Opinion | 21 Dic A mediados de este año, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Alvaro García, expuso las bases del denominado Sistema Nacional de Competitividad (SNC), que la Administración Vázquez apunta a instrumentar durante su mandato, con la perspectiva de incluir en esta línea una serie de parámetros que no solo tengan en cuenta la relación cambiaria como eje, rompiendo así con una tradición histórica en el país.
El objetivo implica la creación de un Gabinete Ministerial de Competitividad, integrado por los ministerios de Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas, Industria, Energía y Minería, Trabajo y Seguridad Social, Ganadería, Agricultura y Pesca, Turismo y la propia Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en sustitución del Gabinete Productivo, al Gabinete de la Innovación y a la Comisión Interministerial de Comercio Exterior.
La productividad es un concepto que es manejado por los gobernantes, economistas, técnicos, como un valor a cultivar en toda economía, porque a mayor productividad menor inflación, más capacidad de compra de bienes y servicios por menores costos, más competitividad y en suma, más generación de riqueza.
Es pues un componente tan serio como imprescindible, pero además complejo, porque se nutre de muchas variables y ello explica la iniciativa de coordinar la actividad de diversas agencias e instituciones públicas, directa e indirectamente vinculadas con la problemática, como es el caso de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, Agencia Nacional de Desarrollo Económico, el Instituto Uruguay XXI, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y la Corporación Nacional para el Desarrollo.
Es que efectivamente la productividad global de la economía y sus mejoras permanentes permiten sostener un proceso de crecimiento en el tiempo, y ello amerita que de alguna forma no dependa solo de la relación cambiaria como se ha hecho invariablemente, aunque nunca podrá evitarse la incidencia de este factor.
Así, adecuar la relación cambiaria, acelerando el proceso devaluatorio produciría un abaratamiento del país en dólares para la venta de nuestros productos, pero a su vez ello tendría su costo en inflación, en pérdida de poder adquisitivo, en encarecimiento de insumos --necesarios para producir dentro de fronteras-- y otros tantos parámetros que tienen que ver con el valor del dólar.
Por lo tanto, la gradualidad en un proceso complejo y de reacomodamiento de parámetros, con una inflación que está casi en los dos dígitos, es fundamental, aunque el margen de maniobra es estrecho. Este escaso margen de maniobra es un corsé muy difícil de desatar, y puede llevarnos a perder el tren durante varios años, ante desequilibrios que deben tratar de revertirse con mucho cuidado y evitando que el remedio no resulte peor que la enfermedad. En todos los casos, la receta debe involucrar también coordinar las políticas fiscal, monetaria y salarial, como parámetros indisolublemente ligados a la competitividad buscada.
Ahora, en Uruguay la productividad no existe por ejemplo en la escala de aspiraciones y menos aún plataforma de reclamos de los sindicatos, que ignoran olímpicamente este factor por considerarlo como un medio de explotación capitalista.
Corresponde traer a colación un estudio de hace unos meses del Banco Mundial que indica que la contribución del capital humano al crecimiento que ha tenido Uruguay, sobre todo en la última década, ha sido muy baja, según la evaluación que formuló el director regional de este organismo, Jesko Hentschel, al analizar el panorama que se abre en nuestro país para el gobierno, así como los retos por temas pendientes y los que surgen a partir de un escenario internacional que ha cambiado.
Consideró que en un período en que no hay tanto viento de cola, “el empuje por la productividad y el crecimiento en el futuro es aún más grande”, habida cuenta de un escenario internacional complicado y planteos difíciles en lo interno, como es el caso de la situación demográfica, y en el plano de la educación, la gran deserción y la movilidad educativa.
Razonó además que otro desafío es elevar la competencia y la competitividad. “Si comparamos la contribución de la productividad total al crecimiento en Uruguay con otros países, esta no es alta. Es necesario empujar la innovación a través de una mayor competencia, lo que tiene mucho que ver con las regulaciones anticompetencia y fomentar la competencia público y privada. El punto es continuar aumentando la eficiencia, también en las empresas públicas, mejorando las reglas y la institucionalidad”.
Lamentablemente, nuestras empresas públicas son altamente ineficientes, son fuente de empleo estatal, y al ser monopólicas no importan los números en rojo, como es el claro ejemplo de Ancap. Por otra parte, seguimos con altos costos internos, empezando por los salarios altos en dólares, fuerte carga tributaria y los altos costos de insumos y energía.
Y con muy pocas alternativas para el corto plazo, para por un lado rebajar el costo país para los sectores reales de la economía, mantener el nivel salarial, y en esta dirección reducir el costo del Estado, nos queda redoblar la apuesta a la productividad, un valor diferencial que conlleva entre otros aspectos contar con tecnología actualizada en los centros de producción de bienes y servicios, mano de obra capacitada, coordinación, mejor gestión, logística a tono con los requerimientos y una escala de volumen suficiente para abaratar la cadena de producción cuando salga el producto terminado.