Opinion | 09 Dic La sesión extraordinaria de la Junta Departamental del pasado lunes ciertamente fue atípica debido a una medida sindical que determinó el paro de actividades de la mayoría de los funcionarios. Ante la falta del personal que habitualmente asiste a los ediles departamentales durante las sesiones del cuerpo, y por voto mayoritario (con votos de los tres partidos representados), se determinó realizarla de todos modos.
Hubo palabras de crítica virulenta a la actitud de los funcionarios, aduciendo los ediles que no se les había avisado con antelación y, principalmente, que el tema a ser considerado era de tal trascendencia que --dada la cercanía del receso-- no era posible suspender la sesión aun cuando los funcionarios no estuvieran cumpliendo sus habituales funciones.
Así, en una curiosa decisión, un edil del Frente Amplio ocupó el lugar del sonidista y se pidió a la radio que habitualmente transmite las sesiones que la grabara y posteriormente le entregara una copia a la Junta. Nunca se dijo, pero se supone que una vez se solucione el conflicto con los funcionarios, se les entregará esa grabación para que con ella hagan el acta de la extraordinaria del pasado lunes.
Lo ocurrido no se ajusta a derecho. Simple y sencillamente no se consideró el derecho de los funcionarios a tomar las medidas sindicales que consideren apropiadas. Les asista o no razón. Es lo que determina la legislación que expresamente reconoce el derecho a tomar medidas de fuerza en el marco de reivindicaciones laborales.
Seguramente sería difícil ver al intendente Caraballo recogiendo los residuos urbanos o en una motoniveladora ante un paro de municipales. Lo que hizo la Junta en esencia es lo mismo. Un edil --que no fue electo como sonidista, pero que bien podría pedir se le pague por su trabajo-- se sentó en los controles de audio. Peor aún, se pidió a una radio que fuera la depositaria de la responsabilidad de la grabación. No solo alguien externo a la Junta, de yapa, un medio de comunicación.
La Junta es precisamente la que recibe a muchas representaciones sindicales y apoya sus reclamos. Es el organismo que aprueba declaraciones en apoyo a la defensa de las condiciones de trabajo. Y es, al mismo tiempo, el organismo que no reconoce el legítimo derecho a interrumpir el trabajo de sus propios funcionarios.
Y en esto no hay diferencias: a los tres partidos políticos representados les cae el sayo. Incluso a los que votaron en contra, porque no se trataba de aceptar la mayoría, se trataba de no aceptar algo que no se ajustaba a derecho. Por tanto, la única salida digna era abandonar la sala.
Una desafortunada decisión, seguramente, impulsados por la urgencia política de aprobar el fideicomiso liliputiense. Pero desafortunada de todas maneras. Que lo haga la mismísima Junta Departamental --un acto reñido con los valores democráticos y la legislación laboral-- es ciertamente muy preocupante.