Opinion | 10 Dic Los números en rojo ya insostenibles de Ancap, la empresa más grande del Uruguay, ha llevado al presidente Tabaré Vázquez a promover la capitalización del ente, por una suma no menor a 800 millones de dólares, habida cuenta de la magnitud de un déficit que se ha ido agudizando y que, por el carácter estatal de la empresa, recaerá sobre las espaldas de los uruguayos.
Es decir, se “socializarán” las pérdidas, revalidando el bien fundado dicho de que el socialismo dura mientras dure el dinero ajeno. En este caso, estamos ante una gestión que ha hecho que una de las empresas públicas tenga que ser recomprada por todos los ciudadanos.
Así, mientras el gobierno trabaja en el proyecto de ley que enviará al Parlamento para capitalizar Ancap, prepara el recambio de sus autoridades y reperfila 1.400 millones de dólares de la deuda total de esa empresa, en el Frente Amplio se ha desatado una fuerte polémica por los problemas que dejó la gestión del vicepresidente Raúl Sendic al frente del organismo, que ha sido continuada por el directorio actual.
Uno de los fuertes críticos es el senador Rafael Michelini, quien integra el sector del ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, fustigando la gestión en la empresa. La respuesta no se hizo esperar desde el mujiquismo y del propio sector del exjerarca de Ancap, cuando el senador Leonardo De León consideró que “es lamentable el planteo de Michelini en los medios”, al hablar en la bancada del Frente Amplio.
De León aludía a una entrevista publicada por El País, en la que el senador del Nuevo Espacio, Rafael Michelini, planteaba que para fortalecer a Ancap, había que llevar adelante una capitalización que debería ir acompañada de una renovación de autoridades “total o parcial” del directorio encabezado por el presidente del ente, José Coya.
El punto es que, durante años, los problemas serios de gestión en el ente habían quedado ocultos y solo trascendían veladamente los montos de los grandes déficits acumulados, porque sistemáticamente la fuerza de gobierno --apelando a sus rígidas mayorías parlamentarias-- bloqueó todo intento de formación de una comisión investigadora. Cuando, por fin, ante la insistencia de la oposición y la fuerza de los hechos, el oficialismo habilitó la formación de una comisión investigadora, han surgido elementos que confirman el manejo desaprensivo de las finanzas del ente. Desde costosas y sucesivas inversiones sin mayor discernimiento, la deuda que se mantuvo en dólares hasta llegar a los combustibles más caros de la región.
La decisión del presidente Vázquez de capitalizar Ancap no cambiará el escenario de la empresa, más allá de atender sus insólitas pérdidas, porque seguiremos teniendo combustibles caros, las inversiones no revertirán las pérdidas y, aunque los precios del petróleo sigan derrumbándose, en el Uruguay no nos vamos a enterar, porque los enormes costos de funcionamiento de la empresa hacen que el valor del crudo prácticamente no incida para la ecuación económica del ente.
Estamos indudablemente ante problemas estructurales que datan de muchos años, pero que se han agravado en el marco de una gestión desacertada y que ha dispuesto del dinero ajeno como si fueran bienes de difunto, como bien sostiene el dicho. Se han conjugado aspectos como incompetencia, falta de criterio, compromisos políticos, presiones, prescindencia y, pese a que desde el Poder Ejecutivo hay quienes se quieren lavar las manos, no hubo un seguimiento apropiado para cuidar los dineros públicos, hubo carnaval electoral y se gastó mucho más de lo que se podía. Primó la seguridad de que al final, de una u otra forma, los números en rojo se iban a enjugar, teniendo al Estado –a todos los uruguayos, que son el pato de la boda-- detrás.
Peor aún, lo de Ancap no es una excepción: estamos ante una regla que se da para las empresas públicas y la gestión del Estado: cuando se maneja dinero ajeno, se es en extremo generoso, no se cuidan los números como en una empresa privada, porque hay un patrón que no se ve, que también maneja dinero ajeno, que es el Estado. Y siempre de algún lado saldrá la plata para lo que haga falta, aunque no del bolsillo de quienes cometen los entuertos, naturalmente.
Es que se diluyen responsabilidades, hay acusaciones cruzadas, pero como por acción o por omisión difícilmente alguien quede libre del sayo, todo queda en la nada. Las renovaciones en cargos no cambian las cosas y el diseño corporativo de las empresas públicas, su monopolio y su carácter estatal, permiten que la historia se siga repitiendo de la misma manera.
Igualmente, de vez en cuando, desde el gobierno se rasgan las vestiduras cuando las cosas quedan al descubierto, pero sin que se vaya al fondo de la cuestión; simplemente se sigue tirando, porque este es nuestro ordenamiento institucional y, peor aún, nuestra idiosincrasia lo permite y lo alienta.