Nacionales | 18 Dic El secretariado del Frente Amplio se reunió para analizar la situación del ente, que calificaron de “preocupante” y resaltaron la necesidad de “dejar de dar declaraciones” sobre el tema.
El presidente de Ancap, José Coya, anunció en el Parlamento que no renunciará, aunque sí habrá cambios en algunas gerencias, tales como un nuevo cargo gerencial en las finanzas a partir de marzo y comunicaciones con el Ministerio de Economía (MEF) para fijar precios de combustibles.
Coya, quien compareció en la comisión investigadora del Senado, dijo que en el primer semestre del año el déficit de la empresa fue de U$S 165 millones y añadió que no hubo irregularidad en la gestión del ente, pese a las abultadas pérdidas que se han registrado en estos últimos años.
Según el funcionario, que integra la Lista 711 del vicepresidente Raúl Sendic, la única irregularidad comprobada en la comisión investigadora fue la “filtración” a El País de una versión taquigráfica de una sesión secreta.
El Poder Ejecutivo enviará un proyecto de ley al Parlamento para condonar la deuda que Ancap mantiene con el MEF y, de esa manera, capitalizará la empresa. Esa deuda es por los préstamos que salieron de la Tesorería para que Ancap pagara la deuda que mantenía con Pdvsa por compras de petróleo.
Hoy Ancap tiene un endeudamiento por U$S 2.200 millones, su patrimonio cerró el año pasado en torno a los U$S 400 millones y se estima que se reduciría a la mitad este año, de no concretarse la operación.
Paralelamente, el gerente de Servicios Generales de Ancap, Javier Cousillas, acusó a sectores y dirigentes del Frente Amplio de aliarse “con la derecha” para dañar a la empresa, en medio de la crisis que atraviesa por las pérdidas millonarias. En una nota publicada en su blog (Cuadernos del taller), el jerarca indicó que ha sido “descomunal” el perjuicio a la empresa pública y acusó a compañeros y adversarios políticos. “La derecha y algunos sectores del FA se vuelven a unir como en el 2003 para cuestionar el papel de Ancap como palanca de desarrollo de la economía nacional y desde el resto del FA, salvo honrosas excepciones, el silencio es estruendoso”.
A su modo de ver, la investigadora que funciona en el Senado para determinar si hubo irregularidades o ilicitudes en la gestión del organismo desde 2000 a 2015 ha sido una de las que menos investigó en la historia parlamentaria. Repasó cifras en defensa de las decisiones del ente y aseguró que esos argumentos son “para infradotados”.
Según Cousilla, “Ancap factura anualmente 5.000 millones de dólares por año y su problema está en que entre los años 2011 y 2014 dejó de recaudar 800 millones de dólares asumiendo costos de distribución que no fueron volcados a la tarifa con el objetivo –que comparto-- de que la inflación no superara el 10%. Le guste o no le guste a los Astoris, Valentis, Michelinis y los voceros de la derecha que actúan como repetidores de análisis que responden a una estrategia suicida”, disparó.
“Que esta inmoralidad la haga la derecha está dentro de la lógica; pero que no la asuman los frenteamplistas que la decidieron, rompe lisa y llanamente con todos los valores que deben guiar el pertenecer a una fuerza política que tiene la obligación de gobernar de acuerdo con sus postulados históricos y con el programa que se le presentó a la gente”, agregó en su nota.
Cousillas ha sido uno de los gerentes que se negó a asistir a la investigadora que funciona en el Senado cuando se solicitó su comparecencia. El actual gerente de Servicio Generales es socialista y en la misma nota en su blog informa que trabaja hace 33 años en el ente petrolero. “Es mi opinión de los hechos, a la que tengo derecho como ciudadano y, como verán, está teñida por mi militancia frenteamplista. No involucra absolutamente a nadie más que a mí y a mi conciencia”, concluyó.
CERCANO AU$S 200 MILLONES
El senador del Partido Nacional Álvaro Delgado aseguró a El Espectador que el presidente de Ancap, José Coya, “tuvo que reconocer” en la comisión que estudia la situación económica y financiera de la petrolera que el déficit del ente este año “va a ser muy grande”.
Según Delgado, “Coya tuvo que reconocer que el déficit de Ancap este año va a ser muy grande. No ya los 50 millones de dólares que había anunciado él y la ministra Carolina Cosse por mayo. Ante la pregunta que se le hizo sobre el déficit del año, prefirió ser más cauto. Le preguntamos que por lo menos diga el déficit del primer semestre y habló de 165 millones de dólares. Obviamente, las proyecciones serán de un déficit cercano o superior a los 200 millones de dólares”.

MUNICIPALES OCUPAN INTENDENCIAS Y MUNICIPIOS
Se agravó el conflicto en las intendencias de Montevideo y de Lavalleja con los respectivos gremios de municipales y, mientras la comuna capitalina aceptó la mediación del Ministerio de Trabajo en el conflicto, la Intendencia de Lavalleja considera que viola la autonomía municipal.
Las Asociaciones de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) de Montevideo y de Lavalleja ocuparon las intendencias. En el caso de Montevideo, la administración de Daniel Martínez solicitó el desalojo, mientras que la jefa comunal nacionalista, Adriana Peña, decidió dejar que ocupen porque “tienen el derecho de manifestarse”.
Peña añadió que “la ocupación de la oficina central no es importante, pero puede afectar el cobro del aguinaldo. Esa decisión depende de ellos. Este viernes deberían cobrar el aguinaldo, pero no lo van a cobrar por más que entreguen el dinero, ya que el aguinaldo no se puede cargar”.
El reclamo más importante es salarial, indicó el presidente de Adeom Lavalleja, Sergio Charquero. Explicó que “una asamblea propone el aumento por IPC vencido más 3% semestral de recuperación y la intendencia limita ese porcentaje a 0,5%, lo que consideramos insuficiente”.
En el caso de Montevideo, el director de Recursos Humanos, Eduardo Brenta, dijo que la comuna aceptó la negociación tripartita propuesta por la cartera de Estado, cuyo encuentro se efectuará hoy en el ministerio. El lunes habrá otra tripartita, pero con el intendente.

BID OTORGARÁ U$S 1.800 MILLONES
Con la presencia del ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, y del representante del BID en Uruguay, Juan José Taccone, se anunció que la institución prevé otorgar al sector público uruguayo U$S 1.800 millones para esos años, en oportunidad de la presentación de la nueva Estrategia de País Uruguay-Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el período 2016-2020.
Astori indicó que se espera que dos tercios de esta cifra sean aprobados por la institución entre 2016 y 2017. En esta línea, el BID aprobó un préstamo de U$S 250 millones que tendrá el objetivo de ejecutar un programa de reformas para “mejorar la contribución del sistema financiero al crecimiento de Uruguay”, según consignó un comunicado de la institución.