Opinion | 16 Dic Recientemente, desde esta misma página editorial, formulábamos reflexiones discrepantes con la visión del Poder Ejecutivo, en el sentido de promover la aprobación de un proyecto de ley que incorporaba la figura del feminicidio como una figura específica diferente a la del homicidio, con elementos agravantes en la pena y como intento de que este agravamiento tuviera carácter disuasorio para quienes perpetran estos crímenes contra mujeres.
Entre otros aspectos señalábamos que se establecería un factor diferencial entre personas, por su sexo, lo que no solo va contra lo que establece la Constitución en cuanto a que todos somos iguales ante la ley, sino que por promover una “discriminación positiva” en procura de proteger al más vulnerable, se termina yendo contra el sentido común y dando rienda a voluntarismos que no se compadecen con la legislación y con la realidad.
Debe establecerse en este sentido que el presidente Tabaré Vázquez ordenó que se considerara el feminicidio en el Código Penal, y pidió aumentar las penas para los homicidas de mujeres. La redacción del proyecto de ley para darle forma a la idea recayó sobre el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, quien había anunciado, el 30 de noviembre, que la postura del gobierno era tipificar el delito “con independencia de otros”. Sin embargo, luego de escuchar la opinión del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, quien en rueda de prensa cuestionó esta forma, y luego de reunirse con grupos feministas, desde el gobierno se ha optado por promover que se tipifique el feminicidio como agravante especial del homicidio.
De esta forma se busca ponerse a cubierto de posibles cuestionamientos jurídicos e igualmente se envía una señal en el sentido de que matar a una mujer por cuestión de género es sancionado con mayor gravedad que otros homicidios.
Ante las posibilidades legislativas de que el feminicidio fuera delito independiente o un agravante especial del homicidio, se ha optado por esta última posibilidad, al llevarse la pena al máximo previsto en la legislación actual, 30 años de cárcel. El presidente de la Corte manifestó su disconformidad con tipificar el feminicidio como delito independiente y, en cambio, consideró que técnicamente lo mejor es establecer “una agravante específica por razón de género”. Aclaró que el homicidio es un delito que prevé la muerte, tanto del hombre como de la mujer, por lo que no sería conveniente que solo tipificara el crimen de hombres.
También varios penalistas cuestionaron que se tipifique el feminicidio y, en especial, que se lo haga como delito independiente, lo que aparentemente ha sido percibido por el gobierno como una señal clara de las dificultades jurídicas para consagrar esta figura que recoge en gran medida el planteo de terminados colectivos, como grupos feministas.
Y en este sentido son de recibo sobre todo expresiones del abogado penalista Gustavo Bordes, quien expresó a El Observador que definir una nueva figura penal por el simple hecho de que la víctima sea mujer puede “generar inequidades y perplejidades” para el derecho, ya que se empieza a legislar “para un determinado grupo. Si lo que quiere agravar es la desproporción de la fuerza o una situación de indefensión, hay otros tantos casos (como una persona postrada, un niño o un inválido) que también habría que agravar”, expresó, y ese es precisamente el punto.
Es que sin duda el énfasis debe hacerse en la indefensión de la víctima y las circunstancias y no necesariamente por el género, teniendo en cuenta que ya por sí la inferioridad física inherente al sexo femenino constituye por naturaleza un elemento agravante.
Y el punto es que lo más importante, por encima de la forma penal que se le dé al delito o de la cantidad de años que se aumentará la pena, es la señal que se da para generar una mayor visualización del problema de violencia doméstica, con lo que estamos plenamente de acuerdo.
Ahora, más allá de este tema puntual, hay otros elementos a tener en cuenta que son común denominador con el planteo de determinados colectivos, porque a partir de la promoción de la idea de la “discriminación positiva”, hay también grupos que han perdido el rumbo y se centran solo en su situación o reclamo, y procuran que todo lo que se haga gire en torno a su visión particular de las cosas.
Hay colectivos que se han integrado en grupos que ejercen presión sobre gobierno, instituciones y opinión pública que promueven que las cosas se hagan en función de su parecer, lo que es un elemento distorsionante en la democracia, y muchas veces pretenden imponer a la sociedad su modo de pensar, aún inconscientemente.
Recordamos el caso de una dirigente de una asociación de afrodescendientes, que al salir de una discoteca participó en disturbios que son frecuentes al término de estas reuniones y pretendía que, porque en medio de la refriega recibió un insulto “racista”, la agresora fuera procesada por racismo, lo que fue desestimado naturalmente por la Justicia, y cuestionó el fallo por no haberse ajustado a su planteo.
Podríamos llegar también al caso, haciendo una exégesis que no debe tomarse como realidad, pero sí ilustrativa, que pida establecerse como un agravante el “gaycidio”, “afrodescendientecidio” o “enanicidio”, porque hay algún colectivo que ha hecho de su situación el eje del mundo que los rodea.
Sobre todo, hay organizaciones que se apoyan en el hecho de estar unidos para hacer lobby para descalificar, cuestionar o tratar de dejar en ridículo a quien no comulgue con su modo de pensar, como ha sido la descalificación a un dirigente de grupos carnavaleros --éste no fue feliz en el modo de decir las cosas-- porque discrepó con la idea de que la reina de carnaval montevideana pudiera ser un travesti o transexual, y trajo a colación como argumento cual es la real condición de género, porque al fin de cuentas el ciudadano deber ser respetado en su forma tradicional de ver las cosas.
Y está muy bien que se creen asociaciones para defender derechos humanos en toda situación en que éstos sean vulnerados o puedan serlo, por discriminación o la causa que sea, pero el límite se traspasa cuando se trata de imponer visiones a los demás en aras de una pretendida igualdad que busca lograrse cualquiera sea la opinión del otro, al que no se toma en cuenta, como si no importara, no tuviera capacidad de discernimiento o de entender al mundo.