Paysandú, Sábado 26 de Diciembre de 2015
Nacionales | 24 Dic El Poder Ejecutivo declaró el “estado de emergencia” en Artigas, Salto, Paysandú y Rivera debido a la crecida de los ríos Uruguay y Cuareim. De acuerdo a las últimas cifras del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), la cantidad de desplazados supera 4.700 personas a nivel nacional.
Artigas es el departamento más afectado por la crecida, con 1.184 desplazados que se dividen en 798 evacuados y 386 autoevacuados. En Salto hay 1.289 desplazados, 89 evacuados en albergues del Sinae y 600 autoevacuados, en tanto en Rivera hay 101 evacuados y 950 autoevacuados, lo que totalizan 1.051.
El prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, afirmó que la situación en Artigas es “especialmente grave”, como consecuencia de la crecida del río Cuareim y la decisión de cortar el paso por el puente internacional que comunica con la localidad brasileña de Quaraí.
Roballo, que presidente el Sinae, encabezó una conferencia de prensa junto al director nacional del sistema, Fernando Traversa, en la que señalaron que la cantidad de desplazados “asciende a 3.000 personas solamente en Artigas”. Explicó que, si bien el Centro Coordinador de Emergencia Departamental (Cecoed) registraba oficialmente a 800 personas, hay un “subregistro” por el aumento que tuvo el río Cuareim en las últimas horas y que haría que el estimado total supere las 3.000 personas.
GREMIO DE SECUNDARIA PARTIDO POR CONVENIO
“Los innombrables hoy festejan una victoria pasajera. Corta vida tiene el progresismo. Corta vida la burocracia sindical. La lucha vale la pena, abajo los que entregan”, escribió Marcel Slamovitz, electo para integrar a partir del año próximo el secretariado de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) y su carta se hizo viral en las redes sociales.
Durante la asamblea que finalmente aceptó la propuesta presupuestal, con salarios de $ 25.000 a 2020 y no de $ 30.000 como pretendían los gremios, además de activar una cláusula de paz hasta 2017 que impide a los sindicatos hacer paros en reclamo de mejoras salariales, 118 delegados votaron a favor y 114 en contra.
Fenapes, que antes era gobernada por el ala más moderada, ahora debe compartir el poder con los más radicales (seis de los 15 integrantes pueden ser considerados así). Los resultados de esta última elección pueden ser interpretados como una muestra de respaldo por los sectores más críticos de las autoridades de la educación.
Consultado por El País, cuando se firmó el convenio, el dirigente de ADES Montevideo, Javier Iglesias, aclaró que la filial acatará lo decidido, pero añadió que no se descartan movilizaciones por otro tipo de causas que no están dentro de las cláusulas de paz.
El convenio al que suscribió Fenapes, también fue aceptado por la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM). Los sindicatos tenían hasta el 31 de diciembre para tomar una decisión, y el gobierno advertía que o aceptaban o se quedaban sin aumentos, y la plata prevista para éstos iba a ir para otros rubros de la educación. Mientras que la Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu) también aceptó el convenio salarial con el gobierno y era el único sindicato que aún no lo había hecho.
CUATRO POLICÍAS A PRISIÓN POR GOLPIZA
Por abuso de autoridad contra detenidos y continuados delitos de lesiones personales, la Justicia procesó a cuatro policías de la Guardia Republicana durante un traslado al hogar Puertas ocurrido a principios de setiembre. La denuncia fue realizada por la abogada Verónica Carneiro y antes aun había sido llevada a cabo por la propia directora del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa).
El juez Nelson Dos Santos emitió el procesamiento en primera instancia por abuso de autoridad contra detenidos en concurrencia y varios delitos de lesiones personales, informó Danilo Tegaldo, periodista de Subrayado. Los policías esperaban en el ómnibus y antes de iniciar la agresión dejaron en claro sus intenciones: “bienvenidos al infierno”, les dijeron, de acuerdo al testimonio de los menores trasladados.
El hecho ocurrió en el Centro de Internación, Evaluación y Diagnóstico (CIED), pocos días después del público incidente en el vecino Centro de Privación de Libertad (Ceprili). El caso tomó estado público a raíz de un video de la agresión a dos internos, mientras se desarrollaba una asamblea de trabajadores. Este episodio generó el procesamiento de 26 funcionarios de INAU, 17 de ellos por el delito de torturas, lo que marcó un antes y un después en el organismo y estableció la necesidad de crear un protocolo de crisis.
Precisamente la defensa pedía al juez Dos Santos que procesara a los policías por tortura. Carneiro explicó a Subrayado que la Fiscalía pidió el procesamiento de cuatro funcionarios de la Guardia Republicana, que al momento el juez procesó a tres de ellos y está esperando al cuarto que se encuentra en el interior del país y que también será procesado.
MSP PREVÉ EXTENDER “CORRALITO SANITARIO”
El Ministerio de Salud Pública (MSP) tiene como objetivo a largo plazo, la ampliación del plazo en el que los usuarios pueden cambiar de mutualista, es decir, que se levante el “corralito sanitario” por más tiempo. El ministro Jorge Basso dijo a El Observador TV que no se hará en la próxima apertura, que será en febrero de 2016, pero se planteará para los próximos años.
El MSP se encuentra designando a los nuevos miembros de la Junta Nacional de Salud (Junasa), el organismo encargado de controlar a las mutualistas dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud. Con el recambio de autoridades en marzo por la asunción del nuevo gobierno, el presidente de ese organismo pasó a ser el economista Arturo Echevarría, pero todavía queda por designar a los representantes sociales.
El ministro sostuvo que otro de los objetivos es modificar algunas de las metas asistenciales por las cuales las instituciones de salud reciben dinero.
En primer lugar se modificará ese aspecto y luego se pensará cuánto tiempo más se puede levantar el corralito. En la última apertura, que cerró el 28 de febrero de 2015, 54.200 personas cambiaron de mutualista y por primera vez, el MSP habilitó una aplicación web que comparaba las prestaciones entre las instituciones.
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