Paysandú, Sábado 23 de Enero de 2016
Nacionales | 20 Ene La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) definió una “pauta” para que la totalidad de sus centros asistenciales prioricen “lo asistencial” de forma de evitar demoras y casos de omisión de asistencia. En los últimos días, una pareja había denunciado que en el Hospital de Castillos se negaron a atender a su bebé de seis meses cuando estaba con fiebre alta y vómitos.
La pauta, enviada en la víspera por ASSE a sus centros de Maldonado y Rocha, remarca que “la prioridad es lo asistencial”, por lo que “lo administrativo se inicia luego de establecida las características de la consulta” según “criterio de gravedad” e indistintamente de si se trata de “un acto médico, de enfermería o de carácter meramente informativo”.
Según ASSE, “lo primero es clasificar el evento en términos de urgencia o emergencia”. En caso de que se trata de una emergencia, “siempre se procede, sin importar la afiliación”. Recién después de asistir al usuario, “se procede a recabar información a fin de comunicarse con el prestador y plantear la situación”.
ASSE aclara que la comunicación con el prestador de salud del usuario apunta a “obtener la autorización de la asistencia y eventual traslado o ingreso”. En caso de no obtener una respuesta del prestador, ASSE “continúa con la asistencia y “plantea” la situación al usuario o sus acompañantes para “iniciar un procedimiento de asistencia particular” que el usuario podrá abonar en el lugar o iniciar “un procedimiento de reconocimiento de deuda”. El usuario podría negarse al procedimiento particular, eventualidad en la que el profesional tratante “se comunicará con la autoridad del centro asistencial para definir cómo seguir”. Cada acto deberá quedar documentado en la historia clínica del paciente, a quien se le entregará una copia firmada por el médico.
La pauta también obliga a los centros de ASSE a “colocar en un lugar visible”, información sobre “cómo proceder para la asistencia en caso de no ser usuario de ASSE”. Los funcionarios del centro deberán conocer el protocolo y tener los teléfonos de contacto de los prestadores de salud a los puede tener que contactar.
PEDIRÁN MÁS DATOS DE INTERVENCIÓN EN ANCAP
El directorio de Ancap volverá a reunirse mañana y el director nacionalista de la empresa, Diego Labat, pedirá que se defina cómo será el relacionamiento de los “interventores” designados por el Poder Ejecutivo con las autoridades del ente. “No está muy claro cuál va a ser el régimen de trabajo. No tengo ningún recelo pero tiene que quedar bien claro cómo será el relacionamiento. Se puede funcionar con gente que ayuda pero acá hay un directorio”, advirtió Labat.
La semana pasada, el Poder Ejecutivo comenzó la intervención de Ancap tras la capitalización de U$S 622 millones para sanear su crítica situación financiera. Asimismo, la comisión “interventora” de Ancap que encomendó formar el presidente Tabaré Vázquez a los ministerios de Economía e Industria y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ya solicitó información sobre algunas áreas sensibles de negocios como el portland.
El grupo que sigue la situación de Ancap está integrado por el director de la Unidad de Deuda del Ministerio de Economía, Herman Kamil; la directora de Planificación y Control de Gestión de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Lucía Wainer; la directora nacional de Energía, Olga Otegui y el asesor del MEF, Javier Liberman.
MIERES DENUNCIARÁ A ANCAP ANTE JUSTICIA
El senador del Partido Independiente (PI), Pablo Mieres, que integra la Comisión Investigadora sobre las cuentas de Ancap, confirmó a El Espectador que presentará una denuncia para que la Justicia penal investigue hechos de apariencia delictiva durante las últimas gestiones de la petrolera estatal.
La idea de Mieres es que se indaguen varios aspectos en el manejo de la publicidad en la empresa estatal como el gasto de 360.000 dólares en la fiesta de inauguración de la planta desulfurizadora, la pauta en una radio que aún no estaba al aire y el cobro de comisiones a cargo de una agencia privada. “Es un récord mundial, porque hay que fundir una empresa del tamaño de Ancap, que tiene carácter monopólico de gestión y que dio pérdidas millonarias en un escenario de bonanza económica”, dijo Mieres. El senador espera que el PI tenga listo su informe antes del 15 de febrero, que incluirá propuestas para revertir los números en rojo.
CREAN JUNTA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
La Unidad Nacional de Seguridad Vial confirmó que se creará la Junta Nacional de Seguridad “para mejorar la coordinación interinstitucional”, confirmó a El Espectador el secretario general de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Pablo Inthamoussu.
Inthamoussu señaló que se creará la junta “para acelerar algunos procesos y mejorar la coordinación interinstitucional”. Coincidió en que la exigencia de la prueba de la libreta debería ser más exigente y señaló que “es una de las principales líneas de trabajo para los próximos dos años”.
Indicó que participarán los ministerios del Interior, Salud Pública, Educación y de Transporte, junto al Congreso de Intendentes, al tiempo que destacó la necesidad de “tener un sistema de control de tránsito eficaz” y “controlar a un ciudadano que incumple. Que el sistema sea eficaz y rápido y que no pase que a veces un ciudadano es sancionado por algo y puede pasar mucho tiempo para que sea sancionado”.
Paralelamente, se conocieron las cifras de fallecidos a causa de siniestros de tránsito en rutas nacionales, donde aumentaron un 122% en los primeros 17 días de este año en comparación con igual período del año pasado. En cambio, el mismo fenómeno registrado en ciudades bajó un 42%, en tanto son 22 los muertos en rutas nacionales y, si se suman los fallecidos en accidentes en áreas urbanas, la cifra aumenta a 30. Para el gobierno, Uruguay atraviesa por una “emergencia vial” y el primer paso será el desarrollo y reforzamiento de la Policía Nacional de Tránsito.
INTERNOS AGREDEN A FUNCIONARIOS DE SIRPA
Seis funcionarios del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) fueron agredidos por menores infractores durante el fin de semana. Según explicó a Subrayado el dirigente Víctor Mango, el primer caso ocurrió el sábado en el centro Cerrito, donde fueron agredidas tres funcionarias mujeres en el afán de disuadir un incidente entre jóvenes, y otros dos funcionarios fueron agredidos el sábado en el Hogar Ceprili, ex Puertas.
El subdirector del centro “recibió un puntazo en el tórax que no llegó a penetrar” y “otro compañero que trabaja en la seguridad de Sirpa sufrió un golpe con candado en el ojo”. A esto se suma la agresión que vivió otro funcionario en la noche del lunes en el Hogar Ceprili, tras recibir un golpe de puño en el ojo que debió ser derivado al sanatorio del Banco de Seguros del Estado.
El sindicato denunciará la situación ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento. “Estamos tratando de dialogar y buscar medidas para que estas actitudes paren”, añadió Mango.
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