Opinion | 22 Ene No puede negarse que la paciencia es extrema en el caso de los uruguayos, por más arengas incendiarias que en algunas épocas se hayan lanzado por sectores interesados o la oposición política con el objetivo de aprovechar y promover el descontento general, a veces desatando movilizaciones y propiciando el caos.
Pero más allá de su paciencia, es evidente que al ciudadano no le cae nada bien que se le pretenda tomar por subdotado o por tonto, por un semianalfabeto que no entiende de nada, y que a la vez deba dar al gobernante no solo carta blanca, sino prácticamente un acto de fe religiosa en lo que hace.
Y por cierto cualquiera puede cometer errores --todos los cometemos--, pero lo que no corresponde, porque se actúa menospreciando la inteligencia y la capacidad de discernimiento del ciudadano común, es pretender hacer pasar gato por liebre.
En esa línea de acción se ha mantenido en ocasiones el expresidente José Mujica, principal responsable en su gestión de varios de los problemas que tenemos ahora, cuando por ejemplo al “explicar” el porqué de las cuentas en rojo por mil millones de dólares en Ancap y la solución de la inevitable recapitalización, le restó importancia porque no había que poner dinero, porque se sacaban los números de una columna en las cuentas públicas y se ponía en otra, y “asunto arreglao”.
Por supuesto, hay que tener pocas luces para creer en tamaño cuento, porque este cambio de columna significa que Rentas Generales le “perdona” la deuda de 620 millones que tiene Ancap, debido a su déficit. Es cierto que no se trata de poner plata, porque lo que se hace es reconocer que ya se perdió y que es incobrable. Pero lo que no dijo Mujica es que esos más de 600 millones de dólares es dinero que viene del trabajo de los uruguayos, de los impuestos que pagamos todos.
Tan ridículo como grave es el pretender hacernos tragar esa pastilla cual mentira piadosa por el bien de todos nosotros. La realidad es que la “chambonearon”, en efecto, como expresa el expresidente. Pero lo más triste es que no pasa nada tras el encogimiento de hombros, y se sigue para adelante como si no hubiera ocurrido nada. Mientras tanto los directores políticos y gerentes siguen mirando para otro lado, nadie renuncia y lo que es peor, el presidente Tabaré Vázquez tampoco se las pide, con tal de no llegar a enfrentamientos internos en la coalición, porque el partido está por sobre los intereses del país.
Esta parece la guía perfecta de lo que como no debe actuar un gobernante, pero lamentablemente es lo que ocurre en el Uruguay, el tratar de hacernos pasar por tontos. Ojo, tampoco es del caso caer en el otro extremo de la ingenuidad en cuanto a asumir que los “enjuagues”, los errores de gestión, el manejo a la marchanta de los dineros públicos ha sido un invento de la coalición de izquierdas. Ello se ha dado en todos los gobiernos, en mayor o menor medida, solo que por lo menos de una u otra forma había mecanismos para desentrañar la madeja, en lo posible haciendo que las responsabilidades cayeran sobre quienes fueron los que hicieron o prohijaron los desaguisados, y hasta hubo procesamientos y encarcelamientos para quienes metieron la mano en la lata o dilapidaron dineros públicos.
Pero acá se quiere transmitir que todos fueron inocentes, que la lata se vació sola, y a lo sumo se cometieron “chamboneadas” pero siempre con el loable objetivo de hacer las cosas bien, con el resultado de mil millones de dólares esfumados en el caso de Ancap, y otros cuantos centenares de millones en Pluna anteriormente, entre otros. “Pavaditas” nomás. Y mientras se funden empresas del Estado, se nos impone a todos salir a rescatarlas, con el agregado de que los mismos chambones que fundieron la principal empresa del país siguen al mando como si nada.
Esto pasa por el hecho de que existe el factor cultural --exacerbado por los gobernantes de turno-- de hacernos creer que el Estado y las empresas públicas somos todos o son de todos, cuando esto no es verdad, Todos las pagamos, es cierto, pero no son de todos, porque cuando alguien es dueño de algo lo menos que tiene derecho es a saber lo que se hace con su dinero. Y a exigir responsabilidad. Pero acá en el Uruguay, ese derecho no existe.
Por una mayoría parlamentaria de manos de yeso, no se habían habilitado comisiones investigadoras, porque no “había razones” para hacerlo, y cuando a las cansadas se habilitó la de Ancap --para que “se dejen de joder”, según dijo la señora senadora Lucía Topolansky-- a las primeras de cambio nos encontramos con un sinfín de irregularidades que aparecen un día sí y otro también, donde supuestamente no había nada raro para investigar. Y no sería de extrañar que de aquí en más el Frente Amplio se oponga en bloque a la formación de cualquier otra investigadora, obviamente porque “no hay elementos que lo justifiquen”.
¿Es mucho pedir el conocer qué se hace con nuestro dinero, el dinero que se nos saca de más por ejemplo con el ajuste tarifario de enero, ante la necesidad de dinero por los desaguisados y el déficit fiscal récord, similar al de la gran crisis de 2002, justo cuando acabamos de cuando tener la mayor década de bonanza de los últimos tiempos?
¿Nadie da la cara y dice “nos equivocamos, hubo errores, y quien los cometió no va a estar más en ese lugar para repetirlos”?
Y sobre todo, la interrogante, que no se ha despejado porque en el gobierno nadie se da por aludido, es cómo se va a actuar de ahora en adelante para que no vuelva a ocurrir lo mismo y se transparente una gestión que se deja en la oscuridad porque en el manejo del Estado hay mucho para ocultar.