Opinion | 22 Ene Todo habitante del país tiene derecho al acceso a una vivienda digna. Corresponde al Estado establecer las políticas que permitan satisfacer la demanda y apoyar a quienes buscan alcanzar la propiedad. Los gobiernos departamentales, que son los primeros receptores de esa necesidad, deben colaborar con esos planes, especialmente llevando la urbanización áreas donde se determina la construcción de nuevos núcleos habitacionales.
Ante emergencias como inundaciones y tornados se pone rápidamente de manifiesto la carencia de viviendas adecuadas, sea porque se han construido en sitios fácilmente inundables, sea porque no tenían la fortaleza necesaria para soportar la fuerza del viento.
La inundación de diciembre, que se extendió a enero, dejó en evidencia la necesidad de gran cantidad de familias cuyas precarias viviendas fueron seriamente dañadas por la fuerza de la crecida, que superó los 9 metros.
La demanda es clara, hay quienes necesitan --cuanto más temprano mejor-- de un realojo en zona no inundable. Ayer mismo, los ministerios de Vivienda, Economía y Obras Públicas comprometieron ante el jefe político de Paysandú --como le gusta nombrarse a sí mismo a Guillermo Caraballo-- la creación de un plan de realojos.
Obviamente no quiere eso decir que mañana mismo llegará los constructores. Quiere decir que se ha apreciado la necesidad y se ha expresado la voluntad de satisfacerla.
Ahora bien, han habido planes de realojo y no han sido siempre exitosos. En algunos casos se vendieron por escaso dinero y se retornó a la zona de inundación. En otros las viviendas fueron parcialmente desmanteladas con fines de venta. En otros, es cierto también, sirvieron de trampolín a familias que supieron hacer buen uso de la contribución de la sociedad y mejoraron su nivel de vida.
Hay varias cuestiones a considerar. Muchos de quienes viven cerca de la costa tienen allí su sustento, sea por la recolección de residuos, por la cría de cerdos o caballos, por la pesca. Sacarlos lejos de allí implicará también atender esas necesidades sociales.
Asimismo, será necesario un trabajo social firme y comprometido para que quienes hoy son los desvalidos de la sociedad encuentren otros espacios más favorecidos donde desarrollar sus vidas y las de sus familias.
Ni que decirlo, lo que se recibe como dádiva no tiene el mismo valor que aquello obtenido con esfuerzo. Por tanto, debe considerarse la autoconstrucción asistida como un elemento clave para que cuente el sudor como recordación de lo que cuesta el realojo.
Desde todos los sectores de la sociedad, patrocinado por el propio gobierno e impulsado por la intendencia, debe surgir el irrestricto apoyo al realojo de quienes hasta hoy --de ninguna manera pueden tolerarse nuevos asentamientos-- están en áreas rápidamente inundables.
Pero hay mucho por hacer. No solamente establecer la determinación de impedir nuevas construcciones una vez concretados los realojos. Hay más trabajo por delante. Y parte de ese trabajo debe ser realizado por los propios beneficiarios. Nada se logra sin esfuerzo. Mucho menos una nueva vivienda.