Locales | 13 Dic La sesión extraordinaria de la Junta Departamental que aprobó el denominado Plan B del Ejecutivo departamental para construir obras de infraestructura a través de la instrumentación de un fideicomiso, se llevó adelante a pesar de un paro sorpresivo de los funcionarios que demandaron 5.000 pesos para calzado y recibieron 2.400 pesos, el pago de 8.000 pesos por asiduidad cada cuatro meses y se les abonarán 6.000 pesos, además de la cobertura total de lentes recetados, que cubre parcialmente el BPS.
El viernes, la Comisión de Asuntos Laborales de la Junta Departamental junto a otros ediles se reunieron en el local de la Regional Norte del Instituto Cuesta Duarte con delegados de la mesa departamental del Pit Cnt para aclarar los alcances de un comunicado que difundió el mencionado instituto ante “el avasallamiento a los derechos sindicales, conquistados por los trabajadores”, que “se llevó adelante en la Junta Departamental”.

“INDIGNADOS”
Bajo el título “En tiempos de hipocresía, cualquier sinceridad parece cinismo”, esta asociación civil dependiente de la central obrera señaló: “Asombrados, indignados, apenados, vemos en las noticias del día martes, el avasallamiento a los derechos sindicales, conquistados por los trabajadores”, y recordó que los funcionarios “de las juntas departamentales de todo el país están proponiendo formar una federación”, en tanto solicitaron su afiliación al Pit Cnt.
El instituto consignó que las medidas adoptadas están “ajustadas a derecho”, al tiempo que “llama la atención la postura y el accionar de los ediles de las tres bancadas, en actitudes casi fascistas, en contra de las reivindicaciones de los trabajadores, ni qué hablar de la actitud del presidente de la Junta, de neto corte represor”. Tales “actitudes creíamos superadas en estos tiempos de nuevas relaciones laborales y sobre todo, porque nuestro movimiento sindical perdió muchos compañeros y compañeras, derramó mucha sangre para conquistar los derechos que hoy tenemos, que vuelven a plantearse y sobre todo, los trabajadores tenemos que estar alertas en estas situaciones. Nadie les regaló nada a los trabajadores. Lo conquistamos con lucha y sacrificio”, señala el documento.
Según “nuestro vocabulario sindical, lo de las bancadas de ediles departamentales fue lo del gran carnero; además involucrando a funcionarios de esas bancadas. Nos preocupa, nos molesta y nos sorprenden estas actitudes, si vienen además de aquellos que en algún momento estuvieron dentro del movimiento sindical; esos son traidores. Y como si esto fuera poco, se deposita en un medio de comunicación la grabación de toda la sesión, medio de comunicación que no puede ni debe ser garante de información emanada de un órgano deliberativo como las juntas”, añadió el comunicado.
El Cuesta Duarte reclamó “un mecanismo legal que declare la sesión como nula y se realice nuevamente, no solo para reivindicar los derechos de los trabajadores, sino para jerarquizar a la propia Junta” y exigió “el respeto que todos los trabajadores merecen”, con la instalación de “mesas de negociación y diálogo en diferentes ámbitos de las juntas de todo el país”, además del reconocimiento de la federación “como portavoces de sus reclamos y propuestas”.
La asociación civil del Pit Cnt demandó “que no se repitan estas actitudes de pisotear trabajadores, en ningún punto del país que no le hacen bien a la democracia y a las instituciones que la componen, en aras de llevar adelante las políticas del intendente de turno” y anhelan que “cada partido, con representación parlamentaria en el deliberativo comunal, llame a conciencia a sus ediles y corrija el accionar político de cada bancada”.
La Regional Norte se declaró “alerta y vigilante” para que “estos hechos no se reiteren y los vamos a denunciar públicamente y en los ámbitos que corresponda”.

