Rurales | 17 Ene Con el nuevo proyecto de Ley de modificación del Código Rural, por un lado se cambia la tipificación y el foco del delito, transformando el abigeato en hurto, con lo cual se pasa a una situación más acorde con la realidad ya que el éste siempre fue una forma de robo, señaló recientemente a la Comisión Departamental de Seguridad Rural de Paysandú, el fiscal doctor Carlos Motta.
A solicitud del grupo que trabaja en nuestro departamento desde hace varios años, y de acuerdo a lo indicado a EL TELEGRAFO, el fiscal accedió a explicar aspectos del proyecto, en el que también se agravan las penas en algunas situaciones, aumentándose a un mínimo de doce meses de prisión y un máximo de ocho años de penitenciaría. “Aunque todavía no sabemos si va a ser esa la expresión definitiva”, dijo.
El Parlamento puede modificar este proyecto, por lo que las gremiales deben estar atentas, para analizar la instrumentación, y en su caso aportar insumos a los legisladores para obtener un instrumento normativo lo más eficaz posible. Por otro lado, este proyecto de ley podría superar algunos aspectos que generaban críticas, fundamentalmente en las posibilidades para sustituir una pena de prisión por medidas sustitutivas.
También se estaría agregando el delito de destruir o modificar dispositivos de identificación oficial, lo que es un aspecto de la ley que acompasa mejor los nuevos tiempos y actuará sancionando a las conductas de manejo irregular del sistema de la trazabilidad (caravanas), para apropiarse de ganado ajeno y colocarlos en remates o frigoríficos.
Se introduce la figura del reducidor, castigando a quien reciba, oculte, comercialice o disponga de los productos obtenidos del hurto. Esto en realidad tornaría más visible la persecución penal por la comisión del delito de “receptación de ganado producto de un abigeato, procurando cortar los circuitos de comercialización ilícita de tales productos”.
En la Ley sobre Abigeato todavía vigente hay un inciso final en el artículo 2° de la ley 17.826 que señala que “será aplicable al delito tipificado en el artículo anterior la atenuante establecido en el inciso segundo del artículo 342 del Código Penal, que es atenuante de la pena cuando se trata de cosas de poco valor”.
Esta atenuante, en la práctica se convirtió “en una verdadera eximente de responsabilidad, de desincriminación penal”, ya que una descuidada aplicación e interpretación que al respecto efectuaban los jueces llevaba a situaciones de no procesamiento, en base a un criterio o parámetro poco claro, porque la ley no define qué se entiende por poco valor, ni cuál es el punto de referencia al respecto, ya que para algunos dueños era un daño importante. Sería esto bastante grave para el caso de los ovinos o los porcinos, sobre todo cuando la oveja valía poco o era una sola, o se trataba de un simple lechón.
Asimismo, el nuevo proyecto de ley, al convertir a todas las formas de robo en un delito de hurto, sin importar el lugar donde se efectúe, sea rural o urbano, es una solución positiva por satisfacer el derecho a la igualdad, y la no discriminación entre dos espacios donde viven ciudadanos con los mismos derechos. Al mismo tiempo, pone a Uruguay en consonancia con Argentina y Brasil, en donde el abigeato es considerado hurto.
Quedaría en el debe, “salvo que se haya incluido y no lo sabemos”, incluir una agravante especial para los abigeatos cometidos sobre animales reproductores de alto valor, adquiridos en exposiciones, cabañas de renombre o buen pedigrí o conservados o criados con esa finalidad por una cabaña o establecimientos. Porque, a nuestro entender, en los casos de estos abigeatos, hay un plus de valor agregado y de cuidados. Hay un valor funcional y de planificación de los futuros productos.
