Opinion | 13 Dic “Un hombre de 42 años fue procesado con prisión por el delito de ultraje violento al pudor en detrimento de su hija de 6 años”. Diarios, radios y televisión se hicieron eco de la información en términos similares y en ningún momento brindaron datos que permitieran identificar tanto a la víctima como al victimario. Los medios de comunicación cumplieron con las normas de protección, especialmente hacia la pequeña víctima.
A las pocas horas de conocerse la noticia pudimos apreciar en las “redes sociales” un comentario donde se especificaba que el individuo era “Fulano de Tal”, la niña era “Menganita de Tal”, que cursa primer año en la Escuela Nro. () y ambos viven en la intersección de las calles 18 de Julio y Leandro Gómez.
Cuatro o cinco jóvenes, a bordo de un automóvil modificado para que alcance mayor velocidad y, sobre todo, según la moda, para que haga mucho ruido, derraparon, volcaron y chocaron la base del puente seco ubicado en el medio trébol de la entrada de la ciudad. No hubo intervención policial o, por lo menos, no se brindó información del accidente. Un par de horas después los “chicos” aparecían muy sonrientes en la “red” mostrando a sus seguidores cómo había quedado el auto.
“Aquí estamos todos en la playa de ‘Arenas do sul’ Y todavía nos queda una semana más. Decía el epígrafe de la “selfie” que la familia veraneante “subió”. Dos días después les avisaron que habían “entrado” a su casa y el o los ladrones (como dicen las crónicas policiales) se habían llevado hasta el collar del perro.
Se trata de hechos reales que sólo presentamos como ejemplo de lo que sucede cotidianamente y, por supuesto, hemos desfigurado todos los datos que potencialmente pueden llevar a una identificación de los protagonistas.
Recientemente, en un canal de televisión argentino, se presentó un informe que muestra una realidad que puede llegar a ser espeluznante. Un equipo de sicólogos y sociólogos ubicó una serie de jovencitas cuyos padres consideraban que las habían educado correctamente y estaban seguros que respetaban las normas de seguridad elementales, especialmente en una gran ciudad. Así fue que el equipo, fingiendo otras personalidades, se conectó con las chicas y fue logrando, una a una, que concurrieran a encontrarse con un desconocido en parques o plazas desiertas y, hasta en algunos casos consiguieron que la niñas subieran a vehículos conducidos por extraños. Resultó verdaderamente dramático el momento en que una de las chicas que subió confiadamente a un auto fue atrapada por la espalda por un hombre que le colocó un trapo mojado sobre la cara. Fue muy difícil calmar a la joven “víctima” y explicarle que quien le había hecho eso era sólo un adulto que se preocupaba por prevenir situaciones como esa que se repiten cotidianamente en la capital porteña.
Si un diario, un canal de televisión o una radio dan a conocer imágenes o referencias identificadoras de menores de edad son sancionados de acuerdo a las normas vigentes sin derecho al pataleo, y así lo saben los periodistas. En un hecho reciente que demuestra hasta qué punto llega la censura a la prensa en este sentido, el periódico “El Municipio” del departamento de Colonia fue duramente sancionado por el INAU por entrevistar a la madre de un niño que pedía ayuda por ese medio por la difícil situación que vive con sus hijos. El instituto que vela por los derechos de los niños y los adolescentes, entendió que el medio incurrió en un delito de “emisión pública de imágenes y mensajes que impliquen injerencias en la vida privada de los niños y adolescentes” pese a que se trataba de declaraciones hechas por la propia madre de los niños. Allí ella detalla la complicada situación de sus hijos, víctimas de violación y violencia, como prueba de la necesidad de recibir ayuda por parte del propio INAU.
Pero, ¿qué hacemos cuando se trata de un integrante de una red social? Seamos claros: pensamos que las redes sociales son un trascendente aporte de la tecnología a la comunicación global y a la libertad de expresión que todos los habitantes del planeta tienen derecho a disfrutar. Pero, bien sabemos que los derechos de uno terminan cuando comienzan los derechos de otro. Y que lo que es válido para un medio, también lo debe ser para los otros.
Es obvio que debemos actuar pero también está muy claro que no es fácil ni mucho menos, por más que no se trata de combatir las redes sociales sino de lograr que las mismas sean utilizadas con respeto al derecho de los demás.
No nos preocupa ni no nos interesa si alguien “tuitea” qué ropa interior está usando o si otra persona “sube” una foto con los dos novios que tiene. Pero sí es preocupante, y mucho, que se identifique a una niña de pocos años que fue víctima de su propio padre, o que dos “ruideros” motociclistas se desafíen a competir en una arteria donde permanentemente circulan personas que en la mayoría de los casos están indefensas ante un “topetazo” de esos “racers” de pacotilla.
En defensa de todos, es necesario tomar medidas. Y aquí no estamos hablando de censura ni de libertad sino de respeto al prójimo, al derecho a vivir en sociedad y hasta del más elemental de los derechos, simplemente existir.
Creemos que debería haber una legislación que realmente obligue a los usuarios a estar claramente identificados; y no nos digan que ahora lo están porque podemos recordar los cientos de chicos y chicas de 10, 12 o 14 años que figuran como habiendo cumplido la mayoría de edad y con datos personales surgidos de una muy frondosa imaginación.
Tal vez esto no sería mucho, pero por lo menos la Justicia sabría ante quien actuar cuando se produzcan casos donde claramente se comete un delito.