LAS TRES BANCADAS
Las bancadas de ediles de los tres partidos con representación en la Junta Departamental lanzaron un comunicado donde aclaran que “no son de recibo los epítetos vertidos como ‘actitudes casi fascistas', 'neto corte represor' y 'traidores' a integrantes de este Cuerpo que provienen del sector sindical”, en tanto “la relación laboral de los funcionarios de la Junta está regulada por la Comisión de Asuntos Internos y la Presidencia, amparados en el Reglamento Interno de la corporación”.
Los ediles sostienen que “la Junta Departamental tiene un marco jurídico para sesionar en casos de emergencia como lo fue el paro imprevisto de los funcionarios”. El comunicado agregó que el Presupuesto Quinquenal aprobado recientemente en el deliberativo, “además de otorgar beneficios a los funcionarios, se realizan algunas correcciones en las fórmulas de cálculos de otros que se venían realizando en forma incorrecta” y “el diálogo que siempre existió con los funcionarios ahora se institucionalizó con la conformación de una comisión para analizar los planteos realizados”.

TONO ELEVADO
La Comisión de Asuntos Laborales de la Junta Departamental, acompañado por otros ediles, solicitó una reunión con el plenario sindical y el Instituto Cuesta Duarte, para aclarar los alcances de las declaraciones que acusa en tono elevado a los representantes departamentales. “Fuimos dirigentes sindicales” y a raíz de este comunicado “nos sentimos seriamente agraviados, heridos y lesionados”, recordó el presidente de la citada comisión, Roberto Ciré.
En ese encuentro “nos dijimos lo que nos debíamos decir y la reunión no terminó bien. Por mi parte, me fui quebrado desde el punto de vista anímico porque jamás pensé que un instituto que se supone es de asesoramiento y formación gremial --más allá de los problemas del movimiento sindical-- quiso justificar una carta que ninguno de nosotros estamos dispuestos a aceptar y rechazamos”, señaló a EL TELEGRAFO el edil del Frente Amplio.
Ciré resaltó que los términos utilizados “son infelices”, porque “se hizo sobre la base de una campana y solamente por una valoración realizada por un compañero del Cuesta Duarte, que lo difundió por algunos medios de prensa y sacó sus conclusiones”.
El encuentro “no finalizó y quedamos en volver a reunirnos, porque en realidad estaba muy nervioso. Había que bajar la pelota después de decirnos muchas cosas de frente”, reconoció el presidente de la comisión. Aseguró que “nunca se recortaron beneficios a los trabajadores de la Junta, sino que influyeron otros actores en un medio que es netamente político. Incluso se dieron a conocer los alcances del reglamento interno que nos habilita al funcionamiento ante estas circunstancias, pero se siguió justificando ese comunicado inaceptable”. Según el edil, “una vez aclarada la situación, debería existir una disculpa pública” porque “entendemos que se trató de un pronunciamiento desde un ámbito que no corresponde”.
Ciré interpretó que las medidas adoptadas por los funcionarios “se tomaron en un momento político fundamental porque allí se laudaba algo muy importante para la ciudadanía, como es el fideicomiso”. No obstante, auguró la continuidad del diálogo enmarcada en una mesa de negociación, conformada con un miembro de cada partido y tres funcionarios de la Junta Departamental.
Por su parte, el edil Francisco Gentile --suplente en la Comisión de Presupuesto-- aclaró que “no se quitaron derechos a los funcionarios” en la elaboración presupuestal, sino que “se pusieron en regla algunas situaciones que no estaban bien resueltas”. De acuerdo al edil, los recursos solicitados para vestimenta y lentes “fueron aceptados” e incluso “se les dijo que lo que pagan por Fonasa se incluiría en los sueldos”.
Para el legislador departamental, “se trató de una jugada política” que declinó adjudicar a alguien. Sin embargo, reconoció que los reclamos se llevaron adelante “a través de un sindicato como COFE --correspondiente a los entes autónomos-- que no se relaciona con las intendencias”.
Gentile reiteró que los ediles actuaron en la última sesión “ajustados a derecho con funcionarios de particular confianza, que no son ediles”.

REUNIÓN CON EL PIT CNT
La Mesa Departamental del Pit Cnt recibió a la asociación de funcionarios del deliberativo comunal para conformar un sindicato local en el marco de la organización de una federación que los nucleará a nivel nacional. “La idea es utilizar los distintos mecanismos de formación a través del Instituto Cuesta Duarte para capacitar a los trabajadores y oficiar como una herramienta que habilite a una mejor negociación” y que “el hecho de adoptar una medida de huelga previamente a una sesión no se transforme en una traba para cerrar el diálogo, sino apostar a un acercamiento de las partes”, dijo el integrante del plenario, Álvaro Guigou.
El dirigente resaltó que se impulsará la plataforma reivindicativa que presenten los trabajadores, a través de una mesa de negociaciones. “Los ediles nos trasladaron que el Presupuesto no está cerrado, sino que se elevó para una evaluación en el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, manifestaron que algunos aspectos se deberán cambiar, pero se hará en un ámbito de negociación entre los funcionarios y ediles”, dijo a EL TELE-GRAFO.
Guigou aclaró que “la nota fue elaborada por el Cuesta Duarte ante las declaraciones de algunos ediles y como movimiento sindical no permitimos que se cuestione una medida de huelga realizada por los trabajadores organizados”. Explicó que “más allá del reglamento interno que avala el funcionamiento de la Junta a pesar de determinadas circunstancias, entendemos que ante el paro de los trabajadores no debe llevarse adelante una sesión porque los secretarios de las bancadas ocuparon el lugar de los funcionarios y eso es avasallar el derecho de huelga”.
Según Guigou, “el Cuesta Duarte criticó el posicionamiento público realizado por algunos ediles de las reivindicaciones de los trabajadores. Apostamos a la maduración de las partes, donde los funcionarios lleven adelante sus reclamos y los ediles lo recojan en un ámbito de diálogo”.

EL LUNES, LOS BLANCOS
La bancada de ediles del Partido Nacional se reunirá mañana para considerar este tema, según adelantó uno de sus coordinadores, Ignacio Ifer. “Las medidas son legítimas como cualquier otro sindicato. No olvidemos que el Presupuesto se elaboró en una comisión integrada por todos los partidos y nuestro representante es Marcelo Tortorella. A partir de la información recibida, la votamos en conjunto”, señaló a EL TELEGRAFO.
Ifer precisó que “no compartimos la forma de relacionamiento del presidente de la Junta Departamental (Jorge Dighiero) con los funcionarios”, quienes “manifestaron que allí se producen los roces y las complicaciones”. Reconoció que “si estos reclamos se presentaban de otra forma, quizás se llevaban adelante con el mismo texto. Ocurre que hay formas y formas de decir las cosas, por eso nos vamos preocupados”.
Con respecto a lo aprobado, “estamos de acuerdo, si bien sabemos que habrá aspectos que se pueden ajustar. Para dialogar tiene que haber dos partes y me consta que las coordinadoras del Frente Amplio, Elsa (Ortiz) y Silvia (Fernández), al igual que el Partido Colorado, intentamos actuar como una especie de bisagra entre los funcionarios y el presidente”.

APUESTA AL DIÁLOGO
En el Partido Colorado, el edil Edgardo Quequin señaló que comparten las inquietudes de los trabajadores, “no así las opiniones vertidas en la prensa por parte de algunos funcionarios” que acusaban a los ediles “de haber faltado a la verdad”.
El representante colorado e integrante de la Comisión de Presupuesto aclaró que “no hay intenciones de perjudicar” los reclamos. Sin embargo, se “trata de reglamentar otras cuestiones que se reiteran desde períodos anteriores, con las que coincidimos y han traído malestar”. Quequin coincidió con sus pares consultados en que “este Presupuesto fue votado por mayoría, pero se pueden concretar pequeñas correcciones en determinados rubros para atender sus demandas”.