Opinion | 21 Dic Al menos en Uruguay, algunas empresas públicas han servido para el lanzamiento de carreras políticas y el posicionamiento de las ambiciones de sus figuras en el contexto nacional.
En ocasiones han salido bien parados y en otras --como ahora-- son rehenes de las circunstancias y se encuentran en medio de resultados negativos que golpean a otros referentes.
El último Consejo de Ministros se presentó bajo un ámbito de reflexión, donde el presidente Tabaré Vázquez resaltó las dificultades expuestas en los primeros nueves meses de gobierno, definidos como “los más difíciles” y sin la habitual “luna de miel” que obtiene cada mandatario antes de comenzar a padecer las consecuencias de sus resoluciones estratégicas.
Es probable que al propio Vázquez le haya sorprendido la virulencia de los ataques provenientes de una interna cambiante, bajo un escenario imposible de imaginar en 2005 y los años inmediatos siguientes, mientras su liderazgo era incuestionable y las discusiones aún se zanjaban en la interna.
Alcanzó con la llegada de Mujica al poder en 2010 y las elecciones pasadas, que ubicaron nuevamente a su sector con mayoría en las bancadas, para comprender las palabras del mandatario que tuvo “dificultades de todo tipo”.
Ese poder --que desde dentro se ha hecho valer-- le planteó duros escollos en las discusiones presupuestales y debió torcer su brazo para abandonar las negociaciones con el TISA, por la férrea oposición de la poderosa minoría frenteamplista.
Un capítulo aparte merecen los resultados difundidos a través de la investigadora de Ancap, que desde el Senado, saltó a la opinión pública y provocó una brecha interna que será difícil de subsanar.
Las declaraciones cruzadas entre Astori y Mujica minaron la línea de flotación y aunque se quiten los factores relevantes del centro de la discusión, enmarcado en un país desacostumbrado a debates con altura ideológica y política, los resultados de una gestión ineficiente durante el mismo gobierno es --a estas alturas-- irrefutable.
La Justicia resolverá o no si existen o existieron irregularidades en una de las empresas más grandes del país. Lo que está claro es que todos sabían lo que allí ocurría, y que el gobierno de Mujica logró lo impensable: fundir (también) a la principal empresa del país, Ancap.
Una vez logrado el cometido de ganar las elecciones, el tiempo que queda servirá para recalcular cómo se posicionan a los nuevos liderazgos.