Locales | 08 Dic “Aspectos legales del acceso al cannabis en Uruguay a partir de la ley 19.172”, así se tituló el taller que ofrecieron en el marco de la Expo Cannabis los abogados Martin Fernández y Martín Sbrocca, integrantes del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) y docentes de derecho penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.
Luego de hacer un repaso general sobre el proceso que ha transitado Uruguay para la regulación del mercado del cannabis, los profesionales profundizaron en algunos temas específicos, en especial con respecto a los casos en los que se detectan cantidades de sustancia o de plantas superiores a las permitidas por la normativa. Los abogados señalaron que ninguna de las dos circunstancias deberían dar lugar a acciones en el marco de la Justicia Penal. “Pensemos en qué es lo que tutela la ley. En la medida que no haya afectación a la salud pública, en la medida que el juez falle sobre la base de la sana crítica y no sobre la convicción moral, como era antes, esas situaciones perfectamente no tienen por qué ser captadas por el derecho penal y la persona no debería tener ningún problema con la Justicia”, manifestó el doctor Sbrocca.
“La legislación, en la historia de cómo se sancionó, tiene un principio general que es descriminalizante; o sea, tiene la idea de no generar criminalización con las personas que lo usan. Entonces, este tiene que ser un principio rector cuando nos enfrentemos a casos puntuales, porque no es lo mismo pensarlo de esta manera que pensar que porque está por encima un gramo de porte o por encima una planta, ya necesariamente estamos en la comisión de un delito”, dijo Fernández.

PROTOCOLO
El profesional señaló que lo que se están planteando es “un cambio de paradigma, un cambio de cultura” y advirtió que en este contexto “siempre hay actores que tienen que ver o que actúan en la toma de decisiones, que buscan en qué lugares se pueden quedar para seguir trabajando con su nicho, digamos, con su zona de confort, que es de alguna manera seguir trabajando con el paradigma prohibicionista. La Policía es uno de ellos”. Fernández agregó que a partir de esta constatación se hizo “absolutamente necesario gestionar y redactar un protocolo para que la Policía tuviera un marco de actuación claro cuando se enfrentara a casos vinculados con cannabis”. El protocolo, adelantó, prontamente se distribuirá en todas las seccionales policiales del país.
Fernández señaló que el protocolo “estableció claramente que se encuentra autorizada la tenencia de mayor número de plantas sin flor o con flor macho; porque la policía recibía una denuncia anónima, o sea, entraba a la casa de un autocultivador con una orden de allanamiento, ya veía 7, 8 plantas y le decía: 'usted cometió un delito'. Así lo trataba, así lo esposaban y así arrancaban sus plantas; era absolutamente necesario generar este protocolo para que el policía sepa que no puede arrancar plantas”.
El abogado explicó que el protocolo “aclara que si en algún momento tiene que realizar una incautación, tiene que ponerlas como bienes frágiles, porque las incautaciones tomaban las plantas, los macetines o lo que fuera y lo tiraban en cualquier galpón y eso tiene un valor muy importante para la persona que lo desarrolla. Si se llega a la conclusión de que tiene que ser devuelta al autocultivador, no la puede devolver toda podrida, porque no se la permitieron cuidar o lo que sea”. El protocolo advierte que la Policía no puede pedir la constancia del registro como consumidor. “Lo tiene que pedir el juez al Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca), aunque la práctica indica que sería bueno poder, en todo momento, acreditar la condición de registrado, porque la Policía lo ve con otros ojos”, agregó.

DEFENDER
Más allá de estas puntualizaciones, los abogados llamaron a los asistentes al taller a sostener la ley, “porque si no sostenemos esta ley, el paradigma prohibicionista nos va a tapar como una ola nuevamente; aún con la vigencia de la ley, los jueces siguen diciendo 'los adictos', etcétera, entonces, no fortalecer la ley, no fortalecer la institucionalidad que ella creó, significa un claro retroceso o permitirles el avance o retornar a como gestionaban los conflictos vinculados con estupefacientes”.
Fernández relató: “hace 10 años uno se iba contento cuando lograba llevarse a una persona procesada sin prisión, eso ya no es así, no es tolerable seguir pensando que por tener más de 40 gramos sean procesados, sean sometidos a la justicia penal, porque la idea que establece la ley es la de descriminalizar. Eso tiene que gobernar todas las interpretaciones sobre los casos que se den, no puede ser que si no tengo una prueba de tráfico, someta a una persona a la justicia penal”.