Opinion | 28 Dic A propósito del histórico déficit de Ancap, que requerirá una capitalización y endeudamiento por unos mil millones de dólares, ha resurgido el debate sobre el papel de las empresas públicas --incluso sobre su real necesidad de existir-- y sobre todo para qué sirven, más allá de generar empleo del tipo inamovible dentro del Estado a miles de personas, en condiciones que no gozan los trabajadores de la actividad privada. Así se han generado los monopolios que están lejos de alentar eficiencias y que, por el contrario, obran como un gran poncho bajo el que se cobijan ineficiencias, malas gestiones y a veces hechos delictivos.
En la contraparte, en esta coyuntura, está la situación de UTE, cuyas autoridades han estado analizando, junto con el Ministerio de Economía y Finanzas, el porcentaje de incremento que tendrán las tarifas de energía eléctrica desde el 1º de enero.
En este caso, como en el ajuste de 2015, hay dos posturas, por cuanto en Economía prima la idea de que el incremento tarifario esté lo más cerca posible de la inflación anual, aunque no por encima, es decir en el entorno del 9 por ciento, en tanto UTE y el Ministerio de Industria, Energía y Minería se inclinan por un ajuste de entre 1 y 2 puntos porcentuales por debajo de lo que aspira Economía.
En suma, están en juego no solo las cuentas de UTE, que no está en rojo, sino sobre todo el equilibrio entre lo que Economía pretende que el ente vuelque a Rentas Generales para hacer frente al déficit fiscal, y, por otro, el impacto que un aumento tarifario tiene en la economía, tanto doméstica como en general, ya que repercute directamente en los costos y por ende en la inflación, tal como ocurre con los combustibles.
Igualmente, la inflación cercana al 10 por ciento y el aumento del dólar son factores que inciden en la ecuación y todo indica que no habrá reducción --por lo menos significativa-- en términos reales de la tarifa eléctrica.
Al respecto, el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, dijo a El Observador que la vocación de la empresa ha sido ajustar valores por debajo de la inflación, como lo hace desde 2010, pero aclaró que “lo que sí podemos decir es que hemos hecho los deberes al ajustarnos estrictamente a los compromisos de gestión ante el Ejecutivo. Vamos a cerrar el año con todos los indicadores en el marco del presupuesto acordado para 2015 y 2016. En consonancia con el presupuesto del 2016, tenemos la esperanza de poder llegar a un ajuste tarifario que respete la tendencia de hace unos años, es decir ajustar por debajo del IPC”.
Una gestión que se atenga a estos parámetros, más allá de que no tenga competencia y por lo tanto no haya posibilidad de datos comparativos, es lo menos que debería pedirse a una empresa estatal a la que se le concede el beneficio del monopolio, de la seguridad en el trabajo e inamovilidad, así como una serie de concesiones en contrapartida de tener clientes cautivos y no quedar expuesta a que se pueda calibrar dónde está o no la ineficiencia en comparación con un similar privado –si lo hubiera-- y el consecuente beneficio en tarifas para el usuario.
De todas formas, seguramente hay un abismo con la gestión en Ancap en todos estos años, donde seguramente se generó una suerte de imperio dentro del cual se creyó que no era necesario dar cuenta de lo que se hacía o dejaba de hacer con el dinero de todos los uruguayos, los mismos que ahora van a tener que pagar de sus bolsillos el déficit enorme que ha quedado en el ente.
Esto nos sitúa nuevamente en el tema de la polémica y análisis del papel de las empresas estatales. En Ancap, por ejemplo, la gran interrogante es para qué nos sirve tener una empresa que nos cobra el combustible más caro que si lo importáramos, que es el más caro de la región por lejos, y que además pierde dinero a manos llenas con el cemento y los alcoholes, por más inversiones que se hagan, que siempre quedan a medio camino y salen dos, tres y cuatro veces más que lo que se estima.
Lo menos que se puede exigir, ya que siguen en manos del Estado, es que se ajusten a una gestión moderna y transparente, pese a que sigan cobijándose en los monopolios con clientes cautivos y sin dar cuenta del rumbo de las faraónicas inversiones.
Los economistas han volcado múltiples opiniones al respecto, pero como ocurre en esta problemática, no se trata solo de visiones técnicas, sino de políticas y hasta ideológicas, y por lo tanto es difícil obtener un común denominador, más allá de los buenos deseos y el ideal de que se haga una buena gestión con los recursos de todos.
Hay sin embargo cierto pesimismo y una especie de resignación en cuanto a que no será fácil cambiar las reglas de juego, porque hay un problema de mentalidad tanto en la dirigencia política como en buena parte de la opinión pública, al ser un tema de carácter cultural.
"Se hace muy difícil llevar adelante un debate en profundidad y sin prejuicios", lamentó el economista Ignacio Munyo. Más pesimista fue Conrado Ramos, politólogo con experiencia en la gestión estatal: "Creo que cuando desaparezca el tema Ancap, desaparecerá este tema. Todo el mundo reclama, pero el sistema político no está dispuesto a hincarle el diente por ahora".
Las primeras empresas públicas se crearon hace 100 años porque el Estado uruguayo "tenía carencias para implementar sus políticas y la ciencia económica no tenía las herramientas para controlar empresas de este tipo", explicó Leandro Zipitría, economista y docente en la UdelaR. Según Zipitría, hace dos décadas que sí hay dominio de ambas cosas, pero las empresas siguen igual porque el sistema político no quiere perderlas. ¿Por qué? Porque son un instrumento de política económica. Sus tarifas, por ejemplo, se utilizan para controlar la inflación.
El economista Gabriel Oddone, socio de CPA Ferrere, sostiene que las empresas públicas se han vuelto "un brazo ejecutor de las políticas de los gobiernos". Y este es precisamente el punto: ningún gobierno quiere perder el control, porque además lo de ente autónomo es apenas pour la galerie y en los hechos forman parte del delicado tramado de la política económica.
Así, el eventual intento de dar vuelta todo este paquete institucional para sustituirlo por otro tiene enormes costos. No se podrá dar de un día para el otro porque tampoco hay seguridades de que el remedio vaya a resultar más tolerable que la enfermedad, teniendo en cuenta nuestra base cultural.