En definitiva, Motta explicó que la ley nueva procura estar en consonancia con la construcción de un concepto más integral sobre seguridad rural, dentro del cual, la lucha contra el abigeato es uno de sus componentes. “En nuestra visión, en el abigeato no solo se vulnera el bien jurídico propiedad, sino la propia economía nacional. El número de cabezas de ganado del país es parte de las políticas e inversiones del Estado en la producción nacional. El ganado, como producto del país, es un innegable y genuino creador de riqueza, de divisas, de circulante nacional, de alimento para la población. De ahí, la necesidad de cuidarlo como tal, y mejorarlo permanentemente”.

EN TAMBORES
La Comisión Departamental de Seguridad Rural de Paysandú realizó la última reunión del año 2015 en Tambores, a pedido del alcalde de esa localidad, Ricardo Soares de Lima.
En la oportunidad y ante el planteo que muchas veces la carne procedente del robo de ganado va a los almacenes de barrio, Daniel Cazet, gerente de Contralor Interno del Instituto Nacional de Carnes (INAC), planteó que este control es de responsabilidad de las intendencias. Agregó que se llevó a cabo una reunión con Bromatología de la Intendencia de Paysandú y que hay otra postura para controlar este tema.
Se destaca como positivo, la habilitación de un matadero en Tambores, lo que atiende parte del mercado, aunque se opina que se vende carne no proveniente de carnicerías habilitadas. También alienta, en el caso de Tambores, a denunciar los casos evidentes, que es una forma de empezar a controlar este delito. Por otro lado, siempre surge la duda: ¿dónde está Salud Pública?, entendiéndose que debería velar por la seguridad alimenticia de la población.

DENUNCIAS Y NUEVA LEY
A nivel policial se planteó en la reunión el tema de las denuncias, cómo efectuarlas y dónde. Las autoridades policiales presentes aclararon que siempre tiene que haber respuesta a la denuncia. Si así no fuera, se recuerdan los contactos 911 y 08005000, sobre todo el primero, para reiterar la denuncia a otro nivel.
Además, está disponible el portal Sistema de Denuncia en Línea (SDL), habilitado por el Ministerio del Interior en diciembre de 2013 a través de denuncia.minterior.gub.uy. Con esta web y utilizando un dispositivo conectado a Internet, una persona puede desde cualquier parte del mundo gestionar las denuncias de disponibles ocurridas en nuestro país. Las denuncias disponibles son: violencia doméstica, rapiñas, hurtos, extravíos y abigeato.
Por otra parte, el inspector Alberto González Ríos explicó en el encuentro los alcances de la nueva ley 19.315, que entró en vigencia el 1º de enero de 2016, creándose divisiones territoriales, que en el caso de Paysandú serán dos, una que abarca las seccionales Primera a Quinta, y otra con las Sexta a 13ª.
Señaló que a su vez se crean tres unidades: de respuesta, de seguridad y de investigación, las cuales estarán a cargo del Jefe de la Unidad y bajo el mando del Jefe de División. Habría un Jefe de Seguridad en Paysandú, y otro en Quebracho. Por debajo de este esquema estarían las distintas comisarías del departamento.
La Unidad de Respuesta realizaría el patrullaje en la ciudad de Paysandú, y en el caso de la zona rural, con los móviles de las seccionales y la Brigada Especial de Prevención y Represión del Abigeato (Bepra). Se fusionan la Bepra con Investigaciones y se brinda más autonomía al jefe local.
En la reunión se planteó la posibilidad de instalar cámaras de ingreso a los pueblos del interior, a lo que la Policía respondió afirmativamente, lo que se puede plantear en un proyecto departamental. Seguidamente, un productor opinó que se está urbanizando demasiado el control, que la historia del robo de ganado ocurre a nivel de campo y debe resolverse en este ámbito. Expresó que en otros tiempos, con un policía habilitado para patrullaje en moto, con el apoyo de un grupo de productores, se mantenía la situación en un control razonable, pero que ahora está fuera de control.
A este pedido, el jefe de Policía respondió que este planteo es posible y debería haber un pedido formal a las autoridades correspondientes. Finalmente, se manejó la posibilidad de realizar los planteos de las cámaras de seguridad en un proyecto departamental, en el cual esta comisión se compromete a trabajar al inicio de 2016.