Opinion | 17 Ene Ninguna mujer que ha usado el método de monitoreo de víctimas de violencia doméstica, a través de la instrumentación de tobilleras electrónicas y rastreadores, ha sido asesinada por su agresor. De hecho, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, destacó la eficacia del sistema que vigila los movimientos de los denunciados y denunciantes para responder en forma rápida ante una amenaza.
Sin embargo, el sistema no está habilitado en todo el territorio nacional --solo Montevideo, Canelones, San José y Maldonado-- y las cifras de víctimas aumentan a tal punto que antes de finalizar la primera quincena de 2016, este registro fatídico se abrió en Colonia, donde una mujer de 36 años murió a manos de su expareja a quien ya había denunciado.
De igual forma, en otros casos constatados el año pasado en los departamentos donde rige este dispositivo, ningún juez había impuesto el uso de la tobillera que --según Bonomi-- se extenderá a todos los departamentos en 2017. Es decir que es exitoso cuando se libera una orden judicial para su instalación y la diferencia de criterios es hoy, el fino límite entre la vida y la muerte.
Durante 2015, 29 mujeres y 16 hombres perdieron la vida a causa de conflictos familiares y del total de mujeres, 1 de cada 3 había elevado una denuncia.
De acuerdo al informe anual correspondiente a 2014 del Observatorio de Igualdad de Género de la Cepal, que mide el feminicidio cada 100.000 habitantes en once países de la región, Uruguay tiene la tasa más alta de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas con el 45% y la tendencia en aumento no es algo novedoso.
Antes de finalizar el año, el gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley que agrava las penas por el delito de feminicidio a quienes aprovecharon cualquier condición de riesgo o vulnerabilidad física o psíquica, por haberse negado la víctima a establecer o reanudar con el autor una relación de pareja o intimidad y si el delito se cometiere en presencia de hijos menores de la víctima o del autor, entre otros aspectos.
Pero mientras se aguarda el levantamiento el receso parlamentario para que los legisladores discutan y aprueben la iniciativa y en tanto se espera que el Poder Ejecutivo libre el uso del dispositivo de vigilancia a nivel nacional a partir del año próximo, las estadísticas seguirán manchadas de sangre.
¿Quién será la próxima? ¿Cuántos niños más quedarán sin madre --y en algunos casos huérfanos ante el suicidio del agresor-- en este país signado por una violencia intrafamiliar que nos compete a todos?