CONGRESO DE INTENDENTES

Locales | 18 Dic MONTEVIDEO, 17. (Por Enrique Julio Sánchez) La bancada de intendentes del Partido Nacional se retiró de la mesa de negociación colectiva en materia salarial, que había acordado integrar en el plenario de setiembre, realizado en Florida, de la que participan el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y los sindicatos municipales. Los grupos de negociación están regulados por la ley 18.508 (Negociación colectiva en el marco de las relaciones laborales en el sector público).
La decisión se tomó en respaldo a la intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, quien denunció presiones del sindicado de empleados y obreros municipales de su departamento, que desembocaron en ocupaciones de espacios de la intendencia. Asimismo, Peña dijo en el plenario: “recibí una llamada del ministro (de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro) en un tono que no me gusta; y me guardo las palabras exactas y la apreciación que hizo”. También indicó que una vez alcanzado un acuerdo entre partes con sus trabajadores, sin participación del MTSS, fueron citados por el ministerio; “lo único que hicimos fue mandarle el acuerdo”, afirmó.
El plenario comenzó a las 12.40, aunque inicialmente estaba anunciado para las 11, y mostró medidas de seguridad adicionales. El acceso a la sala del plenario estaba cerrado con llave. Una fuente sostuvo que eso se debió a que “hay temor de que la confederación (de empleados municipales) llegue a la sede y haga algún tipo de manifestación”. Por tanto, todos los que querían acceder al plenario, debían pasar por las oficinas administrativas.

DEFENSA DE LA AUTONOMÍA DEPARTAMENTAL
Recién cuando la intendenta de Lavalleja ingresó a sala --a las 13.30--, el presidente del cuerpo, Sergio Botana, intendente de Cerro Largo, trajo a consideración el tema del relacionamiento laboral con los trabajadores municipales.
La propia Peña fue la miembro informante de la bancada mayoritaria, ante el total mutismo del resto de los intendentes, frenteamplistas y colorados.
Peña recordó que en su departamento se otorgaron aumentos salariales del 120% a los municipales, quienes lograron un 50% de recuperación salarial. “Además de otras ventajas que les fueron otorgadas, totalmente conscientes de que lo necesitaban”, aseguró. Pero en los últimos días, “sufrimos varias ocupaciones porque el sindicato entendía que la Intendencia de Lavalleja tenía la obligación de firmar un acuerdo tripartido con la participación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”.
“Eso --agregó la intendenta de Lavalleja-- lesiona claramente la autonomía departamental, la que defiendo y mantengo a ultranza”. Ante esto, se produjeron tres ocupaciones hasta que el miércoles “llamé al presidente de Adeom (Daniel Urquiola) y le propuse sentarnos a dialogar sin la presencia de personas intransigentes. Nos sentamos y en una hora acordamos y fueron desocupados los tres locales. Firmamos un acuerdo entre Adeom y la intendencia, y desocuparon entre aplausos, abrazos y llantos”.
También informó que “hubo una declaración de ni vencidos ni vencedores, otra de amistad entre los funcionarios y otra donde se reconoce a esta mesa de negociación (bipartita) que se acaba de establecer. Con nuestros funcionarios y la Constitución podemos llegar más lejos que en otras condiciones”.
Como corolario de sus palabras, en las que quedó claro el rechazo a lo que se entiende un ataque a la autonomía de las intendencias municipales por el ministerio a cargo de Ernesto Murro, Peña leyó la declaración en la que los intendentes blancos resolvieron abandonar el formato tripartito de negociación.
“Vistas las actuales circunstancias de conflictividad laboral en algunos ámbitos departamentales, la bancada de intendentes del Partido Nacional reitera su compromiso con la implementación de ámbitos de negociación colectiva, como se han realizado desde hace años, en el marco de las autonomías departamentales y con las particularidades y características propias de cada departamento”, afirmó.
A renglón seguido, se indicó que “la participación de actores externos a las partes no ha contribuido a generar la confianza necesaria”, por lo que los intendentes del Partido Nacional resolvieron manifestar “su absoluto respaldo a los gobiernos departamentales que han sufrido dificultades en el relacionamiento laboral con consecuencias perjudiciales para la población”.
En consecuencias, la declaración estableció “que en las actuales circunstancias no están dadas las condiciones para llevar adelante negociaciones entre el Congreso de Intendentes y la Federación de Funcionarios Municipales en pos de alcanzar los objetivos que se acordaron en Florida, por lo que se resuelve retirarse de la mesa de negociaciones instalada el 17 de setiembre de 2015”.
Solo el silencio acompañó el final de la intervención de la intendenta de Lavalleja, seguido del intercambio neutro de miradas. Botana abrió la posibilidad de intervenciones, pero nadie pidió la palabra. A la derecha de Peña estaba sentado el intendente de Maldonado, Enrique Antía, y luego el de Montevideo, Daniel Martínez, quien también sufrió ocupaciones de funcionarios. No obstante, no habló.
En ese silencio casi corpóreo, Botana explicó que “no se pretende involucrar a nadie, sabemos las diferentes situaciones y posiciones que cada uno tiene al respecto en este tema. Sabemos lo que todos estamos viviendo”.
En Florida, de acuerdo con la ley Nº 18.508, se había decidido establecer mesas de negociación colectiva integradas por las intendencias, por tres delegados designados por la organización representativa de los funcionarios y por un representante del MTSS. También se había decidido que podían participar como asesores delegados de la OPP, del servicio civil y del Ministerio de Economía y Finanzas.
El cometido de las mesas de negociación era resolver sobre las condiciones de trabajo, salud e higiene laboral, el diseño y planificación de la capacitación y formación profesional de los empleados en la función pública, la estructura de la carrera funcional, el sistema de reforma de la gestión del Estado, criterios de eficiencia, eficacia, calidad y profesionalización, las relaciones entre empleadores y funcionarios y las relaciones entre uno o varios organismos públicos y las organizaciones de funcionarios públicos correspondientes y todo aquello que las partes acuerden en la agenda de la negociación.

CONCEJALES QUIEREN REMUNERACIÓN
El presidente de la Comisión Sectorial de Descentralización, el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, advirtió en el plenario “de un tema que se puede volver peligrosísimo” y sobre el cual se había discutido en la sectorial.
“Los concejales (de los municipios) están pidiendo retribución; quizás a alguno de ustedes ya les está pasando. Es un tema que se nos puede poner difícil”, indicó. Agregó: “tengo conocimiento que algunas intendencias ya han otorgado salario a los concejales” y que “en el caso de Durazno, de una de las alcaldías me llegó el pedido de que los concejales quieren tener retribución. Piden la mitad de lo que cobran los secretarios de bancada de ediles departamentales, que en Durazno es de algo más de 40.000 pesos”.
“Así que los concejales piden 20.000 pesos más exoneración de pago en contribución inmobiliaria y en patente de rodado”.

ACOMPAÑARÁN AL PRESIDENTE
EN VIAJES AL EXTERIOR
Vidalín informó que cuando se realizó el Consejo de Ministros en Durazno, el 23 de noviembre pasado, “el presidente de la República, Tabaré Vázquez, me pidió que transmitiera al congreso que es su interés que de ahora en adelante, en cada viaje oficial que realice el primer mandatario, integren la delegación también representantes del congreso. Lo comunico y lo paso a la mesa, para que continúe con el trámite”.