Paysandú, Viernes 25 de Diciembre de 2015
Nacionales | 21 Dic Al menos 800.000 uruguayos solicitan préstamos de unos $ 30.000, y hasta 480.000 de ellos terminan pidiendo nuevos créditos para pagar otros anteriores. Las condiciones para acceder al préstamo son cada vez menores, al tiempo que aumentan las opciones. Los trámites se inician a sola firma, con la cédula exclusivamente, por correo electrónico o por teléfono. Incluso el Banco República ya otorgó préstamos --con determinados beneficios-- a más de 60.000 jubilados, muchos de los cuales formaron largas filas o hasta acamparon toda una noche para acceder a ese dinero.
Dentro de ese panorama, los hogares de ingresos medio-bajos son los que se vuelcan en mayor cantidad a los servicios de préstamos. “El bicicleteo”, “la calesita” o “el préstamo limpiador” son algunos de los términos que se utilizan en el sector para denominar esa práctica, al tiempo que se estima entre 400.000 y 480.000 las personas que sacan un préstamo para pagar las deudas de uno anterior, dijo a El País Alejandro Grasso, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Administradoras de Crédito.
En total, a nivel nacional, hay 50 empresas que ofrecen préstamos de montos “menores”, aunque solo unas 14 son consideradas de mayor escala, por cantidad de clientes y servicios otorgados. En líneas generales, los préstamos que se otorgan en Uruguay para el consumo suman cerca de U$S 3.000 millones. Eso incluye las tarjetas de créditos las empresas financieras y también los bancos.
Grasso destacó que las financieras se dirigen al público que no accede a los servicios bancarios por su nivel de ingresos. “Las empresas de crédito atienden a las personas que tienen ingresos medios y bajos, mientras que los bancos se concentran en empresas y en los sectores de ingresos altos”, expresó el empresario.
El contador Nelson Chicurel, especializado en materia financiera, dijo que quienes acceden a los servicios de las casas de crédito y quienes están más endeudados son aquellos que tienen salarios medios y bajos. Afirmó que se trata de personas con salarios por encima de los $ 20.000 y de hogares en los cuales los ingresos totales están lejos de superar los $ 120.000. Añadió que los hogares que totalizan ingresos por encima de $ 120.000 están poco endeudados en materia de consumo masivo (en financieras o con tarjetas de crédito), pero sí lo pueden estar en créditos hipotecarios o en aquellos referentes a la compra de vehículos.
Según indicó, se estima que en Uruguay hay 2,7 tarjetas de crédito por persona. Existen unas tres millones de tarjetas de crédito y dos millones de débito, aunque el 40% de las personas mayores de edad no tiene tarjetas de crédito.
En cuanto a los registros de morosidad, Chicurel dijo que en Uruguay no alcanzan grandes cifras. “Hay una morosidad clasificada como incobrable, que no llega al 3% de los clientes, mientras que la morosidad general se ubica cerca del 10%”, afirmó.
LOS PADRES DE LOLA PIDEN INVESTIGACIÓN
Los padres de Lola Chomnalez, la joven argentina de 15 años que hace ya casi un año fue encontrada muerta en una playa de Valizas, dieron una entrevista en la que aseguran que la investigación “es un chiste macabro”. Adriana Belmonte y Diego Chomnalez aseguraron al diario argentino Clarín que no desean “mediatizar” su dolor, pero quieren “conseguir paz”.
La madre de Lola se refirió a la actuación de la Justicia uruguaya y opinó que “la seguidilla de detenciones fue ridícula”. Según el padre de la joven, el gobierno y la Policía uruguaya se disculparon con la familia por cómo llevaron la investigación. Pero “no hicieron nada. La investigación es un chiste macabro, creo que nos están tomando el pelo. No queremos poner adjetivos calificativos. Ojalá que hagan eso que no hicieron en un primer momento, pero no lo creo. A Lola no nos la devuelve nadie. Al menos pedimos que se sepa la verdad”, añadió.
CAYERON PRECIOS DE ALQUILERES EN EL ESTE
Bajaron un 12% los precios de los alquileres en la costa Este para la temporada de verano que se inicia esta semana, en comparación con la de 2014-2015. La caída mayor se da en la franja de los arrendamientos de precios medios: un 17% menos.
El período que tuvo una baja más significativa fue la segunda quincena de febrero del año próximo, con una disminución de un 25% en promedio. En este caso, se deberá tomar en cuenta que Carnaval se extenderá desde la primera quincena de febrero 2016 y en 2015 lo hizo en la segunda, atrayendo entonces a más turistas.
Los datos surgen del informe del mercado de alquileres temporarios realizado por Casas en el Este. Durante la Reveillón o fiestas que en Brasil van desde el 25 de diciembre al 6 de enero, la reducción en el precio de los alquileres fue de apenas un 5%.
Los analistas aseguran que los principales motivos de las bajas de los alquileres temporarios son la incertidumbre que existe sobre el comportamiento de turistas argentinos después del cambio de mando presidencial y de los brasileños, devaluación y crisis política mediante. Hasta el presente los argentinos efectuaron un 30% más de consultas en relación al año pasado y los brasileños se mantuvieron en los mismos parámetros, al tiempo que los uruguayos hicieron un 25% más de consultas.
DGI INICIA INSPECCIÓN A LOCALES GOLONDRINAS
El titular de la Dirección General de Impositiva (DGI), Joaquín Serra, informó que desde hoy se inician los “operativos de verano” habituales cada año para fiscalizar a los negocios de las zonas turísticas del país. “Este año vamos a poner especial foco en los comercios golondrinas y las actividades informales”, detalló el director de Rentas. A su vez, indicó que serán aproximadamente 130 inspectores los que realizarán la fiscalización en los puntos turísticos, que continuarán hasta el 28 de febrero.
Los controles de la DGI incluyen a comercios de los balnearios de Canelones, Maldonado y Rocha, así como también negocios turísticos de Colonia y la zona litoral que incrementan su actividad por esta época. Serra también precisó que “como todos los años al inicio de temporada efectivizaremos las clausuras para sancionar a aquellos establecimientos que no documentaron adecuadamente sus ventas” en el pasado. Este procedimiento se cumple tras la autorización de parte de la Justicia, que procesó los pedidos de clausura por irregularidades durante todo este año.
La mayoría de las empresas sancionadas son por subdeclaración de impuestos o no facturación de ventas como forma de evadir el pago de tributos. El verano pasado la DGI clausuró 70 comercios en zonas de la costa este y en otros lugares turísticos del resto del país, principalmente vinculados a rubros como la gastronomía y la hotelería.
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