Opinion | 26 Ene La desaceleración de la economía global es un desafío adicional para países como Uruguay y la propia región, por cuanto en el momento de la baja de precios y la suba de intereses, con demanda deprimida, se ponen de manifiesto las carencias y las fortalezas para hacer frente a la coyuntura.
Y como elemento para la reflexión, traemos a colación un estudio que indica que Uruguay es uno de los países de la región que tiene más restricciones a la producción, según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El organismo afirmó que la reducción de esas barreras contribuiría a conseguir una mayor productividad.
El informe “Fomentando un crecimiento inclusivo de la productividad en América Latina” tomó en cuenta a 13 países de la región. Por América del Sur incluyó a Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Perú y Chile. Además estuvieron dentro del estudio México, Honduras, Costa Rica, Jamaica, República Dominicana, Nicaragua y El Salvador. De ellos, Uruguay está ubicado en el tercer lugar de los países con regulación más restrictiva del mercado de productos y bastante alejado del promedio de la OCDE.
Dentro de esa medición se incluye a las barreras al comercio, la inversión y al emprendimiento y al involucramiento del Estado. Por encima de Uruguay se ubicaron Argentina y Honduras. Chile, que integra la OCDE, es el país más cercano a promedio establecido por el organismo internacional.
El estudio indica que ya existen 68 acuerdos comerciales preferenciales (ACP) en los que participa al menos un país latinoamericano, de los cuales 32 de ellos intrarregionales. “Sería útil consolidar y armonizar esta compleja red regional de ACP a fin de reducir solapamientos, duplicidades y conflictos entre regulaciones y normas técnicas diferentes”, expresa.
Este no es un tema menor, porque el participar en estos acuerdos preferenciales significa que quien participe tiene acceso con mejor perfil de competitividad a los mercados de destino, con preferencia arancelaria.
Lamentablemente, Uruguay se encuentra atado al Mercosur en cuanto a la posibilidad de celebrar estos acuerdos, con el agravante de que en sus veinte años de existencia tampoco el bloque ha celebrado ningún acuerdo y sigue todavía en negociaciones con la Unión Europea, como única posibilidad tangible, aunque siempre con serias dudas.
El estudio a que hacemos referencia puso como ejemplo que la Alianza del Pacífico es una iniciativa “notable” y además explica que el Índice de Restricción del Comercio de Servicios de la OCDE (STRI) --donde están representados Brasil, Chile, Colombia y México--, señala que algunos países de la región se beneficiarían de converger hacia mejores prácticas liberalizando aún más sus sectores de servicios y priorizando otros como el transporte, las telecomunicaciones y los servicios de mensajería, que son cruciales para la integración en las cadenas de valor mundiales.
Por otro lado, la inversión extranjera directa (IED) constituye otra dimensión importante de la integración en las cadenas de valor mundiales, y según el estudio, en general América Latina ha disfrutado de unas altas tasas de crecimiento de la IED --muy concentradas en sectores de recursos naturales-- y por lo tanto expuestas a los ciclos de las materias primas. “La fuerte caída de los precios de estas últimas ha afectado de manera significativa las inversiones en numerosos países ricos en recursos naturales: después de años de crecimiento sostenido, los flujos de IED hacia América Latina se redujeron un 16% en 2014, más que la contracción media mundial de 7%”, indicó.
Es decir, que en una década de gran bonanza al amparo de los precios de los commodities, cuando baja la espuma y se ve cuanto queda de la sustancia, nos encontramos con muchos deberes por hacer y en gran medida con el lamento de haber desperdiciado la oportunidad de realmente “blindarnos” con hechos y no solo con palabras ante los avatares de la economía mundial.
Según la OCDE, reducir las barreras al comercio internacional contribuiría a una mayor productividad, ya que la competencia con proveedores extranjeros alentaría a las empresas a ser más eficientes, en tanto mejoras en las áreas de facilitación del comercio y logística, calidad de las infraestructuras e instituciones, protección de la propiedad intelectual, desarrollo de la fuerza de trabajo y creación de un sector servicios eficientes y un entorno empresarial favorable a la innovación también facilitarían esa integración en las cadenas de valor mundiales.
Fortalecer el marco de competencia puede impulsar la productividad, y al mismo tiempo promover la inclusión social, reduciendo el precio de los bienes básicos para los hogares y fomentar la competencia en los mercados de productos en sectores como las telecomunicaciones, alimentación y distribución comercial puede impulsar la productividad e ir aumentando la eficiencia en la asignación de recursos.
No todo es negativo en este sentido, porque si tomamos a nuestro país en el contexto regional, debemos considerar que algo se ha avanzado en varias de estas áreas, pero queda a gusto poco si tenemos en cuenta que hemos gozado de una bonanza como nunca se dio históricamente en el contexto internacional.