Opinion | 04 Ene En el marco de la problemática energética de nuestro país, el suministro eléctrico aparece como la contracara de Ancap, que además de su déficit de 800 millones de dólares nos sigue cobrando los combustibles más caros de la región, sin perspectivas de rebaja, pese a que el valor internacional del crudo está cada vez más bajo.
En la reconversión de la producción de electricidad a una participación cada vez mayor de las energías renovables figura la gradual incorporación de la energía fotovoltaica, que se agrega a la hidráulica y la eólica, además de la biomasa, como fuentes posibles de desarrollo que plantean una mejor relación inversión-rentabilidad.
En 2015 la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, subrayó las firmes perspectivas de que 50.000 hogares uruguayos puedan utilizar energía fotovoltaica, un buen indicativo en lo que refiere al proceso de reconversión de la matriz energética de Uruguay. La secretaria de Estado señaló la intención del gobierno de impulsar proyectos que se sumaran a los que existen en Paysandú, donde se han instalado grandes superficies con paneles fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica y su posterior venta a UTE.
Cosse explicó que se trata de un proceso de unos cinco años para incorporar esa generación en los 50.000 hogares en todo el país, e incluso consideró que Uruguay puede estar en condiciones de exportar energía eléctrica en forma holgada en el futuro inmediato.
No es poca cosa si tenemos en cuenta que hasta no hace muchos años Uruguay vivía penurias para satisfacer su demanda eléctrica, sobre todo en los períodos críticos de invierno, en épocas de sequía y había necesidad de importar energía eléctrica desde Brasil o Argentina, con un costo adicional para las arcas de UTE.
Corresponde tener presente que para este proceso de reconversión resulta saludable que las empresas hagan uso de la ley de promoción de inversiones para incorporar energías renovables, con una amortización de los costos de entre tres y cinco años. La perspectiva de librarse del costo mensual de energía, incluso de recibir pagos de UTE, se presenta como una buen oportunidad para las pequeñas y medianas empresas (pymes), que apuestan a la electricidad generada a partir del sol, el viento y los desechos industriales.
Pero no todo surge por generación espontánea, sino que se aprobó un marco legal que favorece ese tipo de inversiones a través de beneficios fiscales y una reducción en los costos de la tecnología que se utiliza en estos emprendimientos.
Este proceso se dinamizó en buena medida a partir de 2010, cuando el Poder Ejecutivo autorizó a los suscriptores conectados a la red de baja tensión de UTE a generar energía eléctrica de origen renovable –eólica, solar, biomasa o minihidráulica– con una potencia no mayor a los 150 kW, con la posibilidad de venderle al ente la energía excedente. Hasta el momento, los privados que querían producir energía eléctrica debían hacerlo en gran escala, como Montes del Plata, UPM o los parques eólicos.
Como todos los procesos, es preciso dejar madurar la idea. En el primer año en que se aprobó el decreto de microgeneración solo una empresa comenzó a generar energía propia, produciendo 0,1 mWh, sin excedentes. Pero cuatro años después, un centenar de compañías generaron unos 2.500 mWh, de los cuales volcaron a la red 1.400 mWh, según cifras aportadas por UTE.
Entre 2012 y 2013 se dio el crecimiento más pronunciado de la generación de energía eléctrica por las pymes, cuando se pasó de 18 compañías a 43, en coincidencia con la reglamentación que modificó la ley de promoción de inversiones, que estableció que si un proyecto incluye entre las inversiones por lo menos 5% del monto total en energías renovables, entonces suma puntos para la exoneración de Impuesto de la Renta de las Actividades Empresariales (IRAE) sobre el monto de la inversión total, a través del indicador Producción más Limpia (P+L).
De esta forma, según datos de la Comisión para la Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap), entre 2013 y 2014 --faltan los datos del 2015-- se presentaron 84 proyectos de inversión por más de U$S 441 millones que incluían el ítem P+L, sin incluir los parques eólicos destinados a la venta de energía a la red. A partir de la modificación de la ley de inversiones, quienes llevaban a cabo este tipo de emprendimientos no tenían mayor atractivo para hacerlo y lo hacían pese a que no era redituable desde el punto de vista económico. Pero de acuerdo con las estimaciones, si se encara una instalación de paneles fotovoltaicos del orden de los 150 kW, cuyo valor ronda los U$S 360 mil, y se logra sumarlo a un proyecto de mayor porte, la deducción que resulta del total de esa inversión puede pagar los paneles o reducir ampliamente su amortización.
Fuentes de la Cámara Solar consideran que un proyecto de energía solar, asociado con otra inversión, se puede amortizar en dos años o dos años y medio (lo que en condiciones normales insumiría entre siete y diez años). Si se toma en cuenta que esa tecnología tiene una vida útil superior a los 25 años, resulta conveniente para las empresas y contribuye a generar un panorama mucho más auspicioso hacia una reconversión de la matriz energética más amigable con el medioambiente.