Opinion | 19 Ene Tras seis meses de suspensión, hace pocos días se retomaron los trabajos de la obra civil del Antel Arena, luego de que el Poder Ejecutivo --a instancia del Ministerio de Economía y Finanzas-- dejara interrumpido temporalmente el proyecto, una medida polémica en la interna del gobierno si se tiene en cuenta que la decisión de encarar este megaproyecto para Montevideo fue decidido por la Administración Mujica, pese a que ya se notaba una incipiente desaceleración en la economía y con una mirada crítica del Ministerio de Economía y Finanzas.
La controversia, ante las protestas de sectores mujiquistas del Frente Amplio se zanjó en principio con el compromiso del propio presidente Tabaré Vázquez de retomar las obras en enero de este año con recursos privados en préstamo, una salida que tendrá su costo extra. Por otra parte, un informe técnico del ente de las telecomunicaciones estima un sobrecosto de unos U$S 8 millones por estructuración del fideicomiso para la financiación del complejo Antel Arena. El armado de ese instrumento financiero se acordó en noviembre por medio de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) por un monto de U$S 58 millones.
Mediante un proceso competitivo, la CND escogió al banco Santander como la opción más conveniente para aportar esos recursos. El plazo de repago será de ocho años con dos años de gracia para iniciar las amortizaciones. El primer desembolso está previsto para el último día hábil de enero de 2018, pero el contrato de obra firmado entre Antel y la española Teyma no considera las instalaciones eléctricas, de tecnología y de mobiliario del estadio. En su momento, la telefónica estatal estimó un costo global de la obra en un rango de U$S 70 millones a U$S 80 millones. Hasta el momento, se han realizado obras por un monto menor a los U$S 6 millones en el predio.
De acuerdo al informe, el fideicomiso implica que Antel ceda todos sus derechos sobre la obra a la fiduciaria, la CND, dejando en su poder el manejo crediticio. Además, el ente estatal deberá hacer frente a la retribución de la fiduciaria por gastos administrativos, por concepto de estructuración del fideicomiso y costos de servicios como honorarios y gastos de la auditoría anual de los estados contables. El trabajo maneja una serie de supuestos que sitúan en unos U$S 650 mil la retribución que Antel deberá transferir a la CND por la administración del período de actividad del fideicomiso.
Pero el grueso del sobrecosto de esa opción financiera se irá en los intereses del préstamo bancario que ganó el Santander. El trabajo toma como base una estimación "conservadora" que se reduce al pago de los intereses durante los seis años que durará el préstamo, sin considerar los dos años de gracia ni costos administrativos, que lo sitúa en unos U$S 7 millones, tomando como referencia una tasa de interés de 3,9% anual. Por tanto, el documento concluye que el sobrecosto por acudir al fideicomiso para financiar el Antel Arena gira en torno a los U$S 8 millones respecto a la previsión original con recursos propios del ente, que ya eran bastante optimistas además.
El ministro de Economía, Danilo Astori, argumentó en su momento que el cuestionamiento de la obra obedecía al "manejo de los tiempos" y al "encare de las prioridades" del gobierno definidas en la ley de Presupuesto, como la salud, educación y la seguridad pública. Sin embargo, sectores del gobierno como el MPP –al cual pertenece la ministra de Industria Carolina Cosse–, el Partido Comunista, Compromiso Frenteamplista (que encabeza el vicepresidente Raúl Sendic) y dirigentes socialistas cuestionaron públicamente esa determinación, por entender que el gobierno estaba transmitiendo una visión de "achique" del Estado en momentos en que se requería un mayor esfuerzo de las obras públicas para contrarrestar el freno de la actividad económica.
Hasta aquí una síntesis de las alternativas que han llevado a la polémica por la construcción de esta obra en cuanto a las posturas de los sectores que conviven en el Frente Amplio, pero hay otra serie de aspectos que deben tenerse en cuenta y que tienen que ver con el objeto de la “inversión”, su localización y quién paga los costos y los sobrecostos.
Por supuesto, no se trata de una inversión para mejorar el servicio de la telefónica, sino que ésta se vuelca a resolver un problema de falta de dinero de la Intendencia de Montevideo, por mala gestión de sus recursos, para levantar un estadio que entiende es muy necesario para esa ciudad y sus habitantes, y logra así que Antel le saque las castañas del fuego.
Y Antel, mal que le pese a la dirigencia montevideana, es un organismo de carácter nacional, que financiamos todos los uruguayos. Además, ha aumentado recientemente las tarifas por encima de la inflación, que debe responder a las necesidades de Rentas Generales, y sin embargo se ha enfrascado a financiar una obra capitalina por no menos de 80 millones de dólares, como si fuera un ente departamental y no nacional.
Lo hace además cuando el déficit fiscal arrecia tras una década de bonanza económica mundial, y debido a la falta de dinero en el Estado, deben incrementarse las tarifas públicas en forma impactante sobre la inflación y el poder adquisitivo de los uruguayos.
Es que fideicomiso o como se le quiera llamar, es un préstamo a pagar con sus respectivos intereses por todos los uruguayos, para que Montevideo pueda lucir su obra faraónica, que no puede solventar porque la intendencia está fundida tras 25 años de gobiernos frenteamplistas.
Una prueba más de que con cualquier partido que esté en el gobierno, el centralismo sigue sacando la mayor tajada para alimentar el macrocefalismo. Mientras, la plata se le escurre como Arena entre los dedos a un gobierno incapaz de decir no a la interna partidaria, aún a perjuicio de todo un país.