Nacionales | 30 Dic El Juzgado en lo Civil de Segundo Turno a cargo del juez Alejandro Martínez de las Heras ordenó al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y a la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) entregar antes del próximo 6 de enero --15 días a partir del 22 de diciembre-- todas las informaciones sobre las gastos efectuados por la Comisión Interministerial del Puerto de Aguas Profundas (Cipap) en la contratación de consultoras, viajes y viáticos relacionados con ese proyecto portuario.
El puerto de aguas profundas que se iba a construir en las costas de Rocha era una prioridad para el gobierno del anterior presidente José Mujica, pero claramente no lo es para la actual administración. Estaba vinculado al proyecto minero de Aratirí de la compañía india Zamin Ferrous, que no llegó en los plazos legales previstos a firmar un contrato de explotación con el gobierno. Víctor Bacchetta, en representación del movimiento Uruguay Libre de Megaminería, que promueve un plebiscito con el fin de prohibir la minería metalífera a cielo abierto en Uruguay, pidió en marzo de este año el acceso a esos datos. La Presidencia entregó en abril las informaciones existentes en sus registros, pero el MTOP y la CND se negaron a hacerlo alegando que un contrato firmado entre ambos le asignó carácter “confidencial”. La decisión del juez obliga al MTOP y la CND a entregar las informaciones, aunque aún puede haber una apelación del fallo, que debería realizarse después de la feria judicial. La viabilidad del proyecto del puerto fue puesta en duda por algunos expertos que entendían que no había carga suficiente que lo justificara.