Opinion | 26 Dic Con satisfacción se recibió en nuestro gobierno el paso que decidió hace pocos días la Organización Mundial del Comercio (OMC) respecto a la eliminación de los subsidios agrícolas, que era una reivindicación de Uruguay desde hace muchos años, en el marco de las negociaciones multilaterales del comercio.
El subsecretario de Relaciones Exteriores, José Luis Cancela, reflexionó sobre el tema a propósito de la participación de Uruguay en la X Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Nairobi y recordó que hace largo tiempo que Uruguay “reclama la eliminación de los subsidios agrícolas de los países desarrollados, que tienen un grave efecto distorsivo” sobre el mercado y las exportaciones de esos bienes.
En esta conferencia, precisamente, se alcanzó una decisión unánime sobre la eliminación de los subsidios internos a las exportaciones y es así que las economías de los países desarrollados se comprometieron a eliminarlos a partir de enero de 2016, los países en vías de desarrollo, en enero de 2018, y para las naciones más pobres entrará en vigencia el 1° de enero de 2023.
Paralelamente, otro aspecto destacado por Cancela es la adopción de normas en cuanto a los créditos de exportación agrícolas. Hasta ahora, algunos países podían disponer de créditos para otorgarles a sus exportadores por valores que en algunos casos superan los U$S 5.000 millones anuales. Pero en la sesión de la OMC se definió otorgar un plazo máximo de pago de 18 meses, lo que de alguna forma le pone un tope a esa subvención, que va en desmedro de las posibilidades de competir de los países en vías de desarrollo.
La propuesta que aprobó la OMC fue liderada por la Unión Europea, Brasil, Argentina y Uruguay, y según el vicecanciller uruguayo: “esto es histórico, porque es la primera vez que tenemos una coincidencia con la Unión Europea en un aspecto muy importante relativo a la agricultura”.
Asimismo, Uruguay mantuvo un encuentro bilateral con el secretario general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Mukhisa Kituyi, donde se definió que ese organismo continúe realizando un estudio para Uruguay sobre medidas no arancelarias en el Mercosur, a la vez de brindar cooperación en materia de competencia y revisión entre pares.
Cancela consideró que Uruguay reclamaba la eliminación definitiva de estos subsidios a las exportaciones en el mundo porque tenían un grave efecto distorsivo sobre los mercados y la competencia de nuestras producciones agrícolas”, y evaluó que “estas subvenciones ahora eliminadas afectaban negativamente los intereses de los productores uruguayos porque recaían en trigo, arroz, carne bovina, leche en polvo, lácteos y ganado en pie”. Pese a los reparos y observaciones que puedan formularse, el acuerdo logrado en la OMC resulta beneficioso para Uruguay y otras naciones que también tienen ventajas comparativas para la producción agrícola y otros productos primarios, por cuanto es notorio que durante muchos años tanto el Uruguay como otros países productores de granos de la región no solo debían competir entre sí para el acceso a los mercados, sino además con las tesorerías de países desarrollados que han aplicado sistemáticamente fuertes subsidios agrícolas en beneficio de sus productores, por razones estratégicas de todo orden, pero siempre jopeando el balón a los países con menos fuerza en el comercio mundial, que necesitan apertura comercial y no restricciones disfrazadas de aranceles y medidas sanitarias, cuando no subvenciones directas para producciones.
Si bien estas subvenciones no se estaban utilizando actualmente o se hacían parcialmente, debe tenerse presente que durante años, sobre todo en el caso de los lácteos, las producciones uruguayas tenían serios problemas para ingresar a la Unión Europea y además eran desalojadas de mercados por producciones de naciones europeas que hacían valer sus subsidios para poder exportar excedentes a otros países, por lo que el perjuicio era doblemente negativo.
Hasta ahora, usados sistemáticamente o no, la UE tenía la potestad de subsidiar exportaciones agrícolas hasta un total de 9.600 millones de dólares y Estados Unidos por hasta 600 millones de dólares.
Otro aspecto con el mismo efecto refiere a los créditos de las exportaciones agrícolas, un elemento adverso para los países en desarrollo, a los que se fija ahora un tope de hasta 18 meses.
La perspectiva de reducir por estos acuerdos las asimetrías en el comercio mundial de productos primarios es un buen paso, sin dudas a cuenta de otros que deben darse y no solo en el marco de acuerdos internacionales con los países desarrollados, sino entre los propios países de la región.
La reducción de proteccionismos como el que ha venido practicando Argentina, a partir del advenimiento de Mauricio Macri a la Presidencia, que busca un sinceramiento de su intrincada y subsidiada economía, es un factor positivo en el bloque, no solo para facilitar el comercio entre los países miembros, sino para derribar las barreras que impiden negociaciones con otros bloques. Es de esperar que manteniendo las reglas de juego claras se generen aperturas que favorezcan sobre todo a países como Uruguay, con pequeñas economías y que necesitan mercados para tener mejores perspectivas de inserción y crecimiento.