Opinion | 16 Dic Todas las semanas se incautan unas 20 motos encontradas en infracción o sus conductores imposibilitados de conducir. De acuerdo a un jerarca de la Intendencia departamental, ese número obedece a que “no se aprieta acelerador porque entonces, fácilmente, duplicaríamos ese número”. Pero aun así, con el número de motos que se retiran, en un año serían mil motos retenidas.
Si bien es cierto que algunos conductores las retiran, después de pagar las multas y el “derecho de piso” que se arancela por día, claro es que al menos la mitad las deja para nunca más volver por ellas. En realidad, en muchos casos se trata de vehículos armados con partes de varios otros, o que se encuentran muy deteriorados. Por tanto, no resulta conveniente pagar multas, recargos y posiblemente patente impaga porque ese pago sería más elevado que el valor de la moto o del vehículo que fuera.
Ahora bien, en cumplimiento de la Ordenanza de Tránsito es apropiado incautar un vehículo cuando la norma así lo indique. Lo que no tiene sentido --ni lo ha tenido en todos estos años-- es que se guarden en depósitos municipales, muchas veces a la intemperie y no se tome acción posterior alguna.
No sirve a nadie esa actitud que, empero, es la que se tomó en las anteriores administraciones aun cuando se aducía que había impedimentos legales. Pues no es así desde 2007, que fue cuando se aprobó la ley 18.191 que regula precisamente el tránsito y la seguridad vial.
Pero decisiones políticas de difícil comprensión motivaron que una y otra vez, los intentos de jerarcas medios de proceder al remate golpearan contra el muro de los intendentes de turno para que no eso no fuera posible.
Ahora se anuncia que finalmente se procederá al remate o al llamado a interesados en la compactación en chatarra. Es cierto, es un anuncio, pero con la diferencia que esta vez se ha dado el paso decisivo, el emplazamiento de los propietarios para que se presenten y paguen todo lo adeudado para recuperar su vehículo o lo dejen y entonces habiliten su remate.
Carece de sentido tener enormes depósitos con miles de vehículos a los que el paso del tiempo los va convirtiendo lentamente en fantasmas. Para colmo hay que instalar servicios de vigilancia, por ejemplo. Esto es hay que gastar dineros públicos en algo que no dará retorno.
Sin dudas millones de pesos que la Intendencia nunca podrá cobrar, aunque con legitimidad puede exigirlos, si es que tan solo los propietarios se hicieran cargo de las deudas.
La única manera de aliviar gastos es proceder al remate, que tampoco redituará gran cosa. Tan pronto como se pueda y de ahí en adelante en forma periódica. El que tenga vehículo, que lo cuide y respete las normas.