Locales | 08 Dic Cuando se abrió el espacio para preguntas en el taller “Aspectos legales del acceso a cannabis en Uruguay”, en el marco de la Expo Cannabis, el fiscal penal Carlos Negro transmitió a los integrantes del panel una inquietud surgida de la actividad diaria de los operadores del sistema judicial referida al ingreso de marihuana a los establecimientos carcelarios.
“Las cárceles uruguayas están superpobladas, están en un estado sanitario de emergencia, es una bomba de tiempo cada establecimiento carcelario y parece que no le damos la dimensión que tiene. Tenemos el fenómeno del ingreso a las cárceles de pequeñas cantidades de cannabis, de marihuana, por familiares o allegados a los reclusos, esto determina que el ingreso o el intento del ingreso de un porro a la cárcel sea penado y pueda terminar con la prisión de ese amigo, familiar, que lleva ese cannabis”, señaló Negro.
El fiscal advirtió que “incluso la conducta puede ser mucho más punible o sancionable que el ingreso de un arma; el ingreso de un arma a un establecimiento carcelario es un hecho penalmente irrelevante, en cambio, el ingreso de un porro puede determinar el procesamiento, la condena de una persona”.
Negro plantó que “los presos tienen limitada su libertad ambulatoria, pero no tienen por qué tener limitada su libertad jurídica, (la pregunta es) si ustedes han visto o han tenido ese tipo de defensa o están de alguna forma percibiendo este problema, que realmente a los que estamos del otro lado del mostrador nos llegan estos casos diariamente y muchas veces no hay solución legal y los operadores se ven obligados a decretar los procesamientos”.

CULTIVO
Frente a la pregunta del fiscal, el abogado Martín Fernández, de Ielsur, reconoció que esta práctica “no estaría dentro de esta legislación, claramente, pero habría que generar mecanismos vinculados con la sana política criminal como se dice, para el archivo de los casos, pero eso obviamente lleva a la discrecionalidad; un operador va a entender que está bien y otro operador va a entender que está mal”.
Fernández recordó que “incluso el excomisionado parlamentario de Cárceles, el doctor Garcé, lo planteó y es una idea bien interesante, que las personas privadas de libertad pudieran tener su posibilidad de cultivar y tener un uso dentro de los establecimientos”.
En el mismo sentido, el doctor Martín Sbrocca compartió con el fiscal que el hecho de estar privado de libertad “de ninguna manera significa estar privado de otro montón de derechos, más allá que en la práctica eso no pasa, pero por lo pronto, justamente, una de las aristas a trabajar es 'señores, están privados de libertad, pero tienen derecho a generar alguna especie de cultivo', habrá que ver cómo, lo que sea, para poder abastecerse, como pueden fumar un cigarrillo”.
El profesional dijo que mientras no se establezca una vía legal para que la población reclusa pueda acceder a la sustancia y para casos de cantidades pequeñas, sería conveniente aplicar otra figura.
“Lo tiro como idea, no sé si no es preferible tipificar el tráfico menor o el microtráfico, siempre y cuando tenga el correlato y la salvaguarda de que en esas situaciones la persona no puede ir privada de libertad; prefiero que sea una pena simbólica, un procesamiento sin prisión, que después terminará en algo de papeleos o una pena de multa, antes que quede la posibilidad de ser privado de libertad y termine preso por un porro”, dijo.