Opinion | 21 Ene A poco más de dos semanas transcurridas del año 2016, la estadística de la siniestralidad en Uruguay se incrementó vertiginosamente con 22 muertos en las rutas nacionales, que sumados a los fallecidos en las ciudades, totalizaron 30 personas que perdieron la vida.
Mientras el gobierno señalaba la existencia de una “emergencia vial”, Policía Caminera constataba una reiterada transgresión a la normativa y a la cartelería ante situaciones prevenibles que corroboraban la falta de conciencia en áreas de intenso movimiento en época estival, tales como la Interbalnearia en toda su extensión.
Ante este marco de situación, el gobierno apura el lanzamiento de la Junta Nacional de Seguridad, creada en la Ley de Presupuesto, que “recomendará” acciones y planes de control que posibiliten un cambio cultural en la materia. Su rol se centrará en la “articulación con los gobiernos departamentales”, de acuerdo a la definición del prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo. El jerarca explicó que --durante la campaña electoral-- algunos intendentes ganaron votos a partir de su invocación contraria al uso del casco para los motocilistas, bajo la argumentación de las autonomías municipales.
A todo esto, el Parlamento aprobó la ley que llevó a cero el nivel de tolerancia de alcohol en sangre; es decir que la problemática está en la cabeza de las autoridades nacionales, sin embargo, queda comprobado que la creación de nuevos organismos que aportan a la burocratización del tema o una mayor legislación al respecto, en líneas generales no inciden en las conciencias de las personas al momento de ubicarse frente a un volante. De hecho, el 94% de los siniestros ocurridos no tuvo relación con la ingesta de alcohol.
Las campañas educativas desde los primeros niveles y las fuertes sanciones, como resultado de una correcta fiscalización en días, horarios y zonas específicas, ayudarán a combatir un flagelo que constata la imposibilidad de instalar “un inspector en cada esquina” y deja en claro que nuestras ciudades y sus pobladores no se encontraban preparados para un aumento sostenido de su parque automotor.
Por otro lado, esta problemática desnudó la contracara de una sociedad desaprensiva y con baja tolerancia al respeto de las normas que permiten una correcta convivencia, en tanto cada uno piensa que el otro deberá detenerse y conducirse por su carril.
Solo el compromiso colectivo y la responsabilidad individual respetan la vida de todos los habitantes de un país, antes que las frases hechas o las declaraciones políticamente correctas.