Opinion | 15 Ene Hace poco más de un año, en plena campaña electoral, mientras la oposición --también muchos economistas independientes y medios de prensa-- alertaban que el significativo déficit fiscal, del orden del 3,6 por ciento, iba a ser determinante para la necesidad de incorporar correctivos imprescindibles o “ajustes” en la economía, desde el oficialismo se insistió en que todo estaba absolutamente dentro de lo previsto, y que los argumentos que manejaban los opositores solo buscaban distorsionar la verdad para perjudicar las chances del partido de gobierno en el acto electoral.
Lamentablemente para el país, y para los uruguayos, el tiempo ha dado la razón a quienes sosteníamos que era imposible mantener la economía en crecimiento e incluso equilibrada mientras el Estado siguiera gastando excesivamente y mal, porque lo que más o menos podía disimularse en plena bonanza por las favorables condiciones internacionales quedaría al desnudo tan pronto estas condiciones cambiaran, como ha sucedido en los últimos meses.
Por otra parte, mientras el Frente Amplio se opuso durante mucho tiempo a que se creara una comisión investigadora respecto a la gestión de Ancap, surgió inequívocamente de las investigaciones parlamentarias que el organismo ha intentado disimular durante años un creciente déficit, estimado en más de 800 millones de dólares, consecuencia de una pésima gestión.
Y más temprano que tarde, en estos primeros diez meses de gobierno, lentamente se fue corriendo el velo, y salieron a luz falencias que solo se podían disimular en épocas de vacas gordas, y hoy nos enfrentamos a la dura realidad de hay que poner plata o “perdonarle” casi 900 millones de dólares a Ancap --parece increíble-- porque está fundida, además de quedarnos con los mismos precios de los combustibles cuando en todo el mundo bajan ante la fuerte caída de los valores del crudo.
Para poner un ejemplo del alcance de la catástrofe, basta comparar los precios de los combustibles en Uruguay entre 2004 --cuando el barril de petróleo rendaba los 40 dólares, como actualmente-- y hoy: en enero de ese año, la nafta Súper costaba $26,40, o en dólares a la cotización de la época: 0,89. Hoy está a 42 pesos el litro, que equivalen a 1,35 dólares: un 50% más caro. Pero peor aún es la diferencia del Gasoil (común): 15,90 pesos en 2004 contra 38 de ahora; o U$S 0,53 de 2004 contra U$S 1,35 de 2016 (¡casi el triple!).
Es que hay necesidad de recaudar todo lo que se pueda para tratar de tapar el agujero en las cuentas del Estado, ese que como pedía Mujica “invirtió” despreocupadamente en todo lo que pueda dar pérdidas y hasta se mandó alguna “chamboneada” pepista de mil millones de dólares.
Pero el dinero fácil se terminó, y las arcas han quedado vacías en el Estado. Se podía --se debió-- haber gestionado con un mínimo de sentido común las cuentas públicas, porque cualquiera se daba cuenta de que llegaría un día en que por efecto de loa ciclos económicos la bonanza regalada se terminaría.
Pero como encima se gastó de más y la Administración Mujica se endeudó, aumentando además costos fijos dentro del Estado, hay que afrontar la situación que se da; ha llegado la hora de pagar la fiesta, y la herramienta que tiene el gobierno a mano es la suba al barrer de las tarifas de los organismos del Estado.
Bueno, este incremento no es factor que pueda aislarse, sino que es desencadenante de mayores costos en la economía doméstica y en las empresas, con una repercusión inevitable en la inflación, la que por supuesto no puede ser controlada con “acuerdos” de precios insostenible, porque además el dólar sigue su ritmo alcista y empuja los precios en la misma dirección.
Estamos ante el ajuste que este gobierno decía que nunca iba llegar, que con alevosía negaba hace apenas tres meses mintiéndole a la gente, y ello ocurre porque la realidad solo puede disimularse un tiempo.
El presidente de la Unión de Exportadores del Uruguay, Alvaro Queijo, dijo a El Observador que el aumento de las tarifas de UTE aprobado por el ente a instancias del Poder Ejecutivo es un elemento más que permite aseverar que el gobierno lleva adelante “un ajuste fiscal a cara descubierta” y aseguró que ello redundará en una caída del nivel de actividad y aumento del desempleo dado el “golpe” que supone para la competitividad de las empresas, en particular las que realizan negocios con el exterior.
“Mientras en la región y en el mundo la energía baja, acá vamos en el sentido contrario y tenemos la energía eléctrica más cara, sumado a que el combustible tenía que bajar y tampoco bajó por razones fiscales y para tapar el agujero. Lo que se está haciendo es un ajuste fiscal a cara descubierta y nos parece mal que para los grandes consumidores no haya un trato tarifario especial y que en cierta manera paguen el costo del ajuste. Este es un mazazo para el sector exportador sin duda alguna, es un dolor para el sector exportador que tiene la energía más cara de la región con una diferencia abismal con Argentina y Brasil. Es muy difícil cuando se va a correr una carrera, en este caso con Brasil y Argentina y sos el que tiene mayor peso encima”, dijo Queijo
Precisamente el directorio de UTE aprobó el martes por mayoría la propuesta realizada por el Ministerio de Economía y Finanzas que prevé un ajuste en todas las tarifas de energía eléctrica de 9,85%, corrección que está muy por encima del 7% que habían recomendado los técnicos del ente para mantener saneadas sus cuentas, por lo que casi el 3 por ciento restante es en realidad un sobreprecio en el marco del ajuste fiscal y llevar dinero a Rentas Generales, casualmente la que de acuerdo a Mujica, solo por un “detalle contable” pasó más de 600 millones de dólares a otra columna, y así todo quedó arreglado en Ancap, sin que nadie perdiera nada. Pues este sobreprecio es apenas una parte de los 600 millones de dólares que tendremos que reponer los uruguayos a Rentas Generales, en el marco de este “detalle contable”, que se asemeja al hallazgo del cuerno de la abundancia en el Uruguay en pleno Siglo XXI.