Opinion | 04 Ene El presidente de la Administración Nacional de la Educación Pública (ANEP), Wilson Netto, anunció que los directores e inspectores de Secundaria ejercerán un mayor control sobre los docentes “distraídos” y que “no cumplen con sus funciones”, además de avanzar en las titulaciones y en cambios que se instrumentarán por capacidad o desempeño, más allá de la antigüedad.
Netto está convencido de que la educación de calidad se desarrollará basada en procesos que se han distorsionado con los paros docentes, al tiempo que se encolumnarán detrás del objetivo gubernamental basado en el 75% de aprobación y 100% de cobertura en Ciclo Básico y Bachillerato.
Tanto Netto como la ministra de Educación, María Julia Muñoz, se manifestaron contrarios a la repetición, en tanto no se presenta como un instrumento pedagógico en Uruguay. Por lo tanto, en 2016 se desarrollará la educación por ciclos de 1º a 3º y de 3º a 6º, tanto en Primaria como en Secundaria. Eso significa que no habrá repetición en 1º, 2º ni en 4º ni 5º.
Cabe recordar que el equipo que promovía una reforma educativa, conformado por Juan Pedro Mir y Fernando Filgueira, fue desarticulado como resultado de una interna partidaria que afloró en los medios de comunicación y se transformó en una victoria de personajes intocables.
De hecho, ambos desarrollaban un modelo curricular que articulaba la educación formal y no formal para responder a la crisis estructural existente en el sistema educativo, enfocado hacia una población particularmente vulnerable.
Sin embargo, la propuesta contó con la oposición del presidente de ANEP y las declaraciones realizadas en una reunión del Frente Líber Seregni, donde Mir señaló que “no están dadas las condiciones políticas para cambiar el ADN de la educación”, resultaron solo un tiro por elevación para un relacionamiento que ya estaba tensionado.
La instrumentación de esos cambios deberá enfocarse a un objetivo conocido y con realidades propias. El exdirector de Educación, Luis Garibaldi, desarrolló el área de investigación y estadística del Ministerio de Educación y Cultura, que no cuenta con el respaldo político para sostenerse. Eso significa que no se han difundido, por ejemplo, la cantidad de estudiantes egresados de Formación Profesional Básica de UTU e ingresados a 4º año.
Si continuamos firmes con la visión de medir procesos y no resultados, entonces no le otorgaremos a los más vulnerables las herramientas necesarias para ganarse la vida en un futuro y acceder a una capacitación con mayores exigencias. Y esto es porque no se exige desde sus inicios.
Las autoridades progresistas deberán comprender que aquel que vaya a vivir de su salario necesitará resultados, porque afincarse en los procesos resulta siempre una mirada implacablemente conservadora.