Opinion | 23 Dic Más allá del pasaje de facturas y acusaciones entre dirigentes políticos, tanto entre el oficialismo y la oposición como entre de las dos corrientes predominantes en el Frente Amplio, la situación en que se encuentra Ancap necesariamente nos lleva a reflexiones que tienen encuadre filosófico, ideológico y político, entre otros. Pero al final de cuentas, el hecho incontrastable es que Ancap perdió entre 600 y 800 millones en unos pocos años, que el ente se descapitalizó, y que el presidente Tabaré Vázquez ha anunciado que enviará un proyecto de ley para recapitalizarlo, porque Ancap está fundida y no tiene plata para hacer frente a sus compromisos.
Es decir que el gobierno de Mujica logró lo impensable: fundir la “principal empresa del país”, que “factura 4.000 millones de dólares al año”, según dijera un exitista Raúl Sendic, cuando presidiera el ente estatal.
Y eso mientras cobra los combustibles más caros de la región, es monopólica en ese rubro, y el precio del crudo se desplomó a la cuarta parte del valor de hace unos años. Como empresa pública sostenida por todos los uruguayos, debería ser todo lo opuesto, o sea beneficiar al país con mejor servicio, menores precios y mayores aportes al Estado. De otra forma, no tiene razón de existir.
Pero como precisamente es del Estado, de todos los uruguayos --parece una tomadura de pelo realmente-- cada uno de nosotros va a poner dinero de sus bolsillos para recapitalizarla; hasta el jubilado que cobra una jubilación mínima y reclama hace años por un aguinaldo que se le niega porque “no hay recursos” para los viejos. ¿Para qué? Para que nos siga cobrando los combustibles más caros de la región y el cuarto lugar en el mundo; para que siga pagando a los funcionarios los salarios más altos de la administración, y más aún, cuando ya estaba con déficit, igualmente les subió los salarios por encima del promedio de los otros funcionarios públicos, total…
Y si esto no es mala gestión, no sabemos entonces a qué se puede calificar de mala gestión, suponiendo además que no haya irregularidades, abusos, gravísimos errores, apropiaciones indebidas y eventualmente otros dolos, sobre lo que, si hay acuerdo, debería darse pase a la Justicia. Cabe aclarar que hasta ahora sólo hablamos de Ancap, mientras que las empresas “subsidiarias” que escapan a los controles por regirse bajo derecho privado --pero que son propiedad de Ancap, tales como ALUR o CABA entre un sinnúmero más-- hasta ahora ni siquiera se han comenzado a indagar.
Lamentablemente, esta situación quedó oculta por años porque el partido de gobierno se negó sistemáticamente, en base a su mayoría absoluta en ambas cámaras, a integrar una comisión investigadora. Pero ahora han ido descubriendo los alcances del problema, solo que todavía las responsabilidades, si bien todos sabemos que son del partido de gobierno, se endilgan uno al otro el mujiquismo y el astorismo, en el primer caso porque José Mujica era el presidente de la República y Raúl Sendic, presidente de Ancap; y en el segundo porque además de ser Danilo Astori el vicepresidente, era de su sector el equipo económico.
El punto es que la comisión investigadora de Ancap terminó su trabajo el viernes, no así los senadores que la integraron, que deberán elaborar sus informes para presentarlos en febrero cuando el Parlamento levante su receso de verano.
Según supo El Observador, en total habrá nada menos que cuatro informes, uno por cada partido que participó. Tres serán de la oposición y uno del Frente Amplio, que apoyará la gestión (¿?), sobre todo del período más polémico, cuando aumentó la deuda a partir del año 2011 bajo la presidencia de Raúl Sendic.
Es indudable --ya lo han expresado los respectivos dirigentes-- que la oposición y el oficialismo difieren respecto a si hubo irregularidades. El Partido Nacional y el Partido Independiente aseguran que sí existieron, en tanto que el senador Pedro Bordaberry (Partido Colorado) se mostró cauto y prefirió no adelantar su opinión, mientras que en el Frente Amplio descartan de plano que hubo irregularidades y menos aceptan que pudo haber algún delito.
Sin embargo, desde el Partido Nacional se indicó que en un carril paralelo irán documentos a la Justicia Penal, por cuanto el pago de publicidad a una radio comunitaria de Quebracho que no estaba al aire cuando se contrató una pauta de U$S 5.000 fue el primer elemento que los blancos colocaron en una carpeta separada para enviar a la Justicia.
Dudas sobre eventuales sobreprecios en la construcción de la planta de ALUR –así lo denunciaron en el Parlamento empresarios que no participaron en el proceso de construcción–; importaciones de petróleo y gas que no pasaron por Aduana y ahora Ancap busca regularizar; el costo de la fiesta para inaugurar la planta desulfurizadora de La Teja (U$S 370.000); y el rol de la agencia de publicidad La Diez, donde surgieron dudas con algunas boletas, fueron algunos de los elementos polémicos que discutieron los senadores en los últimos cuatro meses.
Pero irregularidades o no, delitos o no, el quid del asunto está en la gestión desquiciada –valga el juego de palabras- que tuvo el ente y de la cual los responsables, de arriba a abajo y de abajo a arriba, se lavan olímpicamente las manos, como si fuera una cosa menor o, peor aún, acá no haya pasado nada.