como es el caso de las prestaciones del Banco de Previsión Social, donde lo que hoy aportan los activos se utiliza para pagar las pasividades de los actuales pasivos, en tanto quienes hoy están activos cuando pasen a ser pasivos dependerán del aporte de quienes trabajen en ese momento. Contrariamente a lo que ocurre en los sistemas de ahorro con administradoras de fondos previsionales, como las AFAP, en que cada trabajador aporta a su propia cuenta para ir recibiendo de ese fondo su futura pasividad.
Es indudable que la situación es especialmente delicada para los trabajadores más jóvenes por el elevado desempleo en su franja de edad, ya que, al menguar sus aportes, percibirán menores pensiones cuando se jubilen.
La OCDE ha formulado estas advertencias tras destacar los avances generalizados entre sus países miembros y en los del G20 en la mejora de la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones, teniendo en cuenta que “la última década ha sido un período de intensa actividad reformista en el área de las pensiones”, señala la organización.
En su momento, la organización promovió medidas clave, entre las que el informe destaca el aumento de la edad teórica de jubilación y la reducción de la distancia entre el límite legal y la edad real, así como la limitación de la jubilación anticipada. La edad de jubilación se ha elevado de “forma sustancial”, indica el texto, que recoge que “los 67 (años) se han convertido en los nuevos 65 en muchos países”, es decir un aumento de dos años, en tanto algunos estados --agrega el estudio-- planean llevar la edad de jubilación hacia los 70, como la República Checa, Dinamarca, Irlanda, Italia y Reino Unido.
Otros aspectos referidos a esta problemática incluyen el gradual ingreso de la mujer en las últimas décadas al mercado de trabajo y, en este sentido, desde el cambio de siglo, la edad efectiva de abandono del mundo laboral “se ha incrementado de forma progresiva, especialmente entre las mujeres”, según la OCDE.
La tasa de empleo en la franja de edad entre los 55 y los 64 años se ha incrementado de forma “aguda” en muchos países, pero incluso en los países de mejor pasar la relación activo-pasivo se ha reducido significativamente –lo mismo ocurre en Uruguay, que es un país avejentado-- y este factor incide negativamente en la sostenibilidad de los sistemas previsionales, que cuanto más generosos son, más difíciles resultan para financiar.
La OCDE llama a mejorar la sostenibilidad social de los sistemas de pensiones para asegurar que los ingresos de todos los pensionistas sean adecuados, lo que, advierte, “no es solo prevenir la pobreza”. Y exige “una coordinación consistente y coherente” de diversas políticas, desde laborales a financieras, “para asegurar que la trayectoria profesional” de las personas vaya acompañada de “las medidas más efectivas para ayudar a maximizar sus oportunidades de retirarse de forma confortable en el futuro”.
Aunque no resulte simpático, un primer aspecto a considerar es el del aumento de la edad de retiro para que resulte menos oneroso sostener al sistema. Pero, a la vez, si se demora más en jubilarse, se estrecha el mercado de trabajo para los que quieren ingresar y se genera una presión socioeconómica hacia una dirección inversa, que indica que las soluciones no son fáciles ni tampoco puede pensarse en una salida mágica.
La magnitud del reto señala que es preciso hacer converger reformas por acuerdos políticos y políticas de Estado que hagan trascender en el tiempo determinadas pautas de cambios en el sistema previsional, para que ningún partido por sí solo asuma el costo de medidas que no serán populares y para que no haya que lamentar mucho después lo que debió hacerse en el debido momento.