Opinion | 24 Ene Recientemente se conocieron datos que reflejan que en lo que va de 2016, las cifras de fallecidos a causa de siniestros de tránsito en rutas nacionales aumentó un 122%. En tanto, en las ciudades la estadística es más positiva e indica un descenso del 42% de los fallecimientos por dicha causa. De inmediato surgieron voces desde el gobierno que tildan la situación de “emergencia vial”, mientras que la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) indicó que el próximo paso será la creación de la Junta Nacional de Seguridad para “acelerar algunos procesos y mejorar la coordinación interinstitucional”.
Si bien las cifras son alarmantes, hay que tener en cuenta que una estadística no se puede hacer sobre la base de unos pocos días, porque cualquier evento puntual puede reflejar una realidad que a lo largo del año cambie completamente. Por ejemplo, si acotamos la medición a los últimos siete días en Paysandú, en una semana hubo cinco fallecidos en rutas del departamento, que si lo extrapolamos a todo un año corresponde a 250 muertes en siniestros de tránsito. Tal extremo es a todas luces absurdo, de la misma forma que tampoco es referencia que no se haya registrado ningún accidente fatal en la ciudad en los primeros 24 días del año.
De todas formas, las más de 25 vidas que se han perdido en nuestras rutas en menos de un mes sirven para analizar las políticas que en materia de seguridad vial se han estado aplicando desde la creación de la Unasev, en 2007. Y sin duda hemos avanzado mucho desde aquellos tiempos en que las calles eran tierra de nadie, la legislación estaba 30 años atrasada y cada departamento tenía sus propios reglamentos, que en muchos contemplaban más la aprobación del votante que la vida de las personas.
Podemos citar como ejemplos con gran incidencia en la estadística el uso obligatorio de casco y chalecos reflectivos en los motociclistas, el cinturón de seguridad en los automovilistas, la obligatoriedad de contar con sistemas de frenado antibloqueo (ABS) y bolsas de aire (airbags) en los vehículos que se venden cero kilómetro, entre muchas otras medidas obviamente positivas. Otras son más discutibles, como la obligatoriedad de circular con las luces encendidas en los centros urbanos, una medida que aun los europeos –que fueron quienes “inventaron” la norma– consideran poco efectiva en los países de zonas subtropicales o tropicales, donde la luminosidad del día es varias veces mayor que en los nórdicos.
Pero, por otro lado, en el afán de cambiar la pisada hemos ido demasiado lejos en algunos casos, creando leyes impracticables que ni siquiera en el Primer Mundo se aplican por razones de sentido común, cuando existen aún un sinfín de cosas para arreglar o solucionar que podrían tener un impacto infinitamente mayor. Entre las normas absurdas podríamos citar la que obliga a usar la mal llamada “silla para bebé” o almohadón para niños. Y vamos a ser claros: está bien que los bebés y los niños deban usar ese dispositivo de seguridad, pero aunque para el gobierno actual la definición de “niño” va más allá de toda lógica, es ridículo extender la obligatoriedad de viajar en el asiento trasero y sobre almohadones especiales a todos los adolescentes menores de 18 años que midan menos de 1,50 metros. En los países que se hacen las cosas sobre bases científicas y no por impulsos de algunos ciudadanos, la norma se aplica a niños de hasta 12 años como mucho y que pesen menos de 36 kilogramos, lo que es bastante más racional.
También está la obligatoriedad del uso de espejos y timbre en las bicicletas (ley 19.061, artículo 10), algo tan imposible de fiscalizar que la propia Intendencia de Montevideo anunció públicamente que no lo exigirá. O el propio cero alcohol para los conductores, que si bien es compartible en los fines, no deja de ser extremista. En el Primer Mundo el mínimo aceptado entre 0,3 y 0,8 gramos de alcohol por litro de sangre, y sin embargo hay muchas menos muertes en las calles que acá. Además, eso solo apunta al 6% de los conductores involucrados en siniestros de tránsito que, según los datos de la propia Unasev, han dado positivo a la prueba de alcohol, lo que no quiere decir que esa haya sido la causa del accidente. Mientras tanto, hay un 94% de siniestros de toda entidad que no involucran al alcohol, e incluso la nueva ley deliberadamente deja afuera el consumo de estupefacientes o la marihuana, recientemente legalizada hasta para su venta al público.
Por otra parte, el mismo gobierno toma medidas que van a contrapelo con el espíritu primermundista de la Unasev. En ese sentido, ayer publicábamos que se piensa promover el recauchutaje de las cubiertas usadas, y exigir que las que se vendan nuevas sean de la mayor duración posible; cuando las cubiertas que más “agarre” tienen son precisamente las de caucho más blando y que, por lo tanto, se gastan más rápido, y los recauchutajes son inseguros en vehículos rápidos, porque estallan.
Además, aún se venden automotores que carecen del sistema de anclaje para “sillas de bebé” Isofix, que es la norma internacional; las motos y automóviles de mayor venta en Uruguay no pasan el test más básico sobre seguridad por estar construidos con materiales de baja calidad, y el propio Estado no brinda las condiciones mínimas para circular con seguridad; basta ver el estado en que se encuentra la ruta nacional 26, como (mal) ejemplo. Es decir, el Estado es la causa de muchas muertes, pero alcanza con alguna mínima advertencia al costado del camino para librarse de toda responsabilidad.
Nos pasamos de la raya. Somos el Tercer Mundo y legislamos para enseñarle al Primer Mundo cómo deben ser las cosas. Eso es extremismo. Y nadie le pone límites. Sin duda, sería mucho más eficiente que exigir los espejos de la bicicleta incrementar la fiscalización y ser duros con las infracciones realmente peligrosas. Eso sí baja la siniestralidad.
La Unasev tiene buenas intenciones, no caben dudas. Pero el sistema político debe tener el seso –o al menos el sentido común– para tomar y aceptar lo práctico, lo racional, y descartar lo que a todas luces es utopía.