Locales | 14 Dic En sendas exposiciones ante la Cámara de Diputados, la representante sanducera Patricia Vásquez Varela se hizo eco de la situación planteada por los funcionarios del Área de Control Integrado (ACI) en el puente internacional “José Artigas”, así como también una solicitud de aprobación del protocolo de actuación relativo a la asistencia de la salud de las personas privadas de libertad.
La diputada suplente de Nicolás Olivera pidió que se instrumenten los mecanismos necesarios para lograr que se realicen a los funcionarios del ACI los estudios que descarten o ratifiquen problemas de salud por diferentes factores de contaminación en la zona de trabajo. “Los funcionarios, agremiados en COFE Paysandú, nos acercaron su preocupación en cuanto a las condiciones de trabajo adversas, aspirando a que sea la Dirección Nacional de Medio Ambiente que, luego de la constatación de enfermedades laborales, inicie la valoración ambiental de contaminación correspondiente, a partir de los cuales se logren los caminos pertinentes para subsanar la problemática de salud multicausal que se denuncia”, precisó.
Dijo que “en particular se hace referencia a contaminación sonora, contaminación por monóxido de carbono, presencia de roedores y un sinnúmero de perros vagabundos en la zona, así como gabinetes higiénicos escasos y con mal funcionamiento”.
Indicó que “a partir de la solicitud promovida por funcionarios de Aduana, el Ministerio de Salud Pública realizó una inspección por intermedio de tecnólogas de salud ocupacional”, y se notificó a las autoridades de la Aduana que “se deberán realizar mediciones de ruido ambiental y de niveles de monóxido de carbono, y de no cumplirse en los plazos establecidos el MSP podrá disponer la clausura del establecimiento, según el artículo 266 de ley 15.903 y aplicar las sanciones correspondientes de acuerdo al Decreto Nº 137/06”.
Aduanas dispuso la realización a sus funcionarios que cumplen tareas en el Área Integrada “un hemograma completo, radiografía de tórax, funcional respiratorio, audiograma y algún otro estudio que el médico tratante considere necesario”. “Ante la gravedad del contexto laboral mencionado, se solicita que las autoridades involucradas en el Área Integrada dispongan en igual sentido, respecto de sus funcionarios, la realización de estos estudios, asumiendo los costos respectivos, en el entendido de que las afecciones denunciadas emergen de las precarias condiciones de trabajo”, planteó la legisladora.

PROTOCOLO PARA PRIVADOS DE LIBERTAD
Paralelamente, en otra exposición, Vásquez Varela solicitó que se instrumenten los mecanismos necesarios para “terminar de conformar el protocolo de asistencia médica de las personas privadas de libertad, en la medida de que son conocidos los problemas que pueden generarse en los centros de atención de salud del país”.
“En Paysandú, días pasados hemos asistido a la instancia ocurrida en el Hospital Escuela del Litoral Galán y Rocha, donde un recluso esperando turno para ser asistido sustrajo el arma de uno de los funcionarios policiales que los custodiaba y fugó. Otra situación más grave fue la suscitada en la ciudad de Montevideo en el Hospital de Clínicas, donde un recluso internado en el piso 10 quitó el arma al funcionario policial asignado a su custodia, le disparó en el abdomen, tomó a una enfermera como rehén y escapó en un taxi”, relató.
Estas circunstancias generadas con pacientes privados de libertad “generan un entorno de inseguridad, tanto para los usuarios del servicio como para los propios funcionarios y profesionales de los centros de salud, como también falta de garantías para el cumplimiento de la labor de todos aquellos que se encuentran vinculados con ella